Yazmin Ruiz Rosas

Expediente 478/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
478/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • Yazmin Ruiz Rosas
  • Juez Octavo de lo Penal de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, pues al constituirse en el domicilio que obra en autos, nadie acudió a su llamado y la puerta de acceso principal estaba cerrada, la cual le impidió acceder a éste. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis por medio de lista de acuerdos. ACUERDO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete junio de dos mil dieciséis (fojas 60 a 80), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Yazmín Ruiz Rosas, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 54/2016; únicamente por cuanto a la aquí quejosa. 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta resolución, concretamente, en el apartado del cuerpo del delito, deberá precisar claramente: 2.1. Con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos de los delitos que se atribuyen a la peticionaria de amparo; y, 2.2 La forma de autoría o participación en que incurrió la aquí quejosa en la comisión de los delitos de falsificación de acciones y obligaciones, y otros documentos de crédito público, encubrimiento por receptación y cohecho, así como la prueba o pruebas con que esa participación se acredita." (fojas 79 vuelta y 80). Resolución que el doce de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 160 a 163). Por lo anterior, mediante oficio 5758 de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 341 a 399), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 54/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, así como las diversas de quince de julio y dieciocho de agosto, ambas del mismo año, con las cuales pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 344). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a decretar contra la aquí amparista auto de formal prisión respecto de los delitos de falsificación de acciones y obligaciones y otros documentos de crédito público, encubrimiento por receptación y cohecho, previstos y sancionados por los artículos 212 Bis, 245 Bis, fracción III, 426, fracción II y 427, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Formal prisión en la cual, estableció que los elementos del cuerpo del delito de falsificación de acciones y obligaciones y otros documentos de crédito público, previsto y sancionado por el artículo 245 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, son: "A) La acción de poseer o detentar, indebidamente tarjetas, títulos o documentos auténticos para el pago de bienes o servicios, sin consentimiento de quien esté facultado para ello. B) Que esa posesión o detentación se haga con conocimiento de ese hecho. C) Existencia del nexo causal de la conducta desplegada y el resultado obtenido." (fojas 347 vuelta y 348). Asimismo, estableció los elementos de prueba con los cuales se acredita cada uno de dichos elementos del cuerpo del delito (fojas 348 a 365). Respecto del delito de encubrimiento por receptación, previsto y sancionado por el artículo 212 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, refirió que los elementos que lo conforman son: "a) El que sin haber participado en un delito. b) Adquiera o posea objetos o productos del delito. c) No adopte las precauciones indispensables para cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella. d) La existencia de un nexo causal entre conducta desplegada y resultado obtenido." (fojas 365 y 365 vuelta). Asimismo, estableció los elementos de prueba con los cuales se acredita cada uno de dichos elementos del cuerpo del delito (fojas 365 a 377). Y, por cuanto hace al delito de cohecho, previsto y sancionado por los artículos 426, fracción II y 427 del Código Penal del Estado de Puebla, dijo que los elementos de dicho cuerpo del delito son: "a) Que alguien directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona. b) Dé u ofrezca dinero, algún servicio o bien cualquier otra dádiva. c) A la persona encargada de un servicio público, sea o no funcionario. d) Para que haga o deje de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones." Asimismo, estableció los elementos de prueba con los cuales se acredita cada uno de dichos elementos del cuerpo del delito (fojas 378 a 390). Por otra parte, en el apartado relativo a la probable responsabilidad de la aquí quejosa en la comisión de los delitos imputados, estableció que la intervención y participación de la misma fue directa, en términos del artículo 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla (foja 397), estableciendo igualmente los medios de prueba con los cuales se acredita la misma (fojas 390 a 397). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa las resoluciones de treinta de agosto y dos de septiembre, ambas de dos mil dieciséis, pues al constituirse en el domicilio que obra en autos, advirtió que no estaba el timbre del despacho buscado y la puerta de acceso principal estaba cerrada, la cual le impidió acceder a éste. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y las resoluciones de treinta de agosto y dos de septiembre, ambas de dos mil dieciséis por medio de lista de acuerdos. EL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de veintidós de agosto del actual, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." EL PROVEÍDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 10020/2016 del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el diverso 6811/2016 signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y atento al contenido de este se provee: Téngase al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, acompañando copia mediante la cual se advierte el mismo; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que mediante auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis se tuvo a la autoridad responsable Juez Octavo de lo penal de la ciudad de Puebla dando cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio de amparo, y se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. Por otro lado, téngase al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla informando que la quejosa se encuentra interna en el centro penitenciario a su cargo, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte, agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que al constituirse en el domicilio indicado en autos para tales efectos, tocó los timbres que están a la entrada del edificio y fue atendido por una persona de sexo masculino quien le informó que no se encontraban los abogados y que por favor no tocara los timbres pues ninguno correspondía al despacho, y que no le podía permitir entrar a fijar el aviso pues no tiene autorización de los ocupantes del despacho 2013 para hacerlo, cerrando la puerta de acceso, por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. Atento a lo anterior, se comisiona nuevamente al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, aún en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, en caso de continuar la imposibilidad asentada en la razón de cuenta (que se encuentre cerrado el domicilio que busca y nadie atienda a su llamado) deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. El auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de veintidós de agosto del actual, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 10020/2016 del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el diverso 6811/2016 signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y atento al contenido de este se provee: Téngase al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, acompañando copia mediante la cual se advierte el mismo; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que mediante auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis se tuvo a la autoridad responsable Juez Octavo de lo penal de la ciudad de Puebla dando cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio de amparo, y se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. Por otro lado, téngase al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla informando que la quejosa se encuentra interna en el centro penitenciario a su cargo, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte, agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que al constituirse en el domicilio indicado en autos para tales efectos, tocó los timbres que están a la entrada del edificio y fue atendido por una persona de sexo masculino quien le informó que no se encontraban los abogados y que por favor no tocara los timbres pues ninguno correspondía al despacho, y que no le podía permitir entrar a fijar el aviso pues no tiene autorización de los ocupantes del despacho 2013 para hacerlo, cerrando la puerta de acceso, por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. Atento a lo anterior, se comisiona nuevamente al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, aún en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, en caso de continuar la imposibilidad asentada en la razón de cuenta (que se encuentre cerrado el domicilio que busca y nadie atienda a su llamado) deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. El auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de veintidós de agosto del actual, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de veintidós de agosto del actual, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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