Yesica Iveth Figueroa Villagomez
Expediente 229/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yesica Iveth Figueroa Villagomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En cuanto al incidente de suspensión original y duplicado, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a la destrucción del duplicado. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. De este modo, se ordena dar vista a la parte quejosa y a la tercero interesada, a fin de que dentro del plazo de noventa días naturales comparezcan ante este órgano jurisdiccional a recibir las documentales originales que fueron exhibidas, apercibidos que en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado serán destruidas con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 229/2019-V, promovido por **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de marzo del año en curso, ********** solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos del H. Congreso del Estado de Chihuahua, y otras autoridades, de quienes reclamó: DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, la expedición y aprobación del: DECRETO No. 493/2014 II P.O. LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DECRETA Artículo Único.- Se expide el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en los siguientes términos: Código De Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. En concreto, del Decreto, citado, se reclaman los ARTÍCULOS 369 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE) y 371 (TRESCIENTOS SETENTA Y UNO), DEL CITADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. "ARTÍCULO 369. Si la demanda se basa en un título que contenga deuda líquida y exigible, el juzgado despachará ejecución sin audiencia de la parte demandada, observándose en su caso respecto del secuestro de bienes, lo previsto en el capítulo de embargos". "ARTÍCULO 371. Si el título que tenga aparejada ejecución contiene obligación de hacer o de entregar cosas que sin ser dinero, se cuentan por número, peso o medida, sobre cosa cierta y determinada o en especie atendiendo a la naturaleza de la obligación contenida en el título, se señalará un término prudente para que se cumpla con la obligación." Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 59 del 23 de julio de 2014. DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, la promulgación y publicación del Decreto antes citado. DE. C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, el refrendo y publicación del Código aludido. DEL C. JUEZ NOVENO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIHUAHUA, señalo como acto reclamado, los acuerdos, sentencias y/o (sic) ordenes de ejecución dictados en el expediente 133/2019 de su índice de fechas 26 de febrero de 2019, consistentes en el auto admisorio de la demanda planteada por la hoy tercero interesada, que me fue notificado personalmente el día 28 de febrero de 2019, mediante los cuales aunado a admitir la demanda instaurada en mi contra, la autoridad responsable ordenadora, sin previo respeto a mi garantía de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso, dicto en mi perjuicio actos privativos de derechos de propiedades, posesiones y/o derechos; así mismo reclamo los actos tendientes a perturbar y pretender privar al suscrito de mi propiedad, posesiones y/o derechos que me corresponden, también reclamo cualquier otra resolución o acuerdo que sea consecuencia y/o accesorio del de fecha 26 de febrero de 2019. DE LAS AUTORIDADES ENUMERADAS DEL 5 AL 7 EN EL CAPÍTULO ANTERIOR, reclamo la ejecución de las órdenes dadas por la ordenadora, consistentes en llevar a cabo o dar cumplimiento a lo impuesto por la ordenadora, así como todas las consecuencias jurídicas derivadas de esas actuaciones y el hecho de perturbar, así como y pretender privar a la suscrita de sus propiedades, posesiones y/o derechos. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa aclaración, por proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el juicio el amparo 229/2019-V, se solicitaron los informes con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la impetrante reclama: 1. La expedición, aprobación, promulgación, publicación y refrendo del decreto 493/2014 II P.O., en concreto los artículos 369 y 371 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. 2. Así como los acuerdos, sentencias y/o ordenes de ejecución dictados el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y en fechas posteriores, en el expediente 133/2019 del índice del Juzgado Noveno de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, así como su ejecución, consistente en privar a la quejosa de sus propiedades, posesiones y/o derechos que le corresponden, respecto del bien inmueble ubicado en el centro comercial "LA CANTERA", local 6, en Avenida Tomás Fernández, número 7818, en esta ciudad. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos y la Coordinadora de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para los Juzgados Civiles y Familiares, negaron la existencia del acto que se les reclamo, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, convinieron en el acto reclamado, ello al comunicar que en el juicio ejecutivo civil 133/2019, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó el requerimiento de pago y embargo, así como el emplazamiento de la quejosa. Por su parte el Congreso, Gobernador y Secretario General de Gobierno, todos con sede en la ciudad de Chihuahua, manifestaron que es cierto el acto reclamado consistente en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación del Decreto No. LXIV/493/2014 II P.O. que contiene el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Chihuahua; publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha veintitrés de julio de dos mil catorce. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, el suscrito considera que existen diversas causales de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en un procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;[.]" Dispositivo del que se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos emanados de un procedimiento judicial, y por virtud de un cambio de situación jurídica en dicho procedimiento, las violaciones que se aleguen en contra del acto reclamado, deban considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse al respecto, sin afectar la nueva situación jurídica. Por escritos recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veinticuatro de abril y dieciséis de mayo del año en curso, el Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada del auto de doce de abril de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ejecutivo civil, promovido por Karla Ivette Romero Acosta, Rubén López Sánchez y Dinael Gibran Carrasco Mariscal, representantes legales de la moral denominada PC CAD 2016, sociedad anónima de capital variable (tercero interesada), en contra de Yesica Iveth Figueroa Villagómez (quejosa), en el que determinó lo siguiente: [.] por lo que el JUEZ ACUERDA: se tiene ambas partes del juicio, por ratificando en cuanto a contenido y firma el escrito presentado el día de hoy, mismo que contiene el CONVENIO JUDICIAL celebrado por ellos mismos. Y toda vez que el presente convenio no contiene cláusulas que contravengan la moral o disposiciones de orden público, y se encuentra ajustado a derecho, se eleva el convenio a CATEGORIA DE COSA JUZGADA, por otra parte y en uso de la voz él [LICENCIADO ********], manifiesta que; al tenor de este convenio también se exhibe escrito firmado por la señora [*********], donde se le tiene renunciando lisa y llanamente a reclamar de la parte actora a cualquier prestación que pudiera corresponder por motivo de este juicio y de los juicios tramitados con anterioridad bajo este tribunal; téngasele haciendo las manifestaciones que menciona. Por último se autoriza expedir a costa de la parte actora y la parte demandada, copias certificadas por triplicado de la presente diligencia, previa toma de razón que se deje en autos. Lo anterior de conformidad con el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles. Por lo anterior se da por terminado el presente juicio y se ordena, archivar el expediente como totalmente concluido.[.] Documentación que por ser pública se le confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. De esta manera se actualizó la citada causal de improcedencia, al haber celebrado la quejosa y la tercero interesada un convenio que diera fin al juicio ejecutivo civil 133/19, del índice del Juzgado Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, del cual emanaban los actos reclamados por la impetrante, por lo que, es inconcuso que hubo un cambio de situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la hoy amparista en el goce del derecho violado, ello únicamente respecto al acto reclamado al citado Juzgado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la citada Ley, con relación a los actos precisados en párrafos precedentes. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación del Decreto No. LXIV/493/2014 II P.O. que contiene el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Chihuahua; publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha veintitrés de julio de dos mil catorce; se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. De la interpretación de los preceptos transcritos se deduce que uno de los requisitos de la demanda de amparo es la expresión de los conceptos de violación. Desde tal perspectiva, salvo aquellos casos en que opere la suplencia de la queja deficiente, cuando la parte quejosa no formule conceptos de violación para combatir la ley o acto reclamados, el juicio de amparo será improcedente, porque no se puede juzgar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad sin la existencia de argumentos, a través de los que se expongan los elementos mínimos, sobre las razones particulares por las que se estima que un acto o ley es contrario a la Constitución General de la República. En la especie, la parte quejosa señaló de manera dogmática la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación del Decreto No. LXIV/493/2014 II P.O. que contiene el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Chihuahua; publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha veintitrés de julio de dos mil catorce; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que no expuso razonadamente por qué estima inconstitucional tal decreto de manera aislada, dado que no se encuentran vinculados directamente con el juicio de origen que impugna en esta instancia, sino que únicamente debate el decreto contenido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Lo anterior, evidencia que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XVII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de la materia. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 169, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, octava época, tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 114, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. Sobre estas bases, al actualizarse las reseñadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados que se analizaron en estos considerandos. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 229/2019-V, promovido por *********, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma **********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional, y que las documentales enviadas por el Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, no fueron rendidas con la anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de dichas constancias y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable, Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el diez del actual, y remite copia certificada del auto dictado el doce de abril del año en curso; lo cual se tomará en cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con base en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.***
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