Yaneth Magaña Aguilar

Expediente 465/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
465/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Yaneth Magaña Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se avocó al conocimiento del juicio de amparo I-465/2021-D; lo anterior, tomando en consideración que en auto de veintisiete de mayo del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la impresión de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la que se desprende que el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tuvo por recibido el oficio 4775, del índice de este juzgado, así como los autos del juicio 465/2021; asimismo, que en dicha data el juzgado en comento se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al citado expediente. Atento a lo anterior, y desprendiéndose de la constancia secretarial que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado: e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial de cuenta de donde se desprende en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno este juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, remitiéndose el original del juicio de amparo I-465/2021-D, promovido por -, por propio derecho, vía estafeta mediante oficio número 4475 del índice de este juzgado dirigido al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, sin que a la fecha se haya acusado el recibo respectivo. Atento a lo anterior, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales Colegiados del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, y de no tener inconveniente legal alguno, informe que órgano jurisdiccional le tocó conocer de la contienda constitucional aludida; lo anterior a efecto de que este tribunal se encuentre en condiciones de proveer respecto al archivo del presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades; se ordena registrar en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número I-465/2021-D, actos consistentes, en los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. a) Del CONGRESO GENERAL se reclama, la discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado el 16 de abril de 2021, en edición vespertina, del Diario Oficial de la Federación. b) Del titular del PODER EJECUTIVO se reclama, la promulgación y orden de publicación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado el 16 de abril de 2021, en edición vespertina, del Diario Oficial de la Federación. c) De la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN se reclama, el refrendo y la orden de publicación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado el 16 de abril de 2021, en edición vespertina, del Diario Oficial de la Federación. d) Del INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES se reclama, la inminente recepción de datos personales y biométricos del suscrito, a fin de integrar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, de conformidad con la reforma al artículo 176 y la adición de una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la adición de un Capítulo I Bis al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus, artículo cuarto transitorio del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado el 16 de abril de 2021, en edición vespertina, del Diario Oficial de la Federación. e) Del proveedor del servicio de telefonía celular reclamo, la inminente obtención de datos personales y biométricos del suscrito, para ser entregados al Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de que éste se integre al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, de conformidad con la reforma al artículo 176 3 y la adición de una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la adición de un Capítulo I Bis al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus, artículo cuarto transitorio del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado el 16 de abril de 2021, en edición vespertina, del Diario Oficial de la Federación. Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además, el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones". Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 5 incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al Juzgador, a remitir de plano la demanda de amparo, al Juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, en el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, así como todos los inminentes actos de aplicación y ejecución del mismo. Por lo que de acuerdo a la competencia especializada, establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo Al caso, resulta ilustrativa la Tesis aislada I.1o.A.E.2 A (10a.), emitida en la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1813, con registro digital 2004718, cuyo contenido es el siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA. Del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se advierte 7 que dichos preceptos establecen como una nueva materia de subespecialización, dentro de la administrativa, el derecho de las telecomunicaciones, el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. En ese sentido, la competencia por materia en favor de los mencionados órganos jurisdiccionales, se surte en aquellos asuntos que impliquen dirimir una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aplicando el marco normativo que engloba dichas actividades." En tal virtud, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que el Suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que se trata de un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un homólogo con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.) para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme a lo dispuesto por el numeral citado. En la inteligencia de que este Juzgador no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, ni a la suspensión de los actos reclamados, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación antes invocada, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea Nacionales. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías, y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades 9 expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, asimismo, como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que fueron encontradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y por autorizados para los efectos que precisa a las personas que menciona.

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