Yesenia Calderón Hernández

Expediente 881/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
881/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Yesenia Calderón Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    PRAL 881/2019 MESA 7.B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. ...

  2. Principal

    NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 76 a 83), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Yesenia Calderón Hernández, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso. Precisión. En el entendido que resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo, para la autoridad responsable Julio Escamilla Ríos, agente de Policía de Esquipulas, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, toda vez que, como se señaló con anterioridad, se sobreseyó en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio le genera a dicha autoridad. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". Causa ejecutoria sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos. En otro aspecto, como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo del asunto. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Se dejan documentos a disposición de la parte quejosa. Se dejan a disposición de la parte quejosa las documentales consistentes en 1) el acta de defunción de Estela Hernández Ramírez (foja 10), 2) acta de nacimiento de la quejosa Yesenia Calderón Hernández (foja 11) y 3) comprobante de pago de luz eléctrica de nueve de octubre de este año (foja 12), mismas que se anexaron al escrito de demanda; ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, serán destruidas junto con el expediente. Devolución de documental a la autoridad responsable. En virtud que de la certificación de cuenta se advierte que en este expediente obra el original de la solicitud de descarga de drenaje, con sello de recepción de veinte de septiembre de este año (foja 67), remitido por la autoridad responsable Julio Escamilla Ríos, agente de Policía de Esquipulas, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, como anexo a su informe justificado; se ordena devolver dicha documental a la autoridad de referencia, previa copia certificada que obre en autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las once horas con siete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 881/2019, como se ordenó en auto de cuatro de noviembre del año en curso (foja 53 reverso), Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia. Relación de Constancias. El secretario hace relación de las constancias de autos, que son las siguientes: a) Demanda de amparo promovida por Yesenia Calderón Hernández (fojas 2 a 9). b) Auto de diez de octubre de este año (fojas 19 a 22), por el que se previno a la parte quejosa. c) Auto admisorio de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 52 a 56). Enseguida, el secretario certifica: I.- Que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, le reviste en carácter de tercera interesada a Luz Virginia Calderón Hernández, a quien, a la fecha, no se ha emplazado a juicio. Finalmente, se hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto de diez de octubre de este año (foja 22). Con lo anterior, se da cuenta al juez, quien acuerda: I.- Para los efectos legales correspondientes, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. II.- Que no obsta el hecho de que no se haya llamado a juicio a Luz Virginia Calderón Hernández, a quien le reviste el carácter de tercera interesada; lo anterior, porque atento al sentido de esta determinación, ningún perjuicio le genera a la citada parte procesal. Al caso, resulta aplicable la tesis sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 45, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 196912, cuyo rubro es del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 982, libro XX, tomo 1, mayo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003574, del rubro siguiente: "FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA." III.- En cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse sentencia. Etapa de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo de pruebas en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que se hace relación de las documentales exhibidas por la parte quejosa, consistentes en: 1.- Acta de defunción de Estela Hernández Ramírez (foja 10). 2.- Acta de nacimiento de la quejosa Yesenia Calderón Hernández (foja 11). 3.- Comprobante de pago de luz eléctrica de nueve de octubre de este año (foja 12). 4.- Copia simple del oficio APEX-057-2019 (foja 13). 5.- Dos impresiones fotográficas a color (foja 14). Asimismo, de las documentales remitidas por la autoridad responsable agente de Policía de la Comunidad de Esquipulas, Municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán, Centro, Oaxaca, consistentes en: EN ORIGINAL FOJA 1.- Solicitud de reubicación de descarga de drenaje, con sello de recepción de veinte de septiembre de este año. 67 EN COPIA SIMPLE 2.- Credencial de elector de Julio Escamilla Ríos, con clave de elector ESRSJL72052220H500. 65 3.- Acreditación como agente de Policía Municipal, expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a favor de Julio Escamilla Ríos. 66 4.- Permiso de inhumación de seis de abril de dos mil quince, a favor de Luz Virginia Calderón Hernández. 68 5.- Renovación de contrato número 777, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve. 69 6.- Oficio número APEX-057-2019, de siete de octubre de dos mil diecinueve. 70 Acto seguido, se acuerda: Ténganse por desahogadas las referidas probanzas en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo; y, sin pruebas pendientes por desahogar, se concluye la etapa probatoria. Sin que sea óbice que la responsable haya remitido documentales en copia simple, pues las mismas hacen prueba plena suficiente para ser consideradas, si procede, al resolver este juicio de amparo. Etapa de alegatos. Se abre la fase de alegatos, en la que se hace constar que la parte quejosa no los formuló; empero, mediante oficio número 96/2019 (fojas 72 a 74), la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló pedimento; enseguida, se declara cerrado este período y se procede a dictar la sentencia respectiva. Doy fe. VISTOS; para resolver el juicio de amparo número 881/2019, del índice de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, el nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 9) y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la quejosa Yesenia Calderón Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto siguiente (fojas 2 y 3): Autoridades responsables. Acto reclamado. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de octubre de dos mil diecinueve (fojas 19 a 22) se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 914/2019; y, previo cumplimiento de la parte quejosa a la prevención formulada, en proveído de cuatro de noviembre de este año (fojas 52 a 56), por una parte, se le tuvo desistiéndose de la demanda de amparo promovida contra actos del 1) presidente Municipal de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca; y, por otra, se admitió a trámite por lo que respecta a la responsable señalada como 2) agente de Policía de Esquipulas, del Municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, se solicitó a esa autoridad su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115 y 117 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa y la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos de autoridad que se reclaman. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en el amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio, deben quedar precisados cuáles son. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al expresarse los actos reclamados. Por sus razones, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y textos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en (foja 3): La cancelación y privación del acceso al servicio de descarga de drenaje sanitario, en el domicilio ubicado en la avenida Libertad número 20, sexta sección, agencia de Policía Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, ordenada en el oficio número APEX-057-2019. La omisión de notificar directamente a la parte quejosa el citado oficio número APEX-057-2019. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja sesenta y nueve del tomo VII, enero de 1991, octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 223603 del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." TERCERO.- Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable agente de Policía de la Comunidad de Esquipulas, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado (fojas 63 y 64), si bien no se pronunció de manera concreta sobre la existencia o inexistencia de los actos reclamados, lo cierto es que en dicho informe realizó diversas manifestaciones que conducen a tener por ciertos los actos que se le reclaman. Lo que se confirma con las constancias que obran en este expediente, en específico, con el oficio número APEX-057-2019 (foja 70), en el que se advierte que la citada autoridad responsable notificó a una diversa persona de la aquí quejosa la cancelación del drenaje sanitario en el predio número 20, ubicado en la Avenida Libertad, Esquipulas, Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, que la quejosa dice tener en posesión. CUARTO.- Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, resulta imperante examinar si en este asunto opera alguna causa de improcedencia, por ser de orden público dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa contar con el interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). De la interpretación armónica de ambos preceptos se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o a virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras conviene precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. Es dable destacar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sirve de apoyo por las razones que la sustentan, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro LXXX/2013, página 1854, registro 2004501, del texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En el caso, la parte quejosa reclama 1) la cancelación y privación del acceso al servicio de descarga de drenaje sanitario, en el domicilio ubicado en la avenida Libertad número 20, sexta sección, agencia de Policía Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, ordenada en el oficio número APEX-057-2019, así como 2) la omisión de notificarle el citado oficio número APEX-057-2019; sin embargo, dichos actos no le ocasionan ningún perjuicio a su esfera jurídica; ello es así, por las consideraciones siguientes: La quejosa refiere que los actos reclamados le generan prejuicio porque asegura ser poseedora del bien inmueble que se ubica en la avenida Libertad número 20, sexta sección, agencia de Policía Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; empero, no acredita dicha posesión con documento alguno, como tampoco acredita ser usuaria del servicio de drenaje sanitario correspondiente, ya que si bien exhibe las documentales consistentes en los atestados de registro civil, relativos al 1) acta de defunción de Estela Hernández Ramírez (foja 10) y 2) acta de nacimiento de la quejosa Yesenia Calderón Hernández (foja 11), dichas documentales no son eficaces a efecto de acreditar que es poseedora del citado bien inmueble; y en cuanto al comprobante de pago de recibo de luz, del mismo no se advierte el nombre de la quejosa ni que corresponda al domicilio del que refiere ser poseedora (foja 12). Por tanto, si el juicio de amparo indirecto procede para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, que resulte afectado sin los derechos fundamentales de audiencia y defensa que en él se consagran; entonces, para que prospere la acción de constitucional, la afectación debe demostrarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse sólo por presunciones; atento a la jurisprudencia 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 17 del tomo 82, octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206338, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De ahí la necesidad de que la parte quejosa acredite la existencia de un justo título que ampare la posesión que dice tener en relación al bien inmueble que refiere, de manera que se tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho sobre ese predio, pues la simple detentación del mismo no es objeto de protección constitucional. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia analizada. No es obstáculo que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados, porque ello no releva a la parte quejosa de la obligación de justificar que el mismo afecta su esfera de derechos subjetivos públicos; como lo establece la jurisprudencia I.1o.A.J/3 publicada en la página 923, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 229368, invocada en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1, 2 76, 77, y demás de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yesenia Calderón Hernández respecto de los actos reclamados consistentes en 1) la cancelación y privación del acceso al servicio de descarga de drenaje sanitario del bien inmueble que, dice, posee de manera pacífica desde hace veinte años (foja 3) y 2) la omisión de notificarle personalmente el oficio número APEX-057-2019 (foja 70), actos atribuidos al agente de Policía Municipal de Esquipulas, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL: 881/2019 MESA 7 B& San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Glose de alegato. Agréguese a los autos el oficio número **, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que realiza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°, en el momento procesal oportuno, expídasele copia simple de la sentencia que se dicte en este juicio de amparo. Notifíquese...

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