Yensci Carrillo Vargas
Expediente 71/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Yensci Carrillo Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio 10452, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión laboral 176/2018 y los autos originales del juicio de amparo 71/2018-III, promovido por ********************, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Se confirma el auto de sobreseimiento recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****************, en contra de los actos reclamados a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, en el expediente 71/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, consistente en el aplazamiento injustificado del inicio y sustanciación del juicio 778/2047, radicado en esa junta arbitral. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran en el expediente los acuses de recibo de los oficios 8627/2018 y 10261/2018, dirigidos a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en Chihuahua, capital del mismo nombre. Atento a lo anterior, requiérase al Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, informe a este juzgado el tratamiento dado a los referido oficios, con número de registro postal 402133 y 601944, o, en su caso, remita copia certificada de dichos acuses. Apercibido que de no cumplir con lo que este auto ordena, se le impondrá como sanción una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que conste como corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión. En consecuencia, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra el proveído dictado el diez de abril de este año, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de abril de esta anualidad. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado signado por el Secretario de Acuerdos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre, y anexo consistente en el proveído de veintiuno de marzo de este año, con firmas autógrafas y sellos originales, dictado en el expediente JA/778/17, promovido por Yensci Carrillo Vargas en contra de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; en tal virtud, este juzgador federal acuerda: Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El uno de febrero de dos mil dieciocho, xxxxx, por su propio derecho, interpuso demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnada el mismo día a este Juzgado, promovida contra actos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a quien le reclamó: El aplazamiento injustificado del inicio y sustanciación del juicio administrativo 778/2017, radicado ante su potestad por más de cuatro meses. En los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa narró en lo que aquí interesa, que el quince junio de dos mil diecisiete, interpuso demanda laboral en contra de su empleador, ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, la que por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, declinó su jurisdicción y competencia a la aquí autoridad responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Chihuahua, Chihuahua, quien a la postre asumió jurisdicción y radicó su queja laboral bajo el expediente 778/2017; sin embargo, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, presentaron un escrito de veintinueve de septiembre de ese año, pero la responsable ha sido omisa en acordar lo correspondiente. 2. La parte quejosa consideró vulnerado los derechos contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 71/2018-III; se solicitó a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Por oficio recibido en este juzgado el nueve de abril de este año, el Secretario de Acuerdos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, exhibió el acuerdo dictado en el expediente JA/778/17, con firmas autógrafas y sellos originales, en el que acepta la competencia planteada y se tiene a xxxxx, demandando en la vía burocrática laboral a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, asimismo, tuvo por recibido el escrito de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, presentado el nueve de octubre de ese mismo año, por la ahora quejosa y proveyó lo conducente. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, el aplazamiento injustificado y sustanciación del juicio administrativa 778/2017, radicado ante dicha junta por más de cuatro meses, ya que ha sido omisa en acordar el escrito de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que presentó la quejosa el nueve de octubre de ese año. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable dictó un acuerdo el veintiuno de marzo del año en curso, en el que, entre otras cosas aceptó la competencia planteada; tuvo a la aquí quejosa, demandando en la vía burocrática laboral a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; y tuvo por recibido el escrito de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, presentado el nueve de octubre de ese mismo año, por la ahora quejosa y proveyó lo conducente. Bajo esas premisas, en virtud de que la autoridad responsable emitió el acuerdo de veintiuno de marzo de este año, en el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de octubre de dos mil diecisiete, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada xxxxx, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria xxxxx, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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