Yesenia del Pilar Hernández Marín

Expediente 633/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
633/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Yesenia del Pilar Hernández Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por la tercero interesada *******. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita y entréguense las mismas por el conducto que indica, previa identificación y acuse de recibo que quede en autos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de sobreseimiento dictado en este juicio el trece de julio de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho que aún no obren en autos las constancias de notificación por oficio dirigidos a las autoridades responsables Coordinador de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad. Lo anterior, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Ahora bien, en relación a las autoridades responsables debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta signado por **********, en su carácter de Tercero Interesada, agréguese a sus autos para que obre como en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase al ocursante la copia que solicita, por los conductos que explica, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diez de julio del año en curso. Ahora bien, de las constancias que remitió la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que hoy se agregan a los autos, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2o. de la Ley de la materia, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 77, este último, interpretado a contrario sensu (sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, los mencionados artículos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En el presente asunto, desde el auto admisorio se dejó establecido que la quejosa reclamaba, lo siguiente: Del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino: La orden de protección 06/2018 dictada en su contra y de su menor hija a favor de Jacqueline de la Flor Quezada Madera. El otorgamiento de la custodia provisional o definitiva de la referida menor a favor de la citada Quezada Madera, y como consecuencia, La orden de entregarle a la mencionada menor. Del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Coordinador de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Fiscal General del Estado de Yucatán. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Director de Servicios Generales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, y, Director del Hospital Agustín O'Horán: La ejecución de los actos reclamados al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la citada causa de improcedencia, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales de las aquí quejosas con motivo del acuerdo reclamado, no se les podría restituir en el goce de los mismos. Se considera lo anterior de esa manera, ya que como se señaló precedentemente, las quejosas se duelen de las referidas medidas de protección decretadas en su contra. Sin embargo, tomando en consideración que de las constancias que remitió Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que la tercero interesada Jacqueline de la Flor Quezada Madera, promovió un Procedimiento Especial de Divorcio Incausado en contra de la aquí quejosa Yesenia Del Pilar Hernández Marín, en el que mediante proveído de trece de junio del año en curso, entre otras cosas, se decretaron nuevas medidas de protección y se otorgó la custodia provisional de la menor J.P.H.Q. en favor de la nombrada Quezada Madera. En este contexto, de concederse la protección constitucional solicitada, no se podrían concretar los efectos del fallo protector que en su momento se le concediera, pues ya existen otras medidas de protección y de custodia provisional decretadas en un juicio, las cuales no podrían ser materia del presente asunto. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 77, interpretado en sentido contrario, y 63, fracción V, de la propia ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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