Yoanda Ayala Alvarez
Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yoanda Ayala Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Yolanda Ayala Álvarez. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, del que se desprende que en diligencia de emplazamiento de la parte tercero interesada efectuado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, la parte llamada a juicio señaló domicilio procesal y designó autorizados, sin que se hubiese proveído al respecto. En tal virtud, en esta pieza procesal se tiene como domicilio de la parte tercero interesada el ubicado en la calle avenida Manuel Fernando Soto, número 138, colonia José María Morelos y Pavón de esta ciudad y como sus autorizados a Nora Días Gallardo y Jorge Cárcamo Aguilar, quienes no podrán hacer uso de las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no les fueron conferidas expresamente. En el entendido que, en dicho domicilio habrá de practicársele la notificación correspondiente a la sentencia emitida en este juicio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA EHECATL Y AQUETZALLI, AMBOS DE APELLIDOS HERNÁNDEZ TORRES, el siguiente proveído, que en su parte relativa dice: Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, del que se desprende que en diligencia de emplazamiento de la parte tercero interesada efectuado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, la parte llamada a juicio señaló domicilio procesal y designó autorizados, sin que se hubiese proveído al respecto. En tal virtud, en esta pieza procesal se tiene como domicilio de la parte tercero interesada el ubicado en la calle avenida Manuel Fernando Soto, número 138, colonia José María Morelos y Pavón de esta ciudad y como sus autorizados a Nora Días Gallardo y Jorge Cárcamo Aguilar, quienes no podrán hacer uso de las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no les fueron conferidas expresamente. En el entendido que, en dicho domicilio habrá de practicársele la notificación correspondiente a la sentencia emitida en este juicio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-797/2021, promovido por Yolanda Ayala Álvarez, por propio derecho, contra actos del: Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia. Actuario del Juzgado de Ejecución Región Morelia. Ambas autoridades, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Yolanda Ayala Álvarez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que precisó en los siguientes términos: "(.) AUTORIDAD RESPONSABLE.- COMO ORDENADORA.- El Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, con domicilio en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", Carretera Federal México-Nogales, kilómetro 12.5 Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. COMO AUTORIDAD EJECUTORA.- La misma que la ordenadora. ACTO RECLAMADO.- La notificación realizada de forma indebida a la suscrita ya que el trámite se dirige a LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, quien no vive en mi domicilio y a pesar de ello se me dejó copia del trámite sin que se me haya dejado alguna notificación en la que se especificaran las condiciones de la misma, y aunado a ello la posibilidad de embargo y remate de la única propiedad que la suscrita tengo como patrimonio familiar, realizada por la actuaria del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, por orden del Juez de Ejecución de Sanciones Penales con domicilio en los anexos al Centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez", Carretera Federal México-Nogales Kilómetro 12.5, Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, de la cual desconozco su fecha, DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- Reclamo las consecuencias de una notificación mal realizada. (.)." A través del escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la quejosa YOLANDA AYALA ÁLVAREZ, especificó que sí reclamaba: La notificación y la forma en que se hizo la misma; y, como consecuencia de ello también: El embargo y remate de inmueble. Y en otro presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, indicó que a quien reclama la notificación señalada es a la actuaria del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, con residencia en esta ciudad. Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió a este juzgado de Distrito; así, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó formar el expediente IV-797/2021; y, una vez solventada la prevención efectuada, en autos de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, trece de octubre de dos mil veintiuno, y cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, finalmente el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento; en diverso de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Ehecatl y Aquetzalli de apellidos Hernández Torres; lo que tuvo cumplimiento el cuatro de marzo de dos mil veintidós y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Dicha audiencia previo diferimientos, se celebró el doce de abril de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 7/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se reclaman actos derivados de un procedimiento de ejecución en materia penal cuyas consecuencias tienen materialización en un inmueble ubicado en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que la quejosa señaló como actos reclamados de las autoridades responsables, los siguientes: La notificación de catorce de agosto del dos mil veintiuno, realizada en su domicilio, por la actuaria responsable, dirigida a su hijo LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA derivada de un procedimiento de ejecución que se sigue en cumplimiento a la condena que le fue impuesta a este último dentro del proceso penal número 142/2014, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el numeral 221, párrafos primero y segundo, del Código Penal del Estado de Michoacán, del que resultaron ofendidos los entonces menores de edad de iniciales E.H.T., A.H.T.. Como consecuencia de tal notificación, el embargo y remate sobre bienes que, aduce, son de su propiedad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados. Lo anterior se ve corroborado con la copia fotostática debidamente certificada del procedimiento de ejecución de penas número 1043/2015 y del cuaderno de controversia de ejecución número 62/2021, seguidos al sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, formados con motivo de la ejecución de sentencia de condena impuesta al señalado procesado en la sentencia dictada en su contra dentro de la causa penal número 142/2014, por su responsabilidad en la comisión del delito de Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de E. H. T., y A. H. T., que remitieron a este órgano jurisdiccional, con los que se evidencia la emisión y ejecución de los actos reclamados. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia de dichos actos en esta vía constitucional. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, este juzgador estima que en relación al acto reclamado por la quejosa, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, Yolanda Ayala Álvarez instó el presente juicio de amparo, reclamando en forma destacada la notificación que fue practicada en su domicilio el catorce de agosto de dos mil veintiuno, en la que se realizó el emplazamiento a su hijo LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, dentro del cuaderno de controversia de ejecución número 62/2021, deducido del procedimiento de ejecución de penas número 1043/2015 seguidos al sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, con motivo de la ejecución de sentencia de condena impuesta al señalado procesado en la sentencia dictada en su contra dentro de la causa penal número 142/2014, por su responsabilidad en la comisión del delito de Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de E. H. T., y A. H. T., Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el emplazamiento a fin de que el sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, comparezca dentro de un cuaderno de controversia aperturado con el fin de cuantificar la reparación del daño a que fue condenado en sentencia dictada dentro de la causa penal 142/2014, era necesario que para la justificación del interés jurídico la peticionaria de la protección constitucional acreditara, en un primer momento, la afectación que le causa en su esfera jurídica la realización de tal notificación. Para evidenciarlo conviene traer a colación los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran en autos y los tomos de pruebas que fueron remitidos por la responsable al momento de rendir su informe justificado, en ese sentido, de su análisis se desprende lo siguiente: El treinta de octubre de dos mil quince, el Juez Primero Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, pronunció sentencia definitiva dentro de la causa penal número 142/2014, en la que se consideró a LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, penalmente responsable de la comisión del delito de Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en perjuicio de E.H.T y A.H.T., previsto y sancionado por el artículo 221, párrafos primero y segundo, del Código Penal del Estado, por lo que le fue impuesta la pena de una multa por la cantidad de $3,747.79 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), sustituible por ochenta y nueve jornadas de trabajo en favor de la comunidad, siempre y cuando se acreditara que el sentenciado es insolvente, lo que quedó a consideración del Juez de Ejecución de Sanciones Penales en turno de la Primera Región que comprende los Distritos Judiciales de Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro, previo el cumplimiento de los requisitos para conceder tal sustitutivo. En igual forma, se condenó al sentenciado al pago de la reparación del daño en favor de los afectados E.H.T., y A.H.T., en términos del considerando relativo, en el que se dijo que el cómputo debía realizarse a partir del nueve de marzo de dos mil cuatro y que al treinta de octubre de dos mil quince, arrojó un total de $540,051.88 (QUINIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCH CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). Se determinó que por la naturaleza de la sanción (multa) resultaba innecesario conceder al sentenciado el beneficio de la conmutación de la pena y tampoco se le suspendió en sus derechos políticos. Se ordenó remitir copia certificada de esa sentencia y copia certificada del gravamen sobre el bien inmueble trabado en ese sumario, al Juez de Ejecución de Sanciones en turno de la primera región que comprende los Distritos Judiciales de Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro. Se ordenó la amonestación del sentenciado en audiencia pública de derecho y se le informara las consecuencias jurídicas en caso de comisión de nuevos delitos. Con fecha dos de junio de dos mil veintiuno, la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, con residencia en el Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", en Charo, Michoacán, admitió a trámite la solicitud de controversia jurisdiccional sobre cuantificación y ejecución de la condena de reparación del daño a que fue condenado el sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, por lo que con motivo de ello ordenó el emplazamiento al sentenciado aludido, la defensa y fiscal adscrito, entregándoles copia de la solicitud planteada y anexos acompañados, para que dentro del término de cinco días: Contestaran la acción. Ofrecieran los medios de prueba que estimaran pertinentes, señalando el objeto del mismo, tal y como lo establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Precisar la forma de incorporación de los medios de prueba, para así estar en condiciones de tomar las providencias necesarias para el desarrollo de la audiencia oral en la que se determinara la procedencia o improcedencia de la petición formulada a ese órgano especializado; y, En caso de que las partes ofrecieran testigos, deberían indicar el nombre, domicilio y lugar donde podían ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. Con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, la actuaria en funciones de Auxiliar de notificación, adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, con residencia en Charo, Michoacán, levantó la razón en la que asentó: ". me constituí en la calle Santo Niño en la colonia Rinconada de Morelia, en Morelia, Michoacán, con la finalidad de localizar el número 142 y emplazar al sentenciado José Antonio Hernández Ayala, sin embargo, hago constar que después de recorrer la calle no existe el número 142, a los vecinos de esa calle por el sentenciado, nadie refirió conocerlo, debiendo hacer mención que se trata de una sola calle que se encuentra en una orilla del fraccionamiento, y solo en una acera hay casas porque al frente de esas casas está la barda que tiene malla ciclónica, que delimita el fraccionamiento con la otra colonia y la nomenclatura de las casas son únicamente números nones que van de 4 en cuatro, están 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163 y termina la calle con el 167; motivo por el cual no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado; lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. ." Con motivo de lo anterior, la promovente de la controversia señalada proporcionó como nuevo domicilio del sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, el ubicado en la Avenida Manuel Buendía número 144, esquina con Salvador Escalante, de la colonia Obrera, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, con la finalidad de que fuera debidamente emplazado sobre la controversia en que se actuaba, por lo que en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, comisionó a la auxiliar de notificación de su adscripción para que se constituyera en el domicilio señalado y en cumplimiento al proveído de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, emplazara y corriera traslado de la solicitud planteada a ese órgano de ejecución, al sentenciado Luis Antonio Hernández Ayala. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales región Morelia, con residencia en el Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", en Charo, Michoacán, siendo las trece horas del trece de agosto de dos mil veintiuno, la auxiliar de notificación adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales referido, se constituyó en el domicilio ya mencionado, en donde fue atendida por la ahora quejosa YOLANDA AYALA, quien dijo ser mamá del sentenciado; que le hizo saber el motivo de la vista y enterada dijo a la funcionaria que le daría la información a su hijo, por lo que la funcionaria procedió a dejar citatorio con la señalada YOLANDA AYALA, para que el sentenciado esperara a la auxiliar de notificación a las trece horas del día catorce de agosto de dos mil veintiuno. El catorce de agosto de dos mil veintiuno, siendo las trece horas, la auxiliar de notificación adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, se constituyó de nueva cuenta en el domicilio mencionado con antelación, en el cual, otra vez fue atendida por YOLANDA AYALA, a quien la funcionaria le hizo saber el motivo de su presencia y toda vez que pese al citatorio que fue dejado en poder de la persona presente, el buscado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA no fue localizado en el domicilio visitado, aquélla procedió a realizar el emplazamiento al mencionado procesado por conducto de YOLANDA AYALA, quien atendió a la funcionaria, corriéndole traslado con la solicitud, anexos y auto admisorio de la solicitud de controversia planteada, a lo que refirió YOLANDA AYALA, que se lo haría saber a su hijo y al abogado que llevaba ese asunto judicial. Notificación que constituye el acto reclamado. Como se observa, lo transcrito revela que el acto combatido en esta instancia de control constitucional no causa daño alguno en la esfera jurídica de la quejosa. Ello es así porque la actuación reclamada sólo constituye el emplazamiento que fue realizado en su domicilio, ordenado por la Juez de Ejecución de Sanciones Región Morelia, dirigido específicamente al sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, con el fin de que quedara enterado de la admisión e inicio a trámite de la solicitud de controversia jurisdiccional sobre cuantificación y ejecución de la condena de reparación del daño a que fue sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA. Que el emplazamiento se hizo en su domicilio en virtud de que al constituirse la actuaria responsable, la quejosa señaló que daría información de la búsqueda que dicha funcionaria realizó de la persona de su hijo LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA, por lo que la auxiliar de notificación dejó el citatorio a fin de que el buscado la esperara el día siguiente de su primera búsqueda (trece horas del trece de agosto de dos mil veintiuno); esto es, a las trece horas del catorce de agosto de dos mil veintiuno. Que como el buscado no se encontró a la hora y lugar de su búsqueda, la funcionaria realizó el emplazamiento del sentenciado a través de la persona que la atendió; esto es, de nueva cuenta la quejosa YOLANDA AYALA. Todo lo anterior, así quedó asentado en el acta de emplazamiento de catorce de agosto de dos mil veintiuno que constituye el acto reclamado. Lo anterior se corrobora con lo manifestado por el Juez y notificadora responsables, al momento de rendir el informe justificado que les fue requerido, en los que ambas autoridades fueron coincidentes en manifestar que a la ahora quejosa no le resulta carácter alguno dentro de la controversia a la que fue emplazado el sentenciado de que se trata, con el fin de cuantificar el monto al que asciende la reparación del daño en favor de las víctimas Ehecatl Hernández Torrez y Aquetzalli Hernández Torres, circunstancia que quedó acreditada con las constancias que acompañaron a sus informes justificados consistentes en copia fotostática debidamente certificada del procedimiento de ejecución de penas número 1043/2015 y del cuaderno de controversia de ejecución número 62/2021, seguidos al sentenciado LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ AYALA. No se inadvierte la manifestación de la quejosa en el sentido de que también señala como acto reclamado en esta instancia constitucional como consecuencia del emplazamiento impugnado, el y posible embargo y remate de un bien inmueble que aduce es de su propiedad. Sin embargo, del análisis de las constancias que fueron remitidas junto con el informe justificado, no se advierte que con motivo del emplazamiento reclamado, se hubiera ordenado el embargo y remate, ni su existencia. Máxime que en la notificación reclamada no se ordenó el auxilio de la fuerza pública, ni el rompimiento de cerraduras del domicilio cuya propiedad refiere la quejosa. En apoyo a lo anterior se estima oportuno citar por su contenido aplicado a contrario sentido, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." En suma, al no haberse acreditado el interés jurídico de la peticionaria del amparo, respecto de todos los actos reclamados; en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a la Auxiliar de Notificación adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, con sede en Charo, Michoacán, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Orienta lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Yolanda Ayala Álvarez, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy nueve de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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