Yasmin Jalife Nacul

Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
847/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Yasmin Jalife Nacul
  • Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. I. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente principal, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes incidentales, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 847/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Viridiana Ramírez Fernández de Lara, en su carácter de apoderada legal de Yasmín Jalife Nacul; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado electrónicamente el dos de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma contó con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, Viridiana Ramírez Fernández de Lara, en su carácter de apoderada legal de Yasmín Jalife Nacul, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades (fojas 2 a 6). La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3 vuelta). SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 17 a 28), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 847/2021; y se previno a la promovente para que precisara lo siguiente: "(.) PRIMERO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado con el cual pretende acreditar su personalidad es copia íntegra e inalterada del documento impreso (instrumento notarial número treinta y dos mil seiscientos setenta y siete de la Notaria Pública número veintinueve de Puebla, Puebla, con la que acredita que Yasmín Jalife Nacul otorgo en su favor Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en Materia Laboral). (.) SEGUNDO. Precise cuál es la denominación correcta de las autoridades responsables siguientes: "...JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, con domicilio oficial bien conocido. JUEZ DE ORALIDAD Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, con domicilio oficial bien conocido. CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA con domicilio oficial bien conocido. C. JUEZ ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN PUEBLA..." (.)" Posteriormente, mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 34 a 37), se recibió el escrito de desahogo de prevención de la mencionada quejosa; sin embargo, se tuvo dando cumplimiento parcial al requerimiento de que se trata, ya que la parte promovente expresó lo siguiente: ""Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el documento digitalizado que se anexó al escrito de demanda, es decir, la copia certificada del instrumento notarial número 32,677, Volumen 278, Folio 22,880 de fecha 20 de Mayo de 2015, pasado ante la Fe del Notario Público número 29 de Puebla, Puebla, es copia íntegra e inalterada del documento impreso..." (Foja 30). Por lo que se proveyó: ".De lo anterior, se advierte que la promovente dio cumplimiento al punto primero del auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, nada dijo respecto al punto segundo del citado requerimiento, es decir, no preciso cuál es la denominación correcta de las autoridades responsables antes mencionadas. En consecuencia, la quejosa deberá precisar las denominaciones actuales y correctas de las autoridades que pretende señalar como responsables. (.)". Y, se requirió de nueva cuenta a la parte promovente para que diera cabal cumplimiento a la prevención de seis de septiembre de dos mil veintiuno. Finalmente, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 47 a 69), se tuvo a la parte procesal en mención dando cabal cumplimiento al requerimiento de mérito, por lo que en esa data se desechó la demanda de amparo respecto de los actos que señaló como: II. Las órdenes de comparecencia o citación emitidas en su contra. III. La integración de alguna carpeta de investigación en su contra (sin que precise datos de la misma). IV. La omisión del ministerio público, de informarle respecto a la existencia de una averiguación previa o investigación ministerial o carpeta de investigación que se siga en su contra (sin que precise datos de la misma); y V. La negativa u omisión de recibirle pruebas dentro de la averiguación previa o investigación ministerial o carpeta de investigación, que exista en su contra (sin que precise datos de la misma). Asimismo se determinó no tener como autoridades responsables, las que la quejosa señalo como: "CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA con domicilio oficial bien conocido. C. JUEZ ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN PUEBLA." No obstante, se admitió la demanda de mérito respecto de I. Las órdenes de aprehensión o presentación dictadas en contra de la quejosa directa y su ejecución, formándose a su vez, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno (foja 111 y 112), se fijaron las nueve horas con veintiocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridad Inexistente. En acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se declaró inexistente a la autoridad señalada como responsable "11. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella, por lo que se excluye de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo y escritos de desahogo de las prevenciones efectuadas, así como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Viridiana Ramírez Fernández de Lara, en su carácter de apoderada legal de Yasmín Jalife Nacul, en esta instancia constitucional, reclama lo siguiente: - Las órdenes de aprehensión o presentación dictadas en contra de la quejosa directa; y, su ejecución. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega. Foja 80 2 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega. Foja 81 3 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega. Foja 82 4 Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega. Foja 86 5 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega. Foja 88 6 Juez Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Niega. Foja 115 7 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO. (A quien se ordenó que por su conducto se rindieran los informes justificados de los Jueces de Control señalados como responsables: JUECES DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: Abog. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Abog. Enrique López Criollo, Abog. Aarón Hernández Chino, Abog. Rosalba Elena Zarate Herrera, Abog. Javier Vázquez Fernández, Abog. Idalia Arciniega Arias, Abog. Rosa Aurora Espejel Prado, Abog. María Guadalupe Muñoz Pérez, Abog. Mirian Huerta Lechuga, Abog. Magally Escamilla Rodríguez, Abog. Ana Alicia Ponce Frías, Abog. José Alvarado Sarmiento Márquez y Abog. Karla Ivonne Munguía Olmos JUECES DE ORALIDAD DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN Abog. Gerardo Gutiérrez Gayosso, Abog. Abelardo Gil Martínez, Abog. Joel Daniel Baltazar Avalos y Abog. Gabriel Pérez Rocha Pérez. JUECES DE ORALIDAD DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA: Abog. David Rodríguez González y Abog. Karla Patricia Ambrosio Vargas Niega. Foja 87 8 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega. Foja 91 9 Director General de la Agencia Estatal de Investigación Niega. Foja 92 10 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Niega. Foja 83 Las autoridades responsables señaladas en la tabla anterior, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente, en términos del considerando segundo. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Viridiana Ramírez Fernández de Lara, en su carácter de apoderada legal de Yasmín Jalife Nacul, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se aprecia que ha fenecido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como: "11. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla."; sin que hubiera presentado promoción alguna para desahogar tal requerimiento. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno y, se tiene por inexistente a la autoridad indicada, ordenándose suspender cualquier comunicación procesal con ella. Notifíquese electrónicamente al quejoso y por lista a las demás partes.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintiuno. AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 847/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Viridiana Ramírez Fernández de Lara en su carácter de apoderada legal de Yasmin Jalife Nacul, auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), informes previos rendidos por las autoridades responsables y acuerdos que los tuvieron por recibidos. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y, el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Por tanto, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 847/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Viridiana Ramírez Fernández de Lara en su carácter de apoderada legal de Yasmin Jalife Nacul; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por Viridiana Ramírez Fernández de Lara en su carácter de apoderada legal de Yasmin Jalife Nacul, contra actos del 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados por la quejosa Viridiana Ramírez Fernández de Lara en su carácter de apoderada legal de Yasmin Jalife Nacul en el presente asunto son: - Las órdenes de aprehensión o presentación dictadas en contra de la quejosa directa; y, su ejecución. TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Niega 2 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Niega 3 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Niega 4 Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Niega 5 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Niega 6 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla Niega 7-25 Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Abog. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Enrique López Criollo, Aarón Hernández Chino, Rosalba Elena Zarate Herrera, Javier Vázquez Fernández, Idalia Arciniega Arias, Rosa Aurora Espejel Prado, María Guadalupe Muñoz Pérez, Mirian Huerta Lechuga, Magally Escamilla Rodríguez, Ana Alicia Ponce Frías, José Álvaro Sarmiento Márquez, Karla Ivonne Munguía Olmos), Jueces de Oralidad de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Gerardo Gutiérrez Gayosso, Abelardo Gil Martínez, Joel Daniel Baltazar Avalos, Gabriel Pérez Rocha Pérez), Jueces de Oralidad de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (David Rodríguez González y Karla Patricia Ambrosio Vargas), rendidos por conducto de Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado. Niega 26 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 27 Director de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla. Niega 28 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Niega 29 Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla. Omitió CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables mencionadas en la tabla que antecede, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. De igual manera, debe decirse que la autoridad responsable ejecutora identificada con el número 29, no ha rendido su respectivo informe previo; sin embargo, atento a que de los informes rendidos por las autoridades responsables ordenadoras se advierte que negaron los actos reclamados, resulta inconcuso que dicha autoridad, en su calidad de ejecutora, se encuentra imposibilitada para cumplimentar una orden de captura inexistente, de ahí que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto en términos de los párrafos precedentes. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Viridiana Ramírez Fernández de Lara en su carácter de apoderada legal de Yasmin Jalife Nacul, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria, por las autoridades indicadas en el diverso considerando tercero. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la adscripción.

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