Yessenia Viridiana Pacheco Toloza

Expediente 1624/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1624/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Yessenia Viridiana Pacheco Toloza

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de diecisiete de septiembre de la anualidad, mediante el cual se tuvo no presentada la demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, hágase la precisión de que el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud de que mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 Constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que dice que todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, deben conservarse. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con once minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Raúl Ramos Berzunza, secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia incidental, sin contar con la asistencia personal de las partes ni de sus representantes legítimos. El secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta al juez con el informe previo que rindió la Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido en tiempo y forma el informe previo de cuenta y se ordena celebrar la audiencia incidental en el presente asunto. Abiertos los períodos de pruebas y alegatos no se da cuenta con promoción alguna. Por lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la secretaría, se cierran dichas etapas. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, el juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1231/2021-I-A, promovido por Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortiz. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortiz, solicitaron la suspensión definitiva del acto que reclamaron de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en el cuaderno principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa, el acto que la parte quejosa reclama, que lo es: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 39/2021. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe previo. TERCERO. Ahora bien, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del señalado acto reclamado; debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de un acto consumado con efectos positivos; pues al tratarse de la resolución que dictó la vinculación a proceso de los aquí quejosos, debe entenderse que ya se emitió; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de dicho acto, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO En relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En el presente caso, la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva; y de concederse la suspensión, no se advierte afectación al interés social ni se infringirse disposiciones de orden público. Por tanto, con apoyo en los artículos 163 y 166 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que los juzga para la continuación del procedimiento, hasta que se resuelva en definitiva el juicio principal del que deriva este incidente. Sin que obste a ello, que la autoridad juzgadora pueda decretar alguna medida cautelar, que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para los aquí quejosos; o incluso, determinar alguna solución alterna para la terminación anticipada del proceso En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE CONCEDE a Carlos Medardo Zapata Muñoz y Carlos Alejandro Zapata Ortiz, la suspensión definitiva que solicitaron respecto del acto que reclamaron de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán; por las razones que se expusieron en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el acuerdo dictado el nueve de septiembre del presente año, en atención a su contenido, infórmesele que en proveído de veintiséis de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por el tribunal oficiante y se avocó al conocimiento del mismo, por lo tanto, gírese vía interconexión el oficio correspondiente como acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la cuenta que antecede, en el sentido que ya se notificó a todas las partes en el presente juicio de amparo, el acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director de Procesos de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, el expediente original relativo a este juicio de amparo, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra la sentencia firmada en el presente asunto el treinta de marzo de dos mil veintiuno, junto con el escrito original de expresión de agravios para los efectos legales del caso. Finalmente, solicítese atentamente a la superioridad el acuse de recibo respectivo. Notifíquese y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano