Yanicet Ramírez González
Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yanicet Ramírez González
- Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad de México
- Yanicet Ramírez González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el trece de junio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente juicio no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia...SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La orden de deportación. - La orden de detención y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante jurídico del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; Jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante por ausencia del 2. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; 3. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; 4- 19. Subdirectora de Área, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villa Hermosa, Tabasco; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede Veracruz; 6. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Puebla, Puebla; 7. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 8. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos Comisionado en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Coahuila; 9. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11.Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de México, con sede en Toluca; 12. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca; 13. Jefe del departamento de asuntos jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre; 14. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, Querétaro; 15. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León; 16. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en León, Guanajuato; y 17. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Los quejosos no aportaron prueba idónea tendente a desvirtuar tal negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." No pasa inadvertido que la autoridad responsable, 3. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, al rendir su informe justiciado hayan indicado que los quejosos 4. Leonel Ernesto Pérez Rivero y 7. Julio Ernesto Pérez Ojeda y/o Julio César Pérez Ojeda, fueron puestos a su disposición en la Estación Migratoria, toda vez que de las constancias que remitió, se advierte que por cuanto hace al primero de los nombrados mediante resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue puesto en libertad; y por lo que hace al segundo, la orden de retención se emitió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el veintiséis de agosto del año pasado; y la existencia del acto reclamado debe estimarse, en general, en relación con la fecha en que se promueva la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previamente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la solicitud de la protección constitucional. De ahí que resulte inexistente el acto atribuido a la autoridad en mención. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª/J.36/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo VII, junio de 1998, materias común y penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." ... Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no ha fenecido la vista de ocho días otorgada a las partes con el informe justificado rendido por el 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo vigente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración; a cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Resulta innecesario librar oficio a la autoridad responsable que ya rindió su informe justificado, para comunicarle el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentra en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp; por lo que notifíquese por oficios únicamente a las autoridades responsables que no han rendido sus informes justificados.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo
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