YASMIN MARCELO HERRERA y Otros.
Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- YASMIN MARCELO HERRERA y Otros.
- Yasmin Marcelo Herrera
- JAVIER ESPINOZA HUERTA y Otros.
- Javier Espinoza Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula de este expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese la presente resolución: por lista a los quejosos..., por oficio a las autoridades responsables y al agente del ministerio público de la federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a las presentes actuaciones únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de lo Penal de Chignahuapan, Puebla, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 3/2021 (orden 5/2021) del índice de este órgano jurisdiccional; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud que mediante proveído de ocho de febrero pasado, se tuvo por recibido el mismo vía electrónica y se acordó lo conducente, además de que el nueve de febrero pasado, se dictó sentencia definitiva. CÚMPLASE...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 9/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla promovido 1. Yasmin Marcelo Herrera y 2. Javier Espinosa Huerta; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado en línea el ocho de enero de dos mil veintiuno, este juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibió la demanda de amparo de Israel Bravo Huerta quien promovió a nombre de 1. Yasmin Marcelo Herrera y 2. Javier Espinosa Huerta, y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes (foja 1): "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Se señala como autoridad responsable de ordenar: 1.-a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, con residencia oficial en domicilio conocido ampliamente en Puebla, Puebla. 2.-Elementos de la policía Estatal. 3.-Elementos de la policía Municipal del municipio de Aquixtla, Puebla." IV.LA NORMA GENERAL. La autoridad señalada como responsable viola en mi perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tiene a Yasmin Marcelo Herrera y Javier Espinosa Huerta en privación ilegal de la libertad, en incomunicación, tortura y azotes." La parte promovente, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la señalada demanda de garantías y se registró bajo el expediente de amparo 9/2021; y se proveyó lo siguiente (fojas 3 a 11): 1) se concedió la suspensión de plano por lo que respecta a los actos reclamados de la privación ilegal de la libertad, incomunicación y actos de tortura y azotes para el efecto de que cesaran los mismos, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 Constitucional; 2) se requirió información a las autoridades responsables respecto del cumplimiento dado a la determinación anterior; 3) se ordenó al actuario adscrito a este juzgado notificar a los directos quejosos 1. Yasmin Marcelo Herrera y 2. Javier Espinosa Huerta, el auto en que se acordó todo lo anterior y les requiriera a efecto de que, en ese momento o dentro de los tres días siguientes, manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo promovida a su nombre; asimismo se le requirió a dicho actuario, diera fe de las condiciones físicas en que encontraran los directos quejosos, al igual si les habían permitido comunicarse con su defensa, familiares o personas de confianza; y, 5) se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito como se advierte del acuse de recibo (foja 70). TERCERO. Admisión de demanda. Por auto de la misma fecha (nueve de enero de dos mil veintiuno, fojas 26 a 30), previa ratificación de la demanda de garantías por parte de los quejosos 1. Yasmin Marcelo Herrera y 2. Javier Espinosa Huerta, se admitió a trámite la misma sin incidente de suspensión; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete (foja 71). CUARTO. Suspensión de Plano. En cumplimiento a la suspensión de plano que se decretó en auto de nueve de enero de dos mil veintiuno (fojas 3 a 11), las autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, 2. Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (en su denominación correcta), y 3. Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, rindieron su correspondiente informe, en el sentido de acatar la suspensión de plano (fojas 34, 37 y 46). QUINTO. Cita para audiencia. En auto de nueve de enero de dos mil veintiuno (fojas 26 a 30), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a diversas autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes relativos a la suspensión de plano y justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama a las autoridades responsables: 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, 2. Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (en su denominación correcta), y 3. Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, lo siguiente: a) Los actos de tortura y azotes sufridos en contra de los directos quejosos; b) La incomunicación sufrida en contra de los directos quejosos; y, c) La privación ilegal de la libertad ejecutada en contra de los directos quejosos (detención en flagrancia). TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando segundo. En relación con el acto consistente en los actos de tortura y azotes sufridos en contra de los directos quejosos, la autoridad responsable 2. Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (en su denominación correcta), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negó el acto reclamado (foja 61). Tal negativa no fue desvirtuada por los quejosos, no obstante que se les dio vista con el informe justificado por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno (foja 62), Las diversas autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, no rindieron su informe justificado; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, no se presume cierto el acto que se les atribuye consistente en los actos de tortura y azotes sufridos, por haber prueba en contrario. En efecto, de la diligencia que practicó el actuario adscrito a este juzgado de Distrito a las siete horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil veintiuno, en las instalaciones del área de Seguridad del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del estado de Puebla C5, se advierte que dio fe de lo siguiente: "(.) manifiestan que no tienen ninguna lesión y los veo sin lesiones. Ambos me indican que no han sido torturados, ni han sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional(.)" De ahí que se les tengan negando el acto que se les atribuye a dichas autoridades. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las referidas autoridades responsables (1. Fiscalía General del Estado de Puebla, 2. Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, y 3. Policía Municipal de Aquixtla, Puebla), consistente en los actos de tortura y azotes sufridos en contra de los directos quejosos, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. II. Existencia de los actos reclamados identificados con los incisos b) y c) del considerando segundo. En relación con la existencia de los diversos actos reclamados consistentes en la b) La incomunicación sufrida en contra de los directos quejosos; y, c) La privación ilegal de la libertad ejecutada en contra de los directos quejosos (detención en flagrancia), la autoridad responsable 2. Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, negó los mismos (foja 61). La negativa de los indicados actos se desvirtúa, por lo que respecta a dicha autoridad, en razón que en la diligencia que practicó el actuario adscrito a este juzgado de Distrito a las siete horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil veintiuno, en las instalaciones del área de Seguridad del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del estado de Puebla C5de "C5", se advierte que dio fe de lo siguiente: "(.) Yasmín me informa que el día de hoy como 1:30 horas de la mañana pudo hablar con su mamá de nombre Inés Marcelo Arroyo. Javier me informa que llamó al señor Armando Rivera quien es su jefe de trabajo, con quien hablo a las 23:00 horas aproximadamente (.)" De la anterior transcripción se advierte que sí se encuentran detenidos y que si bien tuvieron comunicación, respetivamente, con familiares y jefe de trabajo el nueve de enero de dos mil veintiuno, esto fue, con posterioridad a la presentación de demanda, ya que fue presentada el ocho de enero de dos mil veintiuno a las veintidós horas con diez minutos, y ellos tuvieron comunicación con las personas que señalan con posterioridad a la presentación de la demanda; de ahí que se tenga por ciertos los actos que se les atribuyen. Las diversas autoridades responsables: 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, no rindieron su informe justificado; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume ciertos los actos que se les reclaman (la incomunicación sufrida en contra de los directos quejosos; y, la privación ilegal de la libertad ejecutada en contra de los directos quejosos, detención en flagrancia). La existencia del acto relativo a la privación ilegal de la libertad ejecutada en contra de los directos quejosos, se corrobora, con la copia del oficio FGE/AEI/UCS/31/2020 de nueve de enero de dos mil veintiuno (foja 39), que remitió la autoridad responsable 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, por su representación informó (foja 38), por el que se le informó a dicha autoridad responsable la situación jurídica de los quejosos, documental con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo por disposición de su artículo segundo, oficio del cual se advierte que los quejosos fueron detenidos por los hechos con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro de estupefaciente denominado cristal y portación de arma de fuego sin licencia; de ahí que se tenga por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto respecto de los actos reclamados identificados con los incisos b) y c) del considerado segundo, consistentes en la incomunicación de los quejoso y la privación ilegal de su libertad (detención en flagrancia). De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez de Distrito advierte que respecto de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación sufrida en contra de los directos quejosos y la privación ilegal de su libertad (detención en flagrancia), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 la Ley de Amparo que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XXII (.)" Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, se sostiene lo anterior en virtud de lo que se expresa a continuación. I. Por lo que respecta al acto consistente en la incomunicación sufrida en contra de los directos quejosos, en la diligencia que practicó el actuario adscrito a este juzgado de Distrito a las siete horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil veintiuno, en las instalaciones del área de Seguridad del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del estado de Puebla C5, se advierte que dio fe de lo siguiente: "(.) Yasmín me informa que el día de hoy como 1:30 horas de la mañana pudo hablar con su mamá de nombre Inés Marcelo Arroyo. Javier me informa que llamó al señor Armando Rivera quien es su jefe de trabajo, con quien hablo a las 23:00 horas aproximadamente (.)" De la anterior transcripción se advierte que sí bien a la fecha y hora de la presentación de la demanda que fue el ocho de enero de dos mil veintiuno a las veintidós horas con diez minutos, el acto de incomunicación sí existía, cierto es también que, con posterioridad a ello, los quejosos tuvieron comunicación, respectivamente, 1. Yasmin Marcelo Herrera con su mamá a la una con treinta minutos del nueve de enero de dos mil veintiuno, y 2. Javier Espinosa Huerta, con un jefe de trabajo a las veintitrés horas del ocho de enero del indicado año. De lo anterior se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado de incomunicación, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a los quejosos en el goce de la garantía individual transgredida (incomunicación). II. Por lo que respecta al acto consistente en la privación ilegal de su libertad (detención en flagrancia), se provee. a) De las constancias que exhibió el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación en Robo de Vehículos de la 1. Fiscalía General del Estado de Puebla (foja 43), a las que se les otorga valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo por disposición de su artículo segundo (fojas 43 vuelta a 45), se advierte que los directos quejosos Yasmin Marcelo Herrera y Javier Espinosa Huerta, el diez de enero de dos mil veintiuno, fueron puestos a disposición de la Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, recluidos en el Centro Penitenciario de dicho distrito judicial; pues para acreditar su dicho anexó el oficio de la solicitud de control de detención y formulación de imputación de fecha diez de enero de dos mil veintiuno (foja 43 vuelta), así como la solicitud de ingreso al Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla (foja 44), y las Boletas de Ingreso a dicho centro penitenciario de los aquí quejosos (fojas 44 vuelta y 45); y b) De las constancias que anexó al informe que le requirió este juzgado de Distrito, la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, -Rosa Celia Pérez González- (foja 72), a las que se les otorga valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo por disposición de su artículo segundo (fojas 73 a 80), se advierte que el once de enero de dos mil veintiuno, desahogó audiencia de control de detención en la carpeta judicial administrativa 2/2021/ZACATLÁN de su índice, en la que consideró no calificar de legal la detención de los directos quejosos Yasmin Marcelo Herrera y Javier Espinosa Huerta, y en ese día a las veintiuno horas, con dieciséis minutos fueron puestos en libertad. De lo anterior se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado de privación ilegal de la libertad (detención en flagrancia), pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de enero de dos mil veintiuno a las veintidós horas con diez minutos), tal hecho existía, se tiene que con posterioridad a ello, el once de enero de dos mil veintiuno, en audiencia de control de detención, se consideró no calificar de legal la detención de los directos quejosos y fueron puestos en libertad, entonces, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a los quejosos en el goce de la garantía individual transgredida (libertad). Esto, porque si bien la detención en flagrancia opera como una excepción a la afectación del derecho humano a la libertad personal, también lo es que, ello, busca que al investigado se le presente sin demora ante a la autoridad ministerial, y con posterioridad ante la autoridad juicial, a fin de verificar si es correcta la causa que dio lugar a su detención lo que, en el caso, como ya se dijo, ya aconteció, y se dejó en libertad a los quejosos, de ahí que cesaron los efectos de la detención. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS respecto a los actos que 1. Yasmin Marcelo Herrera y 2. Javier Espinosa Huerta, reclamaron a las autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, 2. Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (en su denominación correcta), y 3. Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, consistente en la incomunicación y la privación ilegal de la libertad (detención en flagrancia). Por lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de fondo, aun ante la ausencia de conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por 1. Yasmin Marcelo Herrera y 2. Javier Espinosa Huerta, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, 2. Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, y 3. Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, consistentes en los actos de tortura y azotes sufridos en su contra, incomunicación y la privación ilegal de la libertad (detención en flagrancia), por las razones expuestas en los considerandos tercero, apartado I y cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: por lista a los quejosos debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, por oficio a las autoridades responsables y al agente del ministerio público de la federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio recibido vía correo electrónico del Juez de lo Penal de Chignahuapan, Puebla, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el despacho 3/2021 (orden 5/2021), de este índice, por el que se ordenó notificar a los directos quejosos Yasmin Marcelo Herrera y Javier Espinosa Huerta, el auto de nueve de enero de dos mil veintiuno (donde se les requirió para que ratificaran la demanda de amparo promovida en su nombre);toda vez, que dé la razón que levantó el diligenciario de su adscripción, se advierte que al constituirse en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Aquixtla, Puebla, fue atendido por una persona del sexo masculino quien le manifestó que no encontró registro de los referidos quejosos en dicha dependencia. Sin embargo, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por diverso auto de nueve de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a los directos quejosos ratificando la demanda presentada en su nombre y se admitió la misma. Dese de baja la aludida comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase...
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