Yatziri Yurize Lopez Meza

Expediente 1350/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1350/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Yatziri Yurize Lopez Meza
  • Director del Centro de Readaptacion Social de la Piedad Michoacan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintidós. Como se desprende de la certificación que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución dictada en autos, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a -, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de depuración, así como el original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva a la quejosa, en tanto que el duplicado de éstos es susceptible de destrucción; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 18, fracción I, inciso (b, y 21 fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: ".Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado." Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Asimismo, toda vez que resulta innecesario que obren en autos las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se ordena devolverlas, en el entendido que de no acusar recibo de dichas documentales, en el término de tres días legalmente computado, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo IV-1350/2019-2; y, Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 fracción I y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, 35, 37, 61, 62, 63 y 107, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. La JUSTICIA FEDERAL NO AMPARA NI PROTEGE a ..., respecto de los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia, Acusatorio y Oral de la Región de Zamora, Michoacán y Director del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, por los argumentos legales vertidos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando último de la presente sentencia, publíquese la presente sentencia en los términos que ahí se indican.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en supra líneas, a través del cual informa que en la causa penal de origen, con fecha seis de octubre anterior, se dictó auto de apertura a juicio oral y se reservó la programación para la audiencia correspondiente, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en que se actúa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta que la autoridad señalada como responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad La Piedad, por oficio 1007-2019-40258 de su índice, informó que se difirió de la celebración de la audiencia intermedia, en la causa penal de origen, y se reprogramó para las doce horas del seis de octubre del año que transcurre; en tal virtud, requiérase al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad La Piedad, para que dentro del término de tres días contado a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, informe si a la fecha concluyeron las pláticas relativas a la terminación anticipada de la causa, en su caso cuál fue el resultado de las mismas; en su caso, indique si se llevó a cabo la celebración de la audiencia intermedia, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Atento a ello, y para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintitrés de noviembre del presente año para que tenga verificativo. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción II, el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la misma; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la citada audiencia constitucional. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

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