Yesenia de los Angeles Chale Guillen
Expediente 1222/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yesenia de los Angeles Chale Guillen
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha, ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de nueve de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción IV del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL OFICIO DE INCOMPETENCIA Téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio de cuenta de dos de agosto del año en curso, deducido del juicio de amparo directo 519/2023 de su índice, del que se advierte que en auto de esa propia fecha causó estado el diverso auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que se declaró que dicho Órgano Jurisdiccional carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo de cuenta. Por lo que ordenó remitir al Juzgado de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el citado juicio de amparo directo, formado con motivo de la referida demanda, de la cual por conocimiento previo fue turnada a este Juzgado Segundo de Distrito. Acúsese recibo vía electrónica. AVOCACIÓN AL CONOCIMIENTO En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión. FORMACIÓN Y REGISTRO EXPEDIENTE Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1222/2023-VII-B. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por Yesenia de los Ángeles Chalé Guillén en contra del acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: ACTO RECLAMADO El auto de once de mayo de dos mil veintitrés, dictado en autos del toca 69/2023, de su índice, que decretó la caducidad de la instancia en el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, emitida por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta capital, dentro del incidente de nulidad de notificaciones del juicio ordinario civil 148/2019, promovido en su contra. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El precepto legal aludido en la fracción invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. Por lo tanto, si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En el caso concreto que nos ocupa, la quejosa combate el auto dictado el once de mayo de dos mil veintitrés, dentro del toca 69/2023, por el que la Sala responsable decretó la caducidad de la instancia en el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, emitida por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta capital, dentro del incidente de nulidad de notificaciones del juicio ordinario civil 148/2019. Empero, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente contra dicha resolución, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso de revocación a que se refiere el artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación al Capítulo II, del Título Séptimo de dicha codificación. Para dar sustento a la anterior afirmación, precisa tener en cuenta, primeramente, que el acto reclamado lo constituye una determinación de segunda instancia, motivo por el cual, es evidente que no procede recurso de apelación en su contra, dada su naturaleza. Ello, porque de conformidad con el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el recurso de apelación ordinaria tiene por objeto el que el Tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. En ese sentido, es clara la improcedencia del aludido recurso de apelación, por la razón principal de que el órgano que lo emitió se trata de un Tribunal de segunda instancia, de ahí que no sea aplicable lo expuesto en dicho numeral; es decir, dicho órgano no puede tener a su vez una segunda instancia que pueda analizar sus actos, pues es un Tribunal terminal dentro del Poder Judicial del Estado. Precisado lo anterior, tenemos que los artículos 365 y 368, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señalan: "ARTÍCULO 365. Los autos que no fueren apelables, y los decretos, pueden ser revocados por el tribunal que los dictó o por el que le sustituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 368. De los decretos y autos de los tribunales de apelación, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse revocación, que se admitirá y tramitará en la forma establecida en este Capítulo". Del último precepto legal se desprende que, tratándose de segunda instancia, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. Luego, de conformidad con el Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, relativo a los recursos, en sus Capítulos Primero al Cuarto, se encuentran las reglas generales, de las cuales se desprende que dicha codificación únicamente reconoce los recursos de: Aclaración de sentencia; Revocación; b) Apelación; y, c) Denegada apelación. Como ya se dijo, el recurso de apelación no procede contra el acto concreto que nos ocupa; tampoco procede el recurso de aclaración de sentencia ya que no se ha llegado a esa etapa definitiva; ni el de denegada apelación debido a que éste únicamente procede contra las resoluciones que declaren inadmisible la apelación, de conformidad con el numeral 383 del ordenamiento legal en consulta. Así pues, tenemos que, como se adelantó, procede el recurso de revocación en tratándose de todos los autos de segunda instancia, en términos del artículo 368 antes transcrito. Al respecto, conviene tener presente que, procesalmente hablando, el recurso de "revocación" (que deriva del aforisma latino revocatio onis, que significa acción y efecto de revocar, esto es, dejar sin efectos un mandato o concesión) es el medio de defensa legal que se otorga a las partes para que puedan recurrir las resoluciones que no fueren apelables, el cual es resuelto por la misma autoridad judicial que la haya dictado; de ahí que doctrinariamente se le clasifique como un recurso "horizontal" -y no así "vertical", al no ser resuelto por un superior de grado o instancia-. En otras palabras, la revocación es un mecanismo de disenso concedido a los particulares afectados en su esfera jurídica por un acto judicial determinado, el cual no es susceptible de ser revisado -vía apelación- por el superior jerárquico del órgano emisor. Razón por la cual debe interponerse ante la misma autoridad que lo emitió, a fin de que proceda a la revisión del mismo y, en caso de que se encuentre demostrada su ilegalidad a partir del estudio de los agravios esgrimidos por el inconforme, proceda a su anulación o modificación. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2011 que dio lugar a la jurisprudencia 40/2012 aprobada en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, con registro 2000896, que resulta aplicable al caso por analogía jurídica, cuyo rubro y texto es: "REVOCACIÓN. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA QUEJA INTERPUESTA CONTRA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 339 y 316 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz establecen, respectivamente, que la sentencia de segunda instancia sólo podrá revocar, modificar o confirmar lo impugnado, y que serán revocables (en esa instancia) las resoluciones dictadas antes de dicha sentencia. En ese sentido, del análisis sistemático de ambos preceptos, se advierte que contra el desechamiento por extemporáneo del recurso de queja interpuesto contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, por exclusión -al ser una determinación emitida antes de la sentencia de segundo grado-, procede el recurso de revocación, por lo que debe agotarse previo al juicio de amparo indirecto, a fin de observar el principio de definitividad de las sentencias, rector en el proceso constitucional autónomo de amparo". Así como la tesis III.2o.C.45 K (8a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Página: 2771 y registro: 167710, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL AUTO QUE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si lo que se reclama a través del amparo directo es un auto por el cual la Sala señalada como responsable declaró la caducidad de la instancia en el recurso de apelación que interpuso el quejoso contra la sentencia de primer grado, resulta claro que al no ser apelable dicha determinación, debió haberse impugnado mediante el correspondiente recurso de revocación, en la forma que lo estatuye el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ya que con arreglo a la fracción VIII del numeral 420 del ordenamiento en cita, la resolución de que se trata no tiene prevención expresa en la ley que la señale como irrecurrible. De lo anterior, deviene que al no haberse cumplido con el principio de definitividad a que obliga el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, se está en la hipótesis de improcedencia que prevé la fracción XIII del numeral 73 de la Ley de Amparo, debiéndose, por consiguiente, disponer el sobreseimiento en el juicio instaurado". Asimismo, es menester precisar que el artículo 21 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 21. Las resoluciones son: I. Determinaciones de trámite que se llamarán decretos. II. Decisiones sobre materia que no sea de puro trámite, que se llamarán autos, debiendo contener los fundamentos legales en que se apoyen. III. Sentencias, definitivas o interlocutorias". En lo que aquí interesa, de dicho precepto legal se desprende que las resoluciones judiciales en materia civil en el Estado, como en el caso particular dada su naturaleza, únicamente pueden ser decretos, sentencias o autos; los primeros -decretos- se trata de determinaciones de mero trámite; las segundas -sentencias- son las que resuelven el punto principal del litigio o de la instancia, mientras que los últimos -autos- son todas las demás resoluciones. Bajo esas premisas, se pone de relieve que de acuerdo a la legislación aplicable, la determinación emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado responsable, por virtud de la cual declaró la caducidad de la instancia del recurso de apelación intentado por la hoy quejosa, viene a ser un auto que debe ser combatido mediante el recurso de revocación, en términos del artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; actualizándose la regla especial prevista en el citado ordinal, en cuanto a que todos los autos emitidos en segunda instancia pueden ser modificados o revocados mediante la interposición del recurso correspondiente, que en este caso, es el de revocación, en los términos ya apuntados. Ahora bien, una vez que se ha determinado que procede un recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado en esta vía, debe señalarse que, en la especie, no se actualiza alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que es la causal que se estudia, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de alguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b); y, en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo el aquí quejoso es parte formal en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Resulta aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 2, tomo IV, enero de 2014, página 3141, Décima Época, con registro 2005387, bajo el rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución". Tampoco se actualiza el caso de optatividad a que se refiere el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que el recurso ordinario no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, de acuerdo a los propios razonamientos ya expuestos con antelación en el presente auto. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193379, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Rebeca Beltrán Puc. Mientras que los demás en forma limitada, hasta que acrediten que están debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES) En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. ANEXOS EN LA SECRETARÍA Finalmente, por lo que hace a los anexos remitidos, consistentes en el toca 69/2023 y su cuadernillo de suspensión; déjense al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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