Yazmín Rodríguez Ventura

Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
482/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Yazmín Rodríguez Ventura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo que a la fecha no obren los acuses de recibo de las autoridades responsables, toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 482/2022, promovido por*** contra actos del Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 5°, 8° 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, 1. Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, y 2. Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Orizaba, Veracruz, pues con independencia de que en sus informes justificados los negaron, efectuaron diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de los mismos; por tanto, se tiene por desvirtuada dicha negativa. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que en relación con el acto reclamado de la autoridad responsable, 1. Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente*** De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. En ese entendido, al promover una demanda de amparo es importante precisar qué autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la ley de la materia, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes*** La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular*** Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad*** Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas*** Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el entendido de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del párrafo primero de la indicada fracción, y sus funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, la quejosa reclama del 1. Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, la baja del seguro médico proporcionado por dicho instituto como derechohabiente, en su calidad de trabajadora. La autoridad responsable en mención indicó -en su informe justificado- que tal "movimiento" derivó de la solicitud de baja que realizó el patrón de la propia inconforme. En ese entendido, se estima que la baja que se combate no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida que tratándose de prestaciones de seguridad social otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se satisface la nota distintiva precisada en el inciso a), porque si bien dicho instituto está facultado para proporcionar o cancelar ese tipo de prestaciones, no está investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, pues la relación entre el ente asegurador y sus asegurados o beneficiarios es de coordinación y no de supra a subordinación. Ello, pues tal actuar se materializa en función a sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador, por lo que, se insiste, sus atribuciones recaen en un plano de igualdad y no en una relación de supra a subordinación, ya que involucra el cumplimiento de un acuerdo de voluntades entre aquéllos. Máxime si se toma en cuenta que las controversias que se susciten entre las partes (trabajador-patrón), deben ser resueltas en la vía ordinaria. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Adicionalmente, es pertinente señalar que aun cuando se partiera de la base de que en el caso no se actualiza la referida causa de improcedencia; de cualquier forma este contencioso constitucional sería improcedente. Se sostiene esto, pues en relación con el acto de que se trata este considerando se actualiza la diversa causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, toda vez que, de concederse el amparo, no sería materialmente posible concretar sus efectos restitutorios. Los citados numerales establecen*** La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se deriva de las diversas causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadren en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales se encuentra el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el numeral 77. Es pertinente indicar que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de amparo, serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI de dicho numeral, en el que se indican una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por su parte, el legislador ordinario estableció en el artículo 77 de la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exige. Por tanto, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus derechos humanos, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno y, por ende, ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de conocer de los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional, lo que puede corroborarse con la consulta de los numerales 192 a 198 de la Ley de Amparo. Las precisiones anteriores ponen de relieve la verdadera finalidad del juicio de amparo como institución garante del orden constitucional, lo que en definitiva revela que cuando es materialmente imposible restituir al gobernado en el goce del derecho humano violado o cuando la concesión del amparo no tiene esa consecuencia connatural, entonces, con fundamento en los artículos 77 (aplicado en sentido contrario) y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, la instancia respectiva debe declararse improcedente, pues ninguna utilidad se obtiene al reconocerse que un acto de autoridad es contrario a los derechos humanos, si no se logra con ello una finalidad práctica. En el caso, como se anticipó, la quejosa reclama*** la baja del seguro médico que le proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su calidad de trabajadora. Sin embargo, de las constancias que remitieron las autoridades responsables, en apoyo a sus informes de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, se desprende en lo que trasciende que el dos de mayo de dos mil veintidós, la inconforme fue dada de baja del régimen de cotización del referido Instituto por parte de su empleador. En tal contexto, aún en el evento de que se concediera la protección constitucional para que a la quejosa no se le suspendiera en el otorgamiento de la referida prestación de seguridad social que le brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no podrían concretarse los efectos de la misma, ya que desde el dos de mayo de dos mil veintidós fue dada de baja de dicho régimen por su propio empleador. Si bien en términos del artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,4 los trabajadores dados de baja conservarán en los dos meses siguientes de la misma, el derecho de recibir los beneficios de salud de dicho ente; en el caso, dicho periodo habría fenecido desde el dos de julio de dos mil veintidós, por lo que es evidente que a la presente data no goza de la prerrogativa en mención. De ahí que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario*** En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto y la autoridad de que trata en este considerando. Luego, al no existir diversa causa de improcedencia que invoquen las partes o que se advierta de oficio, se procede al análisis del diverso acto reclamado, consistente en b) la omisión del Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Orizaba, Veracruz, de proporcionar la atención médica a la quejosa en relación con su embarazo. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SEXTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Para justificar dicha postura, es pertinente tener en cuenta que los artículos*** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente*** De lo expuesto deriva que el citado artículo*** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentado en el principio pro homine, tutela la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, los cuales el Estado está obligado a preservar atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo 4º, en su párrafo tercero, constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud que proporciona el Estado. En el caso, la quejosa*** acude a este contencioso constitucional reclamando del 1. Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Orizaba, Veracruz: la omisión de proporcionarle la atención médica en relación con su estado de gravidez. Lo anterior, pues, entre otras cosas, refiere*** el pasado viernes 3 de junio de 2022, me presenté ante la Clínica Hospital ISSSTE Orizaba, toda vez que se adelantó el parto y dicho hospital se negaba a darme la atención médica y quirúrgica*** lo que, dice, transgrede en su perjuicio el derecho humano a la salud tutelado en los numerales 1° y 4° de Carta Magna. Ahora, del análisis de las copias certificadas del expediente clínico de la quejosa, remitidas por la autoridad responsable, las cuales cuentan con probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que no existió negativa de las autoridades de proporcionar atención médica a la quejosa, y que actualmente ya le fue realizado el procedimiento quirúrgico que requería para efecto de dar a luz al producto de su gestación, toda vez que de dicho expediente, en lo esencial, se advierte*** Así, del expediente clínico de la peticionaria de amparo deriva que, contrario a lo que sostiene, no le fue negada la atención y tratamiento médicos por parte de la responsable, pues de las copias certificadas de las constancias médicas previamente relatadas se obtiene que se le practicó el procedimiento médico que requería con el fin de obtener el producto de la concepción, así como que una vez nacido éste se practicaron los estudios permitentes para posteriormente conocer su estado de salud, el cual fue determinado como sano. De ahí que se estime que, contrario a lo sostenido por la quejosa, no existe violación a su derecho humano a la salud, en la medida que, de acuerdo con lo anterior, recibió la atención y tratamiento médicos que requirió, y le fue practicado el procedimiento quirúrgico que ameritaba su estado de gravidez; lo que dio como resultado el nacimiento de su descendiente el cual se indicó se reportó clínicamente sano. En tales condiciones, al ser infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 482/2022, promovido por*** contra el acto reclamado del 1. Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a AMPARA*** contra el acto reclamado del 2. Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. De autos se advierte, que por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable, Director de la Unidad Médica de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en Orizaba, Veracruz, remitiendo una impresión de pantalla del expediente electrónico único dentro del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos, constancia que se puso a vista de las partes por el plazo de ocho días de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual a la presente data se encuentra transcurriendo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para esta data y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración, misma que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; la cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia. Finalmente, resulta innecesario librar oficio a la autoridad responsable para comunicarle el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentra en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet

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