Yesenia Alderete Luna
Expediente 254/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Yesenia Alderete Luna
- Yesenia Alderete Luna y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 1° Causa ejecutoria. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el quince de julio de dos mil diecinueve, firmada y autorizada el treinta y uno de julio siguiente (fojas 187 a 207), en la que sobreseyó en este juicio de amparo promovido por Yesenia Alderete Luna, por propio derecho y en representación de la menor F.V.O.A., sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4° Devolución de documental. Parte quejosa. Mediante escrito presentado en este Juzgado el uno de abril de dos mil diecinueve (foja 18 a 20), la quejosa anexó I) impresión del acta de nacimiento de F.V.O.A. (foja 21) y II) cedula de notificación relativa al proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente familiar 04/2019, del índice del Juzgado Civil de Tehuantepec, Oaxaca (fojas 22 y 27). Por tanto, aun cuando no se trata de documentos originales, se ordena su devolución y con fundamento en el punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presenta para tal fin, sin ulterior acuerdo, serán destruidos junto con este expediente, que es destruíble. Autoridad responsable. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Civil de Tehuantepec, Oaxaca, la documental que remitió por oficio 973/2019 (fojas 93 y 94), consistente en copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 04/2019, misma que obra en un tomo por separado, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.254/2019-2B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 1° Causa ejecutoria. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el quince de julio de dos mil diecinueve, firmada y autorizada el treinta y uno de julio siguiente (fojas 187 a 207), en la que sobreseyó en este juicio de amparo promovido por Yesenia Alderete Luna, por propio derecho y en representación de la menor F.V.O.A., sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4° Devolución de documental. Parte quejosa. Mediante escrito presentado en este Juzgado el uno de abril de dos mil diecinueve (foja 18 a 20), la quejosa anexó I) impresión del acta de nacimiento de F.V.O.A. (foja 21) y II) cedula de notificación relativa al proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente familiar 04/2019, del índice del Juzgado Civil de Tehuantepec, Oaxaca (fojas 22 y 27). Por tanto, aun cuando no se trata de documentos originales, se ordena su devolución y con fundamento en el punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presenta para tal fin, sin ulterior acuerdo, serán destruidos junto con este expediente, que es destruíble. Autoridad responsable. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Civil de Tehuantepec, Oaxaca, la documental que remitió por oficio 973/2019 (fojas 93 y 94), consistente en copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 04/2019, misma que obra en un tomo por separado, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.254/2019-2B*Audiencia constitucional. ... Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yesenia Alderete Luna, por propio derecho y en representación de la menor F.V.O.A., contra: a) La omisión para dotar de recursos humanos y económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que, como parte integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, esté en aptitud de atender la carga de trabajo con la que cuenta. Acto que atribuyó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. b) La omisión de asignar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y en los subsecuentes que lleguen a emitirse, un importe destinado a los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Estado de Oaxaca. Que reclamó del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y, c) La fecha que se señaló para la continuación de audiencia de pruebas y alegatos, en el expediente 04/2019, esto es, las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve. Que se combatió del juez de lo Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca. En términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. En su momento, dése cumplimiento al último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. ...
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NOTIFICACION A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. Visto; para resolver el juicio de amparo número 254/2019; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 2) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio y remitido por razón de turno, en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, Yesenia Alderete Luna, por propio derecho y en representación de la menor F.V.O.A., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las siguientes autoridades y actos reclamados (foja 5): Juez de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca: ".LA OMISIÓN PARA HACER CUMPLIR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4º, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE TUTELA UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN TODOS LOS ASUNTOS EN QUE SE VEAN INVOLUCRADOS SUS DERECHOS, CONSISTENTE (SIC) EN PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR; DICHA GARANTÍA ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON EL NUMERAL 17 SEGUNDO PÁRRAFO DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, QUE ESTABLECE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA; DICHOS NUMERALES HAN SIDO VIOLENTADOS EN VIRTUD DE QUE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS FUE PROLONGADA HASTA POR MÁS DE TRES MESES, LO QUE SE TRADUCE EN LA DEMORA PARA QUE EL JUZGADOR DETERMINE QUIÉN DE LOS PROGENITORES EJERCERÁ LA GUARDA Y CUSTODIA DE MI HIJA F.V.O.A., ASÍ COMO EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA APROPIADO, LO QUE SIN DUDA VA A AFECTAR EMOCIONALMENTE A MI HIJA POR LA SITUACIÓN DE INESTABILIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRA". Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: ".LA OMISIÓN PARA DOTAR DE RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS AL C. JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, ESTE ÚLTIMO COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE OAXACA, Y ESTAR EN POSIBILIDADES DICHO JUZGADO DE ATENDER LA EXCESIVA CARGA DE TRABAJO CON QUE CUENTA, LO QUE SE TRADUCE EN UNA EVIDENTE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EFICIENCIA QUE DEBE REGIR A LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN DICHO CONSEJO. DE IGUAL FORMA DICHA OMISIÓN ES UTILIZADA COMO EXCUSA POR PARTE DEL CITADO JUZGADOR DE LO CIVIL, PARA VIOLENTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SUSCRITA Y DE MI HIJA F.V.O.A, A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA". Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: ".LA OMISIÓN PARA CONSIDERAR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y SUBSECUENTES QUE LLEGUEN A EMITIRSE, LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A LOS JUZGADOS EN MATERIA FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE OAXACA, EN VIRTUD DE QUE DICHAS ASIGNACIONES SE DECRETAN EN FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE OAXACA Y LOS JUZGADOS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL Y JUZGADOS DEL SISTEMA TRADICIONAL; SIN CONSIDERAR LA IMPORTANCIA DE LA LABOR DE LOS JUZGADOS EN MATERIA FAMILIAR QUE ADEMÁS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, POR SER LA FAMILIA LA BASE DE NUESTRA SOCIEDAD". 1.2. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 3 a 10). Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha veinte de marzo del año en curso (fojas 12 a 15) se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 254/2019 y se previno a la quejosa para que acreditara la personalidad que ostenta en este juicio de amparo, como representante legítima de su menor hija F.V.O.A., y para el efecto de que aclarara su promoción inicial constitucional. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. 3.1. Por escrito presentado el uno de abril de este año (fojas 18 a 27), la quejosa: a) Exhibió la impresión del acta de nacimiento de F.V.O.A, con la que acredita que esta última es menor de edad y que es su hija y, en consecuencia, demostró su representación legítima en esta instancia constitucional; y, b) Señaló que el acto que atribuye al juez de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y que refiere vulnera el artículo 4º constitucional, se traduce en que esa autoridad judicial señaló el once de junio de dos mil diecinueve, para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 04/2019, es decir, una fecha comprendida en un lapso de tres meses posteriores a aquélla en que se celebró la primera audiencia (veintiocho de febrero del año en curso). Por lo que, en proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve (fojas 33 a 37) se admitió la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 3.2. En diverso acuerdo de veintiuno de junio del año que transcurre (fojas 143 y 144) se ordenó emplazar a este juicio de amparo a Rolando Ortiz García, en su carácter de tercero interesado, quien se apersonó el cinco de julio siguiente (foja 159) y, previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y toda vez que este órgano de control constitucional, previno en el conocimiento del asunto . Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y, por los que se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por las autoridades responsables, son: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: a) La omisión para dotar de recursos humanos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que, como parte integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, esté en aptitud de atender la carga de trabajo con la que cuenta. b) La omisión para dotar de recursos económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que cumpla con los fines referidos en el párrafo anterior. Actos que la quejosa dice vulneran el principio de eficiencia que debe regir a los órganos que integran dicho Consejo, así como su derecho fundamental y el de su menor hija a una impartición de una justicia pronta y expedita. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: La omisión de asignar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y en los subsecuentes que lleguen a emitirse, un importe destinado a los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Estado de Oaxaca. Juez de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca: La fecha que señaló para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, en el expediente 04/2019, esto es, las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve. Lo que la solicitante del amparo señala vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal, relacionados con la impartición de una justicia pronta y expedita, toda vez que al haberse señalado esa fecha en un lapso de tres meses posteriores a la primera audiencia (veintiocho de febrero de dos mil diecinueve), genera una demora respecto a la guarda y custodia de su menor hija F.V.O.A. y del régimen de convivencia. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Autoridad responsable: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. La autoridad responsable, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a través de su presidenta (fojas 44 y 45), al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyen, consistentes en la omisión para dotar de recursos humanos y económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Al respecto, refirió que: a) Mediante sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Comisión de adscripción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado autorizó incrementar una Secretaría de Acuerdos al Juzgado Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca, con la finalidad de abatir la carga de trabajo y agilizar el trámite de los expedientes. b) En diversa sesión extraordinaria de catorce de marzo de este año, por necesidades del servicio, se adscribió a Myrna Soledad Castro Camacho, como secretaria judicial de dicho órgano judicial; y, c) Que no tiene atribuciones legales para otorgar recursos económicos a los Juzgados de Primera Instancia, en virtud que el destino y la aprobación del presupuesto anual de egresos del Estado de Oaxaca, es una facultad del Poder Legislativo. Ahora, la parte quejosa reclama de esa autoridad responsable actos de abstención, como lo son las omisiones para dotar de recursos humanos y económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que, como parte integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, esté en aptitud de atender la carga de trabajo con la que cuenta. De ahí que, para establecer si se actualiza o no tal omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de la responsable de actuar en la forma que se le atribuye, porque de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la existencia objetiva de que se debe actuar en determinado sentido; atento a la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, de rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca establece las facultades que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, entre las que se encuentran: "Artículo 52. V. Elaborar, discutir, modificar o aprobar, según proceda, el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, el cual deberá contener las partidas suficientes para el funcionamiento de los tribunales especializados; con excepción del Tribunal Superior de Justicia; VI. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado, con excepción del que corresponde al Tribunal Superior de Justicia y a los Tribunales Especializados, que lo ejercerán en términos de esta ley". Como se advierte, la fracción V de ese numeral prevé como facultad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la relativa a elaborar, discutir, modificar o aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, a efecto de que, en su momento, sea aprobado por el Congreso del Estado. De ahí que dicho órgano jurisdiccional, contrario a lo que se aduce, sí podría realizar una adecuación presupuestaria y, por ende, destinar una partida a los Juzgados de Primera Instancia. Por lo expuesto y en virtud que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve (artículo 26), no se advierte se encuentra asignada una cantidad para los Juzgados de Primera Instancia, entre los que se encuentran el Juzgado Civil de Tehuantepec, Oaxaca, se tiene por cierto el acto que se le reclama, relativo a la omisión de dotar recursos económicos a este último órgano judicial. De igual forma, se tiene por cierto el diverso acto que se atribuye a dicha autoridad, consistente en la omisión para dotar de recursos humanos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, pues, aun cuando el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a través de su presidenta (fojas 44 y 45), en su informe justificado, haya manifestado que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Comisión de adscripción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado autorizó incrementar una Secretaría de Acuerdos al Juzgado Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca, con la finalidad de abatir la carga de trabajo y agilizar el trámite de los expedientes y mediante diversa sesión extraordinaria de catorce de marzo de este año, por necesidades del servicio, se adscribió a Myrna Soledad Castro Camacho, como secretaria judicial de dicho órgano judicial. Sin embargo, con lo expuesto por la citada autoridad no se puede considerar que se hubiere superado la carga de trabajo de ese órgano judicial. Autoridad responsable: Congreso del Estado de Oaxaca. Por su parte, la diversa responsable, Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca, a través de su presidenta (fojas 66 a 68), al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la omisión de asignar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, un importe destinado a los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Estado de Oaxaca. En lo que interesa, señaló que mediante decreto número quince, de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del que, dice, forma parte el artículo 26 que se le reclama. Sin embargo, al no manifestar el motivo de su parcialidad, se tiene por cierto el acto que se atribuye a esa autoridad. Autoridad responsable: juez de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca: En su respectivo informe justificado (fojas 93 y 94), la secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley de ese órgano judicial, convino en la existencia del acto que se le reclama, consistente en la fecha que señaló para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, en el expediente 04/2019, esto es, las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve. En lo que interesa, señaló que en proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, al encontrarse facultada para intervenir de oficio en los asuntos que afectan a la familia, especialmente tratándose de menores, con la finalidad de agilizar el procedimiento, fijó las doce horas del veinticuatro de mayo de este año, para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos; por lo que, dice, dejó sin efectos la fecha inicialmente señalada para ello (catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve). Como justificación de su informe, las citadas autoridades responsables remitieron copia certificada de las constancias respectivas. Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo . En este considerando, se analizará la causa de improcedencia que se actualiza respecto del siguiente acto reclamado: La omisión para dotar de recursos humanos y económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que, como parte integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, esté en aptitud de atender la carga de trabajo con la que cuenta. Lo que se reclama al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; y, 2. La omisión de asignar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y en los subsecuentes que lleguen a emitirse, un importe destinado a los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Estado de Oaxaca. Que se atribuye al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En relación a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las omisiones que se reclaman no son reparables a través del juicio de amparo, dado que no es posible jurídicamente obligar a las autoridades responsables a que colmen la falta de previsión en esos aspectos, porque ello implicaría dar efectos generales a la ejecutoria, pues la reparación constitucional entrañaría obligarlas a emitir una redistribución de recursos mediante la realización de un acto legislativo aplicable a todos los gobernados y autoridades, cuya actuación tuviera relación con el presupuesto de egresos, y no sólo respecto de las quejosas, lo que resultaría apartado del principio de relatividad de las sentencias de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, previene lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Por su parte, la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda...". En este contexto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejecutabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la citada Norma Suprema . Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". Luego, de los preceptos legales y constitucionales transcritos, se advierte que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia, lo que en la doctrina se conoce como el principio de relatividad de las sentencias de amparo. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Además, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Ilustra lo anterior la jurisprudencia número P./J. 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 197245, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En este sentido, el juicio de amparo constituye un sistema de control constitucional, de modo que una eventual sentencia que en su caso conceda la protección de la Justicia Federal, circunstancia pretendida por la parte solicitante del amparo, transgrediría los principios que rigen el juicio, de ahí que la acción constitucional se torna improcedente . En la especie, como quedó precisado, la parte agraviada reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y del Congreso del Estado de Oaxaca: a) La omisión para dotar de recursos humanos y económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que esté en aptitud de atender la carga de trabajo con la que cuenta; así como: b) La omisión de asignar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y en los subsecuentes que lleguen a emitirse, un importe destinado a los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Estado de Oaxaca. Lo que la quejosa dice que se vulnera el principio de eficiencia que debe regir a los órganos que integran dicho Consejo, así como su derecho fundamental y el de su menor hija a una impartición de una justicia pronta y expedita; por lo que solicita se repare esa omisión por la responsable. En efecto, se trata de omisiones normativas, pues la legislación citada contiene disposiciones generales, impersonales y abstractas. En este sentido, debe decirse que el presupuesto de egresos de esta Entidad Federativa es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, prevista en la fracción XXI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , que tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención de derechos, lo que lo constituye un acto formalmente legislativo pero materialmente administrativo, que proviene de una colaboración del Poder Ejecutivo que lo proyecta al Congreso del Estado que lo aprueba. Ahora bien, las omisiones a las que se hace referencia no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pues dadas las características de las mismas, en caso de que los motivos de disenso resultaran fundados, no sería posible obligar a las autoridades responsables a reparar tales omisiones normativas; es decir, a emitir un nuevo precepto que incluya en el mismo lo que la parte quejosa considera que debe ser incluido. Efectivamente, si se obligara a reparar omisiones normativas como las mencionadas, primero tendría que establecerse que el amparo es procedente; enseguida, que dichas omisiones existen, las que puede obedecer a falta de previsión voluntaria o involuntaria de legislador, es decir, a negligencia y no se limitaría a asignar una cantidad de dinero para éste, pues ello implicaría una redistribución de recursos, mediante la realización de un acto legislativo con características generales, abstractas y permanentes. En efecto, el juzgador se encuentra facultado para analizar si los efectos de una eventual concesión de la protección de la Justicia Federal pueden ejecutarse, a fin de restituir a la parte quejosa en el derecho que aduce transgredido, por eso constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable, como acontece cuando para ello se violan los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de relatividad que rige las sentencias en la materia, previsto en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esas consideraciones encuentran sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1060, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. En ese sentido, se estima que de concederse la protección federal a las quejosas, para que las autoridades responsables legislen respecto a lo que solicitan y se establezca en el Presupuesto de Egresos una partida para dotar de recursos humanos y económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, traería como consecuencia darle efectos generales a la sentencia que al respecto se dicte, transgrediéndose con ello los principios rectores del juicio constitucional, como se mencionó, el de la relatividad de las sentencias. Ello es así, porque la reparación constitucional llevaría como consecuencia la creación de una nueva norma, la que vincularía no sólo a la parte peticionaria del amparo sino que sería de carácter general, puesto que a través de la actividad legislativa se crean reglas generales, abstractas y permanentes, que se aplican a la totalidad de los gobernados y a todas las autoridades. Es aplicable la tesis 2a. VIII/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ciento sesenta y cuatro, libro XVII, correspondiente al mes de febrero de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo Y, por identidad de razón, la tesis número IX.1o.5 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 2620, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004534, que a la letra dice: "OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RELATIVA A DESTINAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, UNA PARTIDA PARA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. El presupuesto de egresos de la Federación ordena el gasto público mediante la distribución y asignación del erario; por ende, la reparación de la omisión de destinar una partida para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, no se limitaría a asignar una cantidad de dinero para éste, pues ello implicaría una redistribución de recursos, mediante la realización de un acto legislativo con características generales, abstractas y permanentes, lo que es legalmente imposible mediante el juicio de amparo, por lo que éste es improcedente contra dicha omisión legislativa, conforme al artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu." Tampoco pasa inadvertido lo dispuesto por el precepto 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos, pues la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo actos legislativos a fin de que sean modificados, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que, de estimar procedente el juicio constitucional contra los actos reclamados, se inobservaría dicho precepto, ya que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general. En esas condiciones, dado que, en el caso, se materializó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento, además, en el precepto 63, fracción V, del primero de los ordenamientos legales. Quinta. Diversa causa de improcedencia. En relación con el acto reclamado al juez Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca, consistente en la fecha que señaló para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 04/2019, esto es, las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve; lo que la quejosa dice que vulnera su derecho fundamental y el de su menor hija a una impartición de una justicia pronta y expedita, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del quejoso, de modo que ya no puede producir efecto alguno. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad a quien se le atribuyó tal proceder deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la extinción definitiva del actuar de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos inmersos, que se puede ver acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una determinación que ya no está surtiendo sus efectos. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En ese sentido, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: a) Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. b) Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. De las constancias remitidas por la secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca, como justificación a su informe y que obran en un tomo por separado, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haberse expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por los diversos numerales 129, 197 y 202 del referido ordenamiento legal, se advierte, en lo sustancial, que los antecedentes del asunto son: I. En el Juzgado Civil del distrito judicial de Tehuantepec se encuentra radicado el expediente 04/2019, relativo al juicio de controversias del orden familiar sobre guarda y custodia, promovido por Rolando Ortiz García, contra la aquí quejosa (fojas 2 a 5 del tomo anexo I). II. El siete de enero de dos mil diecinueve (fojas 1 y 8 a 10 del tomo anexo I) se admitió a trámite esa controversia, se ordenó emplazar a la demandada, aquí quejosa, se señalaron las diez horas del veintiocho de febrero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos y se otorgó a Rolando Ortiz García, la guarda y custodia provisional de la menor F.V.O.A. III. En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada a las diez horas del veintiocho de febrero de este año (fojas 52 a 81 del tomo anexo I) se desahogaron diversas pruebas ofrecidas por las partes y, en virtud de la excesiva carga de trabajo y por ser la fecha más próxima en su agenda laboral, se fijaron las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve, para la continuación de dicha audiencia; señalamiento de esa fecha que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional (foja 79 del tomo anexo I). IV. En acuerdo dictado el siete de mayo del año en curso (fojas 110 y 115 del tomo anexo I), entre diversas cuestiones, la secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca, dejó sin efectos la audiencia de ley señalada para las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve y, en su lugar, fijó las doce horas del veinticuatro de mayo del año en curso, para que tuviera verificativo la continuación de esa audiencia de pruebas y alegatos. Este órgano de control constitucional estima que, respecto del citado acto reclamado, se actualiza la referida causa de improcedencia, en razón de que ha cesado en sus efectos, pues sobrevino un acto emitido por la secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca; autoridad que, por manifestar que se encuentra facultada para intervenir de oficio en los asuntos que afectan a la familia, especialmente tratándose de menores y con la finalidad de agilizar el procedimiento, dejó sin efectos la fecha que inicialmente señaló para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, esto es, las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve (la que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo) y, en su lugar, fijó las doce horas del veinticuatro de mayo del año en curso, para que tuviera verificativo esa diligencia (foja 115 del tomo anexo I). Siendo esta última fecha la que con posterioridad rigió en esta instancia constitucional. Apoya lo anterior, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 176051 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C. J/22 Página: 1579 ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO". En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por las causales de improcedencia decretadas impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No es obstáculo para que el titular de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca dicte y firme esta sentencia, el hecho de que la audiencia constitucional la celebrara la secretaria del Juzgado encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el titular reanudó sus funciones a partir del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, fecha en la que cesó en sus funciones la sustitución de la secretaria; de ahí que, si con anterioridad a ese día no se había firmado la sentencia que debió dictarse en la audiencia constitucional, no es factible prolongar más allá del lapso vacacional las funciones de la encargada del despacho, por lo cual, corresponde al titular el dictado y firma de la misma. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 36/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30, Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN. De acuerdo con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 155 de la Ley de Amparo, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, la que se integra, entre otros actos, con la sentencia, con la que culmina dicha audiencia. De esas disposiciones y principios, deriva que el secretario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para fallar los asuntos de amparo en los términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe dictar la sentencia el mismo día en que se celebre la audiencia constitucional; y por excepción, si el cúmulo de las labores y atenciones que demanda el juzgado impide al secretario, en funciones de Juez, dictar la sentencia el día de la audiencia, debe firmar el acta relativa junto con el funcionario judicial que funja como fedatario, a fin de cerrar formalmente el periodo de la audiencia ese mismo día. En esta última hipótesis, el secretario autorizado podrá, válidamente, dictar la sentencia correspondiente con posterioridad, a condición de que se encuentre dentro del tiempo que comprende la autorización, pues si dicho periodo ya transcurrió y, por ende, ya está en funciones el Juez titular, sólo a éste corresponderá dictar la sentencia respectiva, en el caso de que el acta de la audiencia esté levantada y formalmente cerrada. En el supuesto de que el secretario autorizado, sin haber dictado la sentencia en los términos anteriores, tampoco firme con su fedatario el acta de la audiencia constitucional, ante la falta de constancia que pruebe su formal existencia, la audiencia deberá reponerse por el titular, independientemente de la responsabilidad que pueda resultar al secretario autorizado. El criterio que asume este Tribunal Pleno, además de que respeta los principios procesales que rigen la audiencia constitucional, circunscribe la actuación del secretario al tiempo estricto en que se le otorgó la autorización, con lo cual se acata el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal y se evita la inconveniencia jurídica de que en un momento dado existan dos Jueces en un mismo juzgado, si se permite que el secretario autorizado dicte la sentencia después de vencida su autorización, en asuntos en los que había presidido, con ese carácter, la audiencia". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yesenia Alderete Luna, por propio derecho y en representación de la menor F.V.O.A., contra: a) La omisión para dotar de recursos humanos y económicos al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que, como parte integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, esté en aptitud de atender la carga de trabajo con la que cuenta. Acto que atribuyó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. b) La omisión de asignar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y en los subsecuentes que lleguen a emitirse, un importe destinado a los Juzgados Familiares de Primera Instancia del Estado de Oaxaca. Que reclamó del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y, c) La fecha que se señaló para la continuación de audiencia de pruebas y alegatos, en el expediente 04/2019, esto es, las catorce horas del once de junio de dos mil diecinueve. Que se combatió del juez de lo Civil del distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca. En términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. En su momento, dése cumplimiento al último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. GMZR*
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