Yenit Cosme Castilla

Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
197/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Yenit Cosme Castilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que la quejosa omitió impugnar el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, que tuvo no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, transcurrió del trece al veinte de marzo de dos mil dieciocho, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificada para ello, como se advierte de la diligencia de notificación respectiva (la segunda notificación realizada y que se considera en lugar de la primera, conforme al derecho fundamental de acceso a la justicia). Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de cinco de marzo de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Se agrega a los autos el sobre el cual contiene el oficio 7775/2018, dirigido al Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, de Negrete, Puebla, devuelto a esta autoridad con la leyenda "rehusada por mp 1,2,3,4,5 y orientadores ya que manifiestan que no cita mesa o turno". Ahora bien, a fin de evitar mayores dilaciones, se ordena notificar el contenido del proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, al Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, de Negrete, Puebla, por conducto del Fiscal General del Estado de Puebla. Para tal efecto, gírese oficio en donde se inserte este proveído, y se anexe el diverso de trece de marzo de esta anualidad. Se le hace saber al fiscal de mérito, cuenta con el término de tres días para informar las gestiones efectuadas para notificar al agente del ministerio público responsable. Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le apercibe en caso de ser omiso a lo requerido en este proveído, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario).

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección signada por *** por propio derecho, contra actos del Fiscal de Investigación Metropolitana (sic) y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierten irregularidades en las denominaciones de varias autoridades responsables, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva porque de admitir el juicio, se imposibilitaría la notificación con la posibilidad de dejar a la quejosa en estado de indefensión. Para demostrarlo, se hace notar que en el capítulo específico de las autoridades responsables, la quejosa introdujo varias que tienen denominación imprecisa, en particular las siguientes: ? Fiscal de Investigación Zona Metropolitana (sic); ? Jueces Penales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo (sic), y ? Juez de Control y Ejecución Penal con sede en el Estado de Puebla. Tales denominaciones resultan imprecisas porque los antecedentes que se tienen de la Fiscalía General del Estado de Puebla, han reflejado la inexistencia de la autoridad que se denominó en forma genérica como Fiscal de Investigación Zona Metropolitana (sic). Además, los términos en que se redactó la demanda, impiden determinar si los jueces penales corresponden al Distrito Judicial de Puebla, o bien a una diversa entidad federativa. Incluso debe indicarse la necesidad de que se especifique la sede del único juez de control que fue señalado como responsable, pues en el Estado de Puebla existen diversas sedes (regionales judiciales) motivo por el cual debe puntualizarse la sede concreta para identificar la autoridad a la que deberá librarse el oficio de notificación. Bajo este contexto, se declara la irregularidad de la demanda, en las autoridades citadas, y habrá de requerirse la aclaración, porque de admitirla en los términos propuestos, se imposibilitaría el emplazamiento de las autoridades al grado de generar la posibilidad de sobreseimiento, por la falta de una responsable concreta. Inclusive puede señalarse que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual desde luego debe ser la correcta, completa y actual; cuya carga procesal corresponde al peticionario del amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción III, y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: 1. Indique el distrito judicial o entidad a la que pertenecen las autoridades ordenadoras que denominó jueces penales primero a octavo en el Estado (sic) así como la sede (región judicial) a la que pertenece el Juez de Control y Ejecución Penal en el Estado de Puebla (sic). 2. Proporcione la denominación correcta de la autoridad que denominó como: Fiscal de Investigación Zona Metropolitana. Se hace saber a la promovente que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a la promovente que la prevención anterior, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades inexistentes) y también asegurará una integración pronta de la litis constitucional, para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla); y quedan autorizados para tales efectos, las personas que menciona en la misma, porque omitió conferirles facultades amplias. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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