Yazmin Itzel Trujillo Macias

Expediente 146/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
146/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Titular de la Unidad de Investigación de la Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Puebla
  • Yazmin Itzel Trujillo Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Ejecutoria de Colegiado de Circuito. Por otra parte, se recibe el oficio y anexo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 9/2023, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, Acúsese de recibo. En dicha ejecutoria la superioridad declaró competente para conocer de la demanda promovida por *, al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ordenando remitirle los autos originales de este controvertido constitucional. En tales condiciones, lo procedente es ordenar el archivo del presente expediente, como asunto concluido, bajo los siguientes lineamientos. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que se decretó incompetencia para conocer del asunto. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por último, toda vez que en el presente controvertido no se aperturó incidente de suspensión, es improcedente realizar manifestación alguna al respecto

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Se acepta competencia del conflicto competencial. Visto el oficio de cuenta de la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual comunica el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el conflicto competencial 9/2023 de su índice; se advierte que: La magistrada presidenta de dicho tribunal colegiado informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial, en atención a que se suscita entre dos jueces de distrito, pertenecientes a este circuito judicial, uno con competencia mixta, entre ellas en materia administrativa - Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla- y uno en materia penal - este órgano jurisdiccional (Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla)-. Lo anterior, a efecto de que este órgano judicial manifieste lo que a su interés convenga. Al respecto, de manera respetuosa, se reitera al Tribunal Colegiado de referencia, lo siguiente: De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado lo constituye: "La resolución dictada mediante oficio *, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que resolvió la omisión a realizar las medidas cautelares solicitadas, consistente en evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, que impiden la continuación de los efectos perjudiciales de la falta administrativa y evitar la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento o responsabilidad administrativa; el cuál Me fue notificado el día veinte de enero del año dos mil veintitrés; mediante correo electrónico autorizado para realizarme notificaciones, personales.." (sic) Ahora, respecto de los actos reclamados se advierte que no involucran en modo alguno la libertad de la quejosa y, por ende, tampoco se aplicó alguna legislación penal (legislación local o federal) para emitirlos. En efecto, dichos actos no tienen relación con alguna actividad de investigación o persecución por la comisión de un delito pues, como se precisó, no tienen origen en el cumplimiento de una norma jurídica del índole penal, en donde de manera directa o indirecta se afecte la libertad personal de la quejosa, así como tampoco con la investigación de un delito o el trámite de algún proceso penal o carpeta de investigación. De ahí que, se considere que los actos reclamados son de naturaleza administrativa puesto que no derivan directamente de un proceso penal o carpeta de investigación. Es así, pues los actos combatidos derivan de la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Titular de la Unidad de Investigación de la Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, lo que no constituye ni deriva de actos de investigación realizados por autoridades ministeriales y ejecutadas por policías a su cargo y desarrollados en una investigación del proceso penal; por el contrario, en realidad se trata de actos -substancialmente- de naturaleza administrativa, que derivan de una queja planteada por la propia parte quejosa sobre alguna falta administrativa de diversos servidores públicos. En ese orden de ideas, el Titular de la Unidad de Investigación de la Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, actúa desde su esfera de competencia legal y, en ese caso, su actuación yace sólo en el ámbito administrativo, pues al emitir o generar los actos reclamados no lo hace como autoridad investigadora de delitos ni tampoco con el efecto de perseguir un ilícito o acusar a un imputado, o cuestiones similares, sino como una entidad administrativa de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De tal suerte que, el acto reclamado tiene una naturaleza jurídica administrativa; ello, atendiendo a que la parte quejosa solicitó medidas cautelares con motivo de la denuncia por responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, por la actuación de la fiscal (o agente del ministerio público) y un agente investigador en la integración de la carpeta de investigación e, incluso, la resolución relativa al no ejercicio de la acción penal todavía no se ventila en la audiencia de control señalada para el mes de abril ante el juez de control que corresponda; por ello, es evidente que la naturaleza jurídica del acto reclamado en la demanda de amparo es intrínsecamente penal. En mérito de todo lo anterior, es que se considera que este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, no es competente legalmente en razón de materia para conocer de la demanda de amparo origen del conflicto competencial de referencia. Manifestaciones que se realizan para los efectos legales conduc

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Conflicto competencial. Visto el oficio de cuenta del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial */2023, de su índice, planteado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y este órgano jurisdiccional (Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla). En dicha ejecutoria se resolvió en el siguiente sentido: ".PRIMERO.- Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito se declara legalmente incompetente para conocer del conflicto competencia planteado SEGUNDO.- Se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.". Por consiguiente, se ordena glosar el testimonio de la ejecutoria al cuaderno de antecedentes; y acusar recibo a la superioridad por el oficio y anexo mencionados. De lo anterior, esta operadora jurídica toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Conflicto competencial. Visto el oficio de cuenta de la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual comunica el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el conflicto competencial 7/2023 de su índice; se advierte que la presidenta magistrada de dicho tribunal colegiado determinó que es competente para resolver el conflicto planteado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y este órgano jurisdiccional (Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla). De lo anterior, esta operadora juridica toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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