Yazmin Marcela Granados Gonzalez

Expediente 838/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
838/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Yazmin Marcela Granados Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales. No se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), motivo por el cual se deja de proveer al respecto. Sin cuaderno de suspensión. No ha lugar a emitir pronunciamiento, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió el incidente.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo signada por XXXX, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otra autoridad. Materia del juicio. Las órdenes de búsqueda y presentación giradas en contra de la quejosa, por el Fiscal General del Estado de Puebla; y La ejecución de las mismas. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. n ese sentido, al realizar un análisis integral de las constancias que integran el presente asunto, la suscrita juzgadora federal considera que en este caso se configura la causa de improcedencia consagrada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con las fracciones III y IV del diverso 107, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo3 . Lo anterior es así, pues los actos reclamados consistentes en las órdenes de búsqueda y presentación libradas en su contra, las cuales las atribuye a una autoridad administrativa (Fiscal General del Estado de Puebla), en su carácter de ordenadora, permite visualizar a actualización de una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta. Para explicar lo anterior, primero se toma en consideración que la regulación de la presentación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Incluso, en la referida audiencia el imputado podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo que de conformidad con la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta y estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Entonces, la afectación a la libertad personal de la quejosa solamente se verá afectada en caso de que alguna autoridad judicial llegue a emitir una orden de aprehensión o de comparecencia a través de la fuerza pública, en su contra. Por consiguiente, los actos consistentes en las órdenes de búsqueda y presentación, así como la ejecución de las mismas, se tratan de actos fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. La quejosa aduce reclamar la existencia de unas órdenes de búsqueda y presentación, ello debido a que señala como responsable ordenadora a una autoridad administrativa (Fiscal General del Estado de Puebla), a la cual le atribuye dichos actos; de modo que el reclamo planteado, está circunscrito en realidad a una orden de detención con fines de investigación emitida para la quejosa, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando vaya dirigida a ésta, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por la quejosa, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con las fracciones III y IV del diverso 107, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la quejosa. De lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con las fracciones III y IV del diverso 107, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento.

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