Yazmin Viridiana Quevedo Bernardino y Otros.
Expediente 1228/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Yazmin Viridiana Quevedo Bernardino y Otros.
- Yazmin Viridiana Quevedo Bernardino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
pral.1228/2021 mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. 1° Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la autoridad responsable y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pues, al haberse negado la protección constitucional en este juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.1° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 6° Destino. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es depurable; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 7° Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9° Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es depurable. Notifíquese.
- Principal
pral.1228/2021.mesa-8 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas en proveído de diez de diciembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, estando presente Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, comunicado por la secretaria técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/5044/2021, de la misma fecha, asistida Sandra Guzmán Rueda, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo la relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la a) demanda de amparo origen de este juicio e b) informe justificado por la autoridad responsable. Además, certifica: 1) Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en el auto admisorio. 2) No obra documento y/o promoción alguna con la que deba darse cuenta. A lo anterior, la secretaria encargada del despacho acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable juez Octavo Familiar y de Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, remitió como apoyo a su informe justificado copias certificadas del expediente familiar 237/2021, de su control. Al respecto, se acuerda: tomando en consideración que dicho medio de convicción fue admitido y desahogado durante la sustanciación de este juicio en razón de su especial naturaleza, será ponderado al momento de dictarse la sentencia correspondiente. No habiendo más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Se abre la fase de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni tampoco la agente del Ministerio Público presento pedimento, por lo que se cierra esta etapa; y, visto el expediente, se procede a dictar la siguiente sentencia: Reyna Soledad Juárez Avendaño. Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular. La secretaria. Sandra Guzmán Rueda R E S U L T A N DO S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, remitido en la misma data, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Yazmín Viridiana Quevedo Bernardino, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto siguiente: La parte que niega la Guarda y Custodia de mi menor hija en favor de la suscrita y, en su lugar, otorga los "Cuidados Provisionales", dentro del auto de fecha 22 de octubre del 2021 dentro del expediente 0237/2021 que se lleva en el Juzgado Octavo Familiar del Centro, que preside la autoridad responsable y que me fue notificado el día 26 de octubre del año 2021 a las 11:30 horas". Atribuido a la siguiente autoridad: Juez Octavo Familiar y de Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo y se citó a las partes para la audiencia constitucional. TERCERO. Tercero interesado. La parte quejosa señaló con dicho carácter a Carlos López Velasco, empero, atendiendo a que en el juicio natural del cual deriva el acto reclamado en este expediente aún no ha sido emplazado, por ende, en este juicio de amparo no se le tiene por reconocido dicho carácter, tal como lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 67/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)." CUARTO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 46/2016 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013 del mismo Pleno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y la autoridad responsable tiene su residencia en Oaxaca de Juárez, esto es, dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, el acto reclamado por la parte quejosa es: El auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 0237/2021, del índice del juzgado responsable, en la parte relativa a la declaración de la medida provisional de cuidados temporales de la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q, a favor de su progenitora Yazmín Viridiana Quevedo Bernardino, aquí quejosa. Que atribuye al: Juez Octavo Familiar y de Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado, la responsable convino en la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente familiar 0237/2021 de su índice. Actuaciones con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 195, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, al tratarse de un documento público que hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad, de donde aquéllos proceden. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Sin embargo, como en la especie ninguna de las partes las hicieron valer y de oficio no se advierte que se actualice causa legal de improcedencia, constitucional o jurisprudencial, es procedente realizar el examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se contienen en el escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo ésta; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al solicitante de amparo, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma; máxime que en el apartado correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Antecedentes. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, se considera oportuno señalar algunos antecedentes del acto reclamado que se advierten de la demanda de amparo y constancias anexas al informe justificado rendido por la autoridad responsable, conforme la relatoría siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno ante la oficialía de partes común de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, en Oaxaca de Juárez, la quejosa demandó, en la vía ordinaria civil, a Carlos López Velasco las prestaciones siguientes: "a) La declaración de la PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce el demandado sobre nuestra menor hija, por el abandono de deberes, abandono del menor, porque sus costumbres y actos ponen en peligro la integridad tanto de la menor como de la suscrita y por incumplimiento de su obligación alimentaria, es decir, por haberse actualizado las causas de pérdida de patria potestad previstas en las fracciones II, III y V del artículo 459 del Código Civil de Oaxaca. b) La GUARDA Y CUSTODIA de mi menor hija, tanto provisional como definitiva, en favor de la suscrita." 2. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Juzgado Octavo Familiar y de Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro; órgano jurisdiccional que el veintidós de octubre del año en curso: a) Ordenó formar expediente, inventariar y radicar con el número 237/2021. b) Con fundamento en los numerales 42, 44, 134, 135, 256, 257 y 258 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tuvo a la aquí quejosa Yazmín Viridiana Quevedo Bernardino demandado en la vía ordinaria civil la pérdida de la patria potestad, respecto de la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q, por lo establecido en el numeral 459 del Código Civil en el Estado, a Carlos López Velasco las prestaciones identificadas en el escrito de demanda. c) Con fundamento en los numerales 1 y 4 de la Constitución General, 429 del Código Civil vigente en el Estado, en relación con los artículos 962 y 963 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, en vigor, 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y con apoyo en los preceptos 930, 962 y 963 del Código de Procedimientos citado, a efecto de no vulnerar la garantía de audiencia y debido proceso del progenitor Carlos López Velasco, declaró como medida provisional los cuidados temporales de la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q, en favor de su progenitora Yazmín Viridiana Quevedo Bernardino, aquí quejosa. El apartado relativo a la declaración de cuidados temporales decretado el veintidós de octubre del año en curso a favor de la aquí quejosa en el expediente familiar 237/2021, constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, resultan, en una parte, infundados, e ineficaces, en otra; mismos que, en síntesis, hace consistir en: 1. La responsable realiza una interpretación limitativa de la ley en perjuicio del interés superior del menor, pues la figura de "cuidados provisionales" que otorgó en lugar de la diversa de "guarda y custodia provisional", es una figura limitada, de regulación jurídica escasa y de protección y certidumbre legal pobre para quien la ejerce como para el menor que se beneficia de ella. 2. Debió privilegiar el interés superior de la menor quejosa sobre la garantía de audiencia de Carlos López Velasco; pues al obligarla a cumplir con las cargas legales que se deben agotar para poder emplazarlo, puede suponer el transcurro de muchos meses, tiempo en que la menor queda desprotegida. 3. El criterio utilizado por la juez es limitado y restrictivo de garantías, en cuanto alude que si bien la vía ordinaria es la idónea para plantear la acción principal que es la pérdida de la patria potestad, no lo es para demandar la guarda y custodia tanto definitiva como provisional, pues su naturaleza es diversa. 4. La interpretación que realizó es errónea, pues no se trata de dos acciones de naturaleza diversa, por lo que no se deben estudiar ni atender por separado, pues hacerlo la obligaría a plantear, por un lado, el juicio de pérdida de la patria potestad en la vía ordinaria y, por otra parte, la guarda y custodia en la vía de controversias del orden familiar. 5. Al reconocer la responsable la vía ordinaria como la correcta para la acción principal debió de admitir los accesorios de la misma, pues, por el contrario, plantear dicho asunto en controversias del orden familiar no sería posible por no ser la que corresponde a la acción principal planteada. 6. Suponer que se deben tramitar dos juicios diversos, impone a la quejosa una carga excesiva, que atenta contra la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. Y cita, en apoyo a sus conceptos de violación, las tesis de rubro siguientes: a) "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO."; b) "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS", c) "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Estudio de los conceptos de violación. El estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, por razones metodológicas, serán analizados en diferente orden al que fueron propuestos. De conformidad con los derechos humanos contenidos en los artículos 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de garantizar y hacer efectivo el interés superior del menor en todos los asuntos que les son sometidos a su conocimiento; también de admitir, tramitar y resolver las cuestiones planteadas dentro de los términos previstos por la legislación que regula el acto de que se trate. Así, por interés superior del menor debe entenderse la actuación que toda autoridad debe observar en los asuntos que les corresponda conocer en razón de su encomienda en los que esté relacionado un menor de edad implementando las medidas de protección conducentes, a fin de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En otras palabras, implica otorgar prioridad a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho, velando en todo momento por la integridad física y mental de los menores, atendiendo las circunstancias específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familia y a salvaguardar el sano desarrollo de los menores. Por su parte, el derecho humano a la administración de justicia consagra a favor del gobernado los principios de justicia pronta que se traduce en la obligación del órgano juzgador de resolver las controversias que conozca dentro de los términos y plazos fijados en las leyes que regulan el procedimiento de que se trata; justicia completa que implica que el pronunciamiento de la autoridad atienda todos y cada uno de los aspectos debatidos y que le garantice la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; justicia imparcial que conlleva no sola la emisión de una resolución apegada a derecho, sino que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en ese sentido; y justicia gratuita, que se traduce en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de este servicio público. En síntesis, para que una autoridad cumpla con los deberes constitucionales de garantizar el interés superior del menor y la administración de justicia a que se refieren los artículos 4 y 17 constitucionales, es necesario, por una parte, que en todas las determinaciones que emitan otorguen prioridad a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por su integridad física y mental, atendiendo las circunstancias específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familia y a salvaguardar el sano desarrollo de los menores; y, por otra, que garantice la impartición de justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; como así lo ilustran las tesis siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores." JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Acto tildado de inconstitucional. Para determinar si, en el caso, el acto reclamado cumple con los parámetros previstos en los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal, se transcribe la parte conducente del acuerdo de veintidós de octubre del año en curso (2021), que refiere la quejosa vulnera en su perjuicio sus derechos humanos: ".No obstante lo anterior y tomando en consideración que la actora solicita la guarda y custodia provisional de su menor hija de nombre con iniciales C.Z.L.Q. de identidad reservada y si bien es cierto esta no es la Vía idónea para tratar lo relativo a la guarda y custodia de dicha infante, sin embargo atendiendo a los argumentos antes vertidos, y a fin de salvaguardar el interés superior de la citada niña y a efecto de que su situación jurídica no quede en estado de incertidumbre, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° y 4° de la Constitución General, 429 del Código Civil Vigente en el Estado, en relación con los artículos 962 y 963 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, en vigor, 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y con apoyo en los artículos 4° de la Constitución Federal, 930, 962 y 963 del Código de Procedimientos citado, que faculta a esta autoridad, con competencia en materia familiar, para decretar todas las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros, y a efecto de no vulnerar la garantía de audiencia y debido proceso del progenitor CARLOS LÓPEZ VELASCO, consagrada por los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, en aras de proteger dicho interés, atendiendo la minoría de edad de la niña de nombre con iniciales C.Z.L.Q. de identidad reservada, por ser una medida urgente a efecto de evitar alguna afectación emocional a dicha niña y a fin de no dejar en estado de incertidumbre legar la situación jurídica de la infante mencionada, y siendo que la menor de edad involucrada en este asunto, tiene derecho a que se le brinden los cuidados que de acuerdo a su edad requieren, sin otorgar previa audiencia al progenitor de esta y dado que no es un acto privativo de su garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional, SE DECLARA COMO UNA MEDIDA PROVISIONAL LOS CUIDADOS TEMPORALES DE LA MENOR DE EDAD DE NOMBRE CON INICIALES C.Z.L.Q. de identidad reservada A FAVOR DE SU PROGENITORA YAZMIN VIRIDIANA QUEVEDO BERNARDINO; por lo que se ordena exhortar a la actora a fin de que cumpla con todos los cuidados necesarios que requieren su menor hija, con la finalidad de garantizar su sano desarrollo, físico, psicológico, emocional, así como para su vigilancia y seguridad y no corra riesgo alguno, así como los demás cuidados que de acuerdo a sus (sic) edad requiere, quedando bajo su protección y cuidado, así también se ordena hacerle saber que la medida provisional decretada, puede ser modificada en cualquier momento del juicio de acuerdo con las circunstancias que se presenten y que conforme a derecho proceda, asimismo, dicha medida provisional será ratificada o modificada en su oportunidad una vez que el demandado se logre llamar a juicio". De la transcripción que antecede se advierte que la responsable, de manera apegada a derecho, indicó que no obstante que la vía en la cual se admitió la demanda instaurada por la aquí quejosa -ordinaria civil- no es la idónea para proveer lo relativo a la guarda y custodia de su menor hija, atendiendo a los argumentos vertidos y la solicitud planteada, con el fin de salvaguardar el interés superior de la menor de edad y que su situación jurídica no quede en incertidumbre, con fundamento en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal; 429 del Código Civil vigente en el Estado; 930, 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, declaró como medida provisional los cuidados temporales de la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q., en favor de su progenitora Yazmín Viridiana Quevedo Bernardino, aquí quejosa. Porción normativa. Los numerales antes referidos son del contenido siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos." Código Civil para el Estado de Oaxaca "Artículo 429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quién atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, o de advertirlo necesario, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público, y al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles a los progenitores, a sus parejas con las que éstos cohabiten y de la demás pruebas que estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia. Por lo que el otro progenitor estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de visita y convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial." Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca "Artículo 930.- Podrá decretarse el resguardo de un menor o incapacitado, que se hallen sujetos a patria potestad o tutela y que fueren maltratados por sus padres o tutores o reciban de éstos ejemplos perniciosos a juicio del Juez, o sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por las Leyes, y de huérfanos o incapacitados que queden en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuvieren. En estos casos no se requiere formalidad alguna. Solo deberán levantarse en acta las diligencias del día." "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Tratándose de situaciones en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano jurisdiccional deberá observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez." "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. En los procesos familiares donde participen niñas, niños y adolescentes la autoridad judicial deberá prohibir a las personas que presencien las audiencias que difundan los datos personales, audios, videos o imágenes referidas a los mismos. En caso de que las personas incumplan con lo antes señalado, se aplicarán las sanciones de conformidad con la normatividad aplicable. En la formalización del convenio a que se refiere el segundo párrafo de este precepto, el Juez Familiar exhortará al deudor alimentario a que cumpla a cabalidad y hará saber a éste que el incumplimiento de su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, puede constituir un delito que merece pena de prisión conforme a lo establecido por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que en caso de que esto suceda, a petición de la parte afectada se dará vista al Ministerio Público; sin que ello impida u obstaculice el derecho del acreedor alimentario de ocurrir ante la autoridad ministerial por sí mismo." Y el diverso 256 del código procedimental citado dispone: "Artículo 256.- Todas las contiendas entre partes cuya tramitación no esté prevista en el título siguiente se ventilarán en juicio ordinario." Justificación. Si bien todas las autoridades deben privilegiar la resolución de asuntos de fondo en los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos judiciales, como lo refirió la quejosa, no obstante, ello será así siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, tal como lo dispone el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna. En ese contexto, el derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos con el fin de garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso; pues de no hacerlo, se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional En el caso, la quejosa demandó a Carlos López Velasco, en la vía ordinaria civil, tanto la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q., como la guarda y custodia provisional, como definitiva a su favor. Luego, el precepto 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone lo siguiente: "Todas las contiendas entre partes cuya tramitación no esté prevista en el título siguiente se ventilarán en juicio ordinario" En tanto que el diverso artículo 962 del referido ordenamiento jurídico, inserto en el título decimoséptimo, denominado "De las controversias de orden familiar", prevé la tramitación especial -sumaria- que debe atenderse y seguirse cuando se trata cualquier "problema inherente a la familia". Bajo ese contexto, es apegada a derecho la decisión adoptada por la juez responsable, pues determinó, por una parte, que la vía ordinaria civil en la cual fue planteada por la quejosa la pérdida la patria potestad es la indicada para su tramitación y, por otra, que dicha vía no es la idónea para el trámite de la guarda y custodia provisional y, en su oportunidad definitiva, de la menor de edad, pues, como quedó evidenciado en párrafos precedentes, esta última pretensión tiene prevista una tramitación especial, contemplada en el título decimoséptimo del Código de Procedimientos Civiles. Por ende, la quejosa debe atender las reglas previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca para plantear y tramitar las pretensiones formuladas. Por ello, no basta que solicite su tramitación "en un solo juicio" para que ello implique que la juez familiar deba obsequiar la petición en los términos que le son solicitados, so pretexto, de evitarle una carga excesiva que, aduce, contraría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y que se traduce en la obligación de tramitar dos juicios diversos para resolver las pretensiones planteadas; pues, por una parte, no existe disposición legal que apoye su pretensión, (tramitación en un solo juicio de dos pretensiones diversas); y, por otra, atento a que el código procesal civil del Estado prevé la tramitación especial e independiente que debe atenderse y seguirse para cada una de dichas peticiones. Por tanto, no le asiste razón a la parte quejosa al manifestar que al reconocer la responsable a la vía ordinaria como la correcta para la acción principal -pérdida de la patria potestad-, debió de admitir los accesorios de la misma -guarda y custodia-; pues, contrario a lo que refiere, como correctamente lo estimó la responsable, la pérdida de la patria potestad y la guarda y custodia son dos acciones diversas, cuya tramitación se encuentra prevista, se reitera, en forma independiente, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; razón por la cual, no existe fundamento jurídico que autorice a la responsable a actuar en la forma solicitada por la quejosa en su escrito de demanda en el juicio natural; contrario a ello, y de haber obsequiado la petición planteada en los términos solicitados, se actualizaría una transgresión del derecho a la seguridad jurídica, pues implica la tramitación de un juicio en una vía incorrecta, lo que contraría el contenido del artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL). Hechos: Una persona demandó en la vía ordinaria civil a una inmobiliaria el otorgamiento y firma de escritura de un contrato de compraventa de un inmueble. Al contestar, la empresa opuso la excepción de improcedencia de la vía, sustentada en que la relación entre las partes es mixta y, por tanto, se debió demandar en la vía ordinaria mercantil. La excepción fue desestimada en ambas instancias, bajo el argumento de que no le causaba perjuicio, dada la similitud de plazos entre ambas vías y porque la vía civil concede una mayor oportunidad probatoria. En el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado consideró que no se argumentó cuál derecho fue trastocado con la tramitación del juicio en la vía incorrecta y que la jurisprudencia 1a./J. 74/2005 se emitió previo a la incorporación del tercer párrafo del artículo 17 constitucional, conforme al cual los Jueces deben privilegiar el fondo sobre la forma. Criterio jurídico: La incorporación al Texto Constitucional de la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos procedimentales no es irrestricto sino que está condicionado a que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. Por tanto, si con la tramitación de un juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, no se cumplen los requisitos constitucionales para obviar dicha violación procesal con base en ese principio. Justificación: La vía es un presupuesto procesal y, por ende, una condición de validez del proceso, que se concibe como el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos que integran un procedimiento particular, estructurado y previamente establecido por el legislador en el cual deben seguirse los diferentes tipos de controversias que se puedan someter a la jurisdicción de un tribunal o autoridad que ejerce una función materialmente jurisdiccional. Su objetivo es dar efectividad a los derechos sustantivos de las personas y su existencia deriva de uno de los derechos que sustenta todo el sistema jurídico nacional: la seguridad jurídica. Sobre esas bases, la tramitación del juicio en la vía incorrecta no es un mero formalismo procedimental, ni siquiera el incumplimiento a alguna de las formalidades que deben regir el proceso natural, sino la transgresión a toda la estructura creada por el legislador para la sustanciación de la controversia, cuya ausencia impide tener plena certeza de que se respetó el derecho del demandado a la seguridad jurídica y legalidad. Por ende, no es constitucionalmente válido aceptar que pueda obviarse y consentir su incumplimiento, so pretexto de fallar de fondo la litis del juicio, ya que no se satisfacen las exigencias constitucionales para ello, pues uno de los requisitos que el artículo 17 constitucional establece para que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, al margen de la existencia de violaciones procesales, es que con éstas no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes y con el trámite en la vía incorrecta de un litigio se transgrede el derecho a la seguridad jurídica." Por tanto, no se advierte violación alguna a la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, pues la responsable no impone "una carga excesiva", en tanto que atiende las reglas del procedimiento y su actuación encuentra sustento en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca (conceptos de violación identificados en el apartado relativo de esta resolución con los números 3 a 6). Tampoco se desprende que la responsable realice "una interpretación limitada de la ley en perjuicio del interés superior del menor", pues al otorgar a su favor los "cuidados provisionales" de su mejor hija, no se advierte que, con ello, se vulnere, en perjuicio de la infante, algún derecho; pues si bien no otorgó la guarda y custodia, en los términos expresamente solicitados por la quejosa en la demanda que dio origen al juicio natural, esa situación obedeció a una deficiencia de la propia quejosa o de sus autorizados, a saber, la falta de tramitación de la acción en la vía idónea; no obstante, la responsable al declarar la medida provisional de referencia exhortó la actora, aquí quejosa, "a fin de que cumpla con todos los cuidados necesarios para garantizar su sano desarrollo, físico, psicológico, emocional, así como para su vigilancia y seguridad y no corra riesgo alguno, así como los cuidados que de acuerdo a su edad requiere."; lo que evidencia que el interés superior de la menor de edad se encuentra garantizado con la declaración de dicha medida; pues será la madre, aquí quejosa, quien deberá encargarse, al menos provisionalmente, de garantizar el desarrollo integral de la menor, otorgar los cuidados que requiera acordes con su edad, así como otorgarle seguridad, vigilancia y evitar que corra algún riesgo. Máxime que, en cualquier momento, puede solicitar que se decrete y se obsequie a su favor la guardia provisional y, en su oportunidad, definitiva de la menor de edad a su favor; para ello, bastará que atienda los términos previstos para su tramitación en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca (concepto de violación identificado en el apartado respectivo de esta resolución con el número 1). Finalmente, resulta ineficaz el diverso concepto de violación en el que refiere que la responsable debió privilegiar el interés superior de la menor quejosa sobre la garantía de audiencia de Carlos López Velasco; por una parte, porque no evidencia por qué, en su caso, dicho particular incide de forma alguna en la determinación adoptada por la responsable al establecer los cuidados provisionales a su favor, en lugar de la guarda y custodia como lo solicitó en su escrito de demanda, el cual constituye el acto reclamado en este juicio; y, por otra, porque tampoco precisa cuál es el precepto legal o la norma jurídica que la responsable vulnera al emitir esa determinación, en tanto que únicamente refiere que ".cumplir con las cargas legales que se deben agotar para poder emplazarlo, puede suponer el transcurro de muchos meses, tiempo en que la menor queda desprotegida"; y sobre dicho particular la responsable precisó que la información proporcionada en la demanda que dio origen al juicio natural no resulta suficiente para llamar a juicio al ahí demandado mediante edictos; por ende, al no haberse agotado todos los medios posibles para "llamarlo" de manera personal, no era posible ordenar, en este momento, su emplazamiento en los términos planteados por la actora (concepto de violación identificado en el apartado respectivo de esta resolución con el número 2). Decisión. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Yazmín Viridiana Quevedo Bernardino, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q. Al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación de la parte quejosa, por vía de consecuencia, resultan inaplicables la tesis que invoca, al menos, para los fines que pretende, pues no permiten arribar a una determinación diversa de la adoptada en párrafos precedentes. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: RESUELVE: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Yazmín Viridiana Quevedo Bernardino, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales C.Z.L.Q., contra el acto reclamado al Juez Octavo Familiar y de Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro, consistente en el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 0237/2021, en la parte relativa a la declaración de la medida provisional de cuidados temporales de la referida menor de edad; por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo; háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, comunicado por la secretaria técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/5044/2021, de la misma fecha, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.
- Principal
pral.1228/2021.mesa-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que en proveído de nueve de diciembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del centro, Oaxaca de Juárez. 2. Diferimiento de la audiencia. Bajo ese contexto, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por tanto se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". 3. Notificación de este acuerdo. Con la precisión que la notificación de este proveído se realizará por medio de lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1228/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. I. Glose de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que rinde informe justificado; con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. II. Correo electrónico. Considerando que la aludida responsable proporciona una cuenta de correo electrónico, únicamente durante el periodo de contingencia, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban practicárseles, realícenseles al correo electrónico proporcionado; para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá cerciorarse de la dirección electrónica del destinatario, para, posteriormente, elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; argumento que se basa, por identidad sustancial, en el Acuerdo de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que habilita el uso de la FIREL en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que se emitan en áreas administrativas, y el uso del correo electrónico institucional como comunicación oficial, aprobado en sesión ordinaria de doce de junio de este año. III. Pruebas. Toda vez que la autoridad responsable remite copias certificadas deducidas del expediente familiar 237/2021; de su índice, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de su parte, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Yared Méndez León1357/2017
- Yared Méndez León713/2017
- Yareni Hernández García y Otros.134/2017
- Yarenny Ruíz López113/2022
- Yazmín Aida Ramírez Soto406/2020
- Yazmin Molina Gaspar568/2018
- Yeniela Caridad Delgado Pérez y Otros.964/2021
- Yesenia Alderete Luna254/2019
- Yesenia Calderón Hernández881/2019
- Yesenia Eréndira Velasco Herrera336/2023
- Yesenia Irene Canseco Arguelles409/2023
- Yesenia Martínez Meléndez274/2020