Yeiny Garcia Gaona
Expediente 471/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yeiny Garcia Gaona
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo III-471/2018-Ldel índice de este juzgado y comunica que mediante auto de diecinueve de junio del año en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de treinta y uno de mayo pasado emitido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por -, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, en contra del auto de fecha treinta y uno de mayo de la presente anualidad, dentro del juicio en que se actúa, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, apoderado jurídico de la quejosa - carácter que se le reconoce en términos del numeral 13 de la Ley de Amparo, con la copia certificada del poder notarial pasado ante la fe del licenciado -, Notario Público número 185, con ejercicio y residencia en Tuzantla, Michoacán, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-471/2018-L. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable ordenadora y ejecutora se reclama el auto de fecha 25 veinticinco de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente número 618/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil que sobre Nulidad de Documentos y otras prestaciones promovido por -, en contra de la hoy quejosa -, auto mediante el cual negó admitir el recurso de queja que se hizo valer en contra del auto de fecha 17 diecisiete de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente citado, auto mediante el cual se negó la admisión de la demanda incidental de Nulidad de Actuacione hice valer, respecto de la Diligencia de Inspección Judicial, practicada el día 8 ocho de mayo del año en curso." Para una mejor óptica del reclamo se procede hacer una narración de antecedentes. Por escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, -, promovió juicio ordinario civil contra la aquí quejosa -, mismo que se radicó ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. Seguido por sus trámites y etapas procesales del juicio, se llegó a la etapa probatoria, en donde la parte actora ofertó como medio de prueba inspección judicial del inmueble ubicado en la calle -, misma que se admitió y se señaló fecha para el desahogo, posteriormente la aquí quejosa objetó dicha probanza y promovió incidente de nulidad de actuaciones. El Juez responsable, en fecha de diecisiete de mayo de la presente anualidad, negó la admisión del Incidente de Nulidad de Actuaciones. Inconforme con dicha determinación, la aquí quejosa, interpuso recurso de queja contra dicha determinación. Mediante auto de veinticinco de mayo del año en curso, el Juez de los autos negó la amisión del recurso de queja. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Numerales que establecen como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad y la propiedad. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas del quejoso cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. El acto reclamado en la demanda de cuenta, lo es el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente 618/2017 del índice de la autoridad responsable que negó la admisión del recurso de queja, interpuesta contra el diverso que negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones, contra el desahogo de una prueba de inspección judicial. Así queda de manifiesto que dicha resolución reclamada no tiene sobre la partee quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo. Es así ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, posesión, entre otros; pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Será hasta el dictado de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, si la sentencia es adversa a los intereses legales de las peticionarias, pues de momento; sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, cuestión que como se dijo no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número 111 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 489, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido siguientes: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Y, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. Por lo antes expuesto y fundado, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las profesionistas que refiere, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado de referencia.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, apoderado jurídico de la quejosa - carácter que se le reconoce en términos del numeral 13 de la Ley de Amparo, con la copia certificada del poder notarial pasado ante la fe del licenciado -, Notario Público número 185, con ejercicio y residencia en Tuzantla, Michoacán, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-471/2018-L. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable ordenadora y ejecutora se reclama el auto de fecha 25 veinticinco de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente número 618/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil que sobre Nulidad de Documentos y otras prestaciones promovido por -, en contra de la hoy quejosa -, auto mediante el cual negó admitir el recurso de queja que se hizo valer en contra del auto de fecha 17 diecisiete de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente citado, auto mediante el cual se negó la admisión de la demanda incidental de Nulidad de Actuacione hice valer, respecto de la Diligencia de Inspección Judicial, practicada el día 8 ocho de mayo del año en curso." Para una mejor óptica del reclamo se procede hacer una narración de antecedentes. Por escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, -, promovió juicio ordinario civil contra la aquí quejosa -, mismo que se radicó ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. Seguido por sus trámites y etapas procesales del juicio, se llegó a la etapa probatoria, en donde la parte actora ofertó como medio de prueba inspección judicial del inmueble ubicado en la calle -, misma que se admitió y se señaló fecha para el desahogo, posteriormente la aquí quejosa objetó dicha probanza y promovió incidente de nulidad de actuaciones. El Juez responsable, en fecha de diecisiete de mayo de la presente anualidad, negó la admisión del Incidente de Nulidad de Actuaciones. Inconforme con dicha determinación, la aquí quejosa, interpuso recurso de queja contra dicha determinación. Mediante auto de veinticinco de mayo del año en curso, el Juez de los autos negó la amisión del recurso de queja. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Numerales que establecen como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad y la propiedad. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas del quejoso cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. El acto reclamado en la demanda de cuenta, lo es el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente 618/2017 del índice de la autoridad responsable que negó la admisión del recurso de queja, interpuesta contra el diverso que negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones, contra el desahogo de una prueba de inspección judicial. Así queda de manifiesto que dicha resolución reclamada no tiene sobre la partee quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo. Es así ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, posesión, entre otros; pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Será hasta el dictado de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, si la sentencia es adversa a los intereses legales de las peticionarias, pues de momento; sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, cuestión que como se dijo no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número 111 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 489, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido siguientes: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Y, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. Por lo antes expuesto y fundado, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las profesionistas que refiere, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado de referencia.
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