Yerlim Alemnia Rodlán Sueiro y Otros.

Expediente 574/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Yerlim Alemnia Rodlán Sueiro y Otros.
  • Yerlim Alemnia Rodlán Sueiro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintitrés de marzo del año en curso. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la resolución que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 574/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 574/2022-VI, promovido por *******, ******* y *******, en favor de ******* y *******, contra actos del Sub-representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, ante la Secretaria de Guardia del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, *******, ******* y *******, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de ******* y *******, contra actos del Sub-representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 23 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, se registró la demanda bajo el consecutivo *******, y se ordenó la ratificación de la misma por parte de las directamente agraviadas. Asimismo, toda vez que las ******* y *******, se encontraban alojadas en la Estación Migratoria de esta ciudad, el citado órgano jurisdicción mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto; y remitió los autos al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con residencia en esta ciudad. Ante ello, treinta de junio de dos mil veintidós, este juzgado aceptó la competencia planteada bajo el consecutivo 574/2022-VI, y en virtud de que las directamente agraviadas ratificaron el escrito inicial de demanda, la admitió a trámite, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se emplazó al fiscal federal, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte accionante del amparo reclamó al Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en Chihuahua, Chihuahua, así como al Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, y Sub-representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, ambos residentes en esta ciudad, lo siguiente: El Alojamiento, privación de la libertad, y detención en la Estación Migratoria; La Expulsión, proscripción, destierro y deportación a su país de origen; y, La Aplicación de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, relativos a la revisión migratoria. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en Chihuahua, Chihuahua, y el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, al rendir el informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. En razón de lo antes expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de acto reclamado. La autoridad responsable, Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, representación en Chihuahua, en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, por tanto, se presumen ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; para efectos de resolver el presente asunto. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que respecto a los actos reclamados al Sub Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, como se precisó, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa acudió a esta instancia reclamando lo siguiente: El Alojamiento, privación de la libertad, y detención en la Estación Migratoria; La Expulsión, proscripción, destierro y deportación a su país de origen; y, La Aplicación de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, relativos a la revisión migratoria. Sin embargo, de las constancias remitidas a este juzgado, se desprenden las comparecencias de diecisiete de junio de dos mil veintidós, realizadas por las directamente agraviadas ante el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, en esta ciudad. Asimismo, se advierten las solicitudes de retorno asistido, formuladas ante la Oficina de Representación en Chihuahua, por las agraviadas el diecisiete de junio de dos mil veintidós. De igual forma, se desprenden los acuerdos de salida con fines de regularización de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante los cuales el Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, permitió la salida de ******* y *******, de la Estancia Provisional Juárez; proveído que fue notificado a las quejosas en esa misma data. Documentales que por ser públicas se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En esas condiciones, si el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, permitió la salida de ******* y *******, de la Estancia Provisional Juárez; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a las quejosas en el goce de las garantías violadas, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concede la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a las autoridades migratorias responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 11, 14 y 16 Constitucionales en concordancia con la Ley de Migración, cesar los actos inconstitucionales, y proveer lo conducente respecto al ingreso y salida de las quejosas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de las directamente agraviadas en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación de las propias responsables. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******* y *******, contra actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia, en los términos expuestos en el tercer y último considerando de esta determinación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Se reciben constancias Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a los requerimiento formulados mediante autos de veintiséis de agosto, trece de octubre, dos, trece y veintisiete de diciembre, todos de dos mil veintidós, así como cinco y veinticuatro de enero y veintidós de febrero, todos de dos mil veintitrés, remite copia de los acuerdos de salida con fines de regularización de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, así como las notificaciones correspondientes, relativas a las quejosas ******* y *******. En consecuencia, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de las constancias que se reciben, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", residente en esta ciudad, a través del cual informa que la multa impuesta en el presente asunto quedó registrada en su sistema. Ahora, en relación a la petición que realiza el promovente, dígasele que *******, es el Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación Chihuahua, ya que es una sola autoridad. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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