Yanetsy García Venares

Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 45 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2021
Año
2021
Actuaciones
45
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Yanetsy García Venares
  • Yanetsy García Venares y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de doce de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por medio de los cuales se les notificó la resolución referida, en razón de que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos, para dictar sentencia...SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La orden de deportación. - La orden de detención y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Sub Comisión Jurídica del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; 2. Sub representante Federal Zona Sur de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en Tapachula; 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; 4. y 19. Representante local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede Veracruz; 6. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Puebla, Puebla; 7. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 8. Sub Representante Local Piedras Negras y encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila; Sub Representante Federal en suplencia por ausencia del 9. Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; 12. Titular del Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Hidalgo), con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo; 13. Jefe del departamento de asuntos jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí; 14. Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, con sede en Querétaro; 15. Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, Nuevo León; 16. Titular de la Oficina de Representación en Guanajuato del Instituto Nacional de Migración, con sede en León, Guanajuato; y 17. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, el 4. y 19. Representante local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco, indicó que eran parcialmente ciertos los actos por los quejosos 4. Aniuska González Guach, 5. Antonio Paz Peña, 9. Wilson Uriel Herrera Castillo, 10. Manuel Enrique Moreno Lanzas y 11. Jonmar Josué Benevides Herrera; en atención a que fueron presentados en la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco; empero, de las constancias que remitió se advierte que respecto de 4. Aniuska González Guach y 5. Antonio Paz Peña, el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno se autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, al haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y por cuanto hace a 9. Wilson Uriel Herrera Castillo, 10. Manuel Enrique Moreno Lanzas y 11. Jonmar Josué Benevides Herrera, se les concedió el beneficio de repatriación voluntaria, por así haberlo solicitado, para que posteriormente se ejecutara el retorno por sus propios medios. De ahí que resulten inexistentes los actos atribuidos a la autoridad en mención. Además, señaló no se encontraban a su disposición y era falso que fueran privados de su libertad personal fuera de procedimiento; por tanto, al hacer dichas manifestaciones, no ha lugar a presumirle ciertos los actos, al no tener orden que ejecutar. Los quejosos ofrecieron como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin embargo, dichas probanzas no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables, toda vez que de las constancias que obran en autos no se desprende elemento alguno que acredite la existencia de los actos reclamados. En tales condiciones, si los peticionarios de amparo no aportaron medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados, en la especie es claro que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que ante tal circunstancia procede, sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********* contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el 8. Sub representante Local y Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, con sede en Saltillo, en atención a su contenido, se le tiene rindiendo su informe justificado respecto a los quejosos 1. Yanetsy García Venares, 2. Yonkler Urdaneta Amezaga, 3. Ystenay Urdaneta Meye García, 4. Aniuska González Guach, 5. Antonio Paz Peña, 8. Noriel González Talavera, 9. Wilson Uriel Herrera Castillo, 11. Jonmar Josué Benevides Herrera, 12. Joseph Carlos, 13. Sadana Pierre, 14. Joseph Pierre, 16. Rafael Marcelli Cuba, 18. Yader Oswaldo García Rivera, 19. Daniel Arnoldo Hernández Rodríguez, 20. Leonardo Cortés Cruz, 21. Yoel Luperón Domínguez, 22. Héctor Luis Romero Basulto, 23. Marileidis Betancourt Cárdenas, 24. Octavio de Jesús Carballosa Pérez, 25. Evelyn Karina Escobar Pérez, 26. Leonardo Consuegra Reve, 27. Arlen de la Moneda Casado, 28. Alexis Pérez Suárez, 29. Yuliet Díaz Díaz, 30. Yunairis Martínez Valenzuela, 31. Berne Relat, 32. Gabriel Caraballo Caraballo, 33. Miguelina Sánchez Pichardo, 34. Fabiola Noel, 36. Irania Martínez Arteaga, 37. Alejandro Rodríguez Martínez, 38. Anthony Morales Álvarez, 39. Suilen Acosta Morejon, 40. Raul Rodríguez Rodríguez y 42. Noel Casals Fernández; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, dado que la aludida autoridad responsable, rinde su informe justificado a nombre de 6. Abel Juan Conzález Calloso, 7. Lliany Conde Prieto, 10. Manuel Enrique Moreno Lanzaz, 15. Lázaro Benavidez Jiménez, 17. T.uls Carlos Concepción Silva, 35. Roberto Isaac Tomero y 41. Dayari Abreu Fandino, y no así de la aquí quejosos 6. Abel Juan González Galloso, 7. Iliany Conde Prieto, 10. Manuel Enrique Moreno Lanzas, 15. Lázaro Benavidez Jiménez, 17. Luis Carlos Concepción Silva, 35. Roberto Isaac Romero y 41. Dayari Abreu Fandiño; se le requiere para que dentro del término de veinticuatro horas, aclare el contenido de su informe justificado, respecto del nombre correcto de los quejosos o en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento a lo solicitado. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa que podrá ir de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, en términos de lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En atención a que del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable 8. Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila), con sede en Saltillo, Coahuila, aún no ha rendido su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada del oficio con el cual se hizo de su conocimiento la radicación del presente juicio de amparo y se le requirió dicho informe. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2o, respecto del acto consistente en la orden de detención y su ejecución, así como sus antecedentes, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículo 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración, la que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; la cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia. Finalmente, resulta innecesario librar oficio a las autoridades responsables que ya rindieron sus informes justificados, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentra en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp; por lo que notifíquese por oficio únicamente a la autoridad responsable que no ha rendido su informe justificado.

Quedan 41 actuaciones en este expediente

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