Yair Eduardo Zaragoza Torres

Expediente 1139/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1139/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Yair Eduardo Zaragoza Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento que se avoca al conocimiento de la competencia de la demanda de garantías promovida por - Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 12073 con el que se remitió el juicio de amparo III-1139/2019-L del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veintitrés de octubre del año en curso reservó avocarse al conocimiento de la demanda de garantías promovida por -, hasta en tanto el quejoso cumpliera con los diversos puntos requeridos sobre la demanda de garantías. Notifíquese.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DIECISEIS DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, y otras autoridades, la cual reclama lo siguiente: "La sentencia definitiva emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, de fecha 15 de mayo de 2018, transgrede derechos humanos y fundamentales del quejoso, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diferentes Ordenamientos Jurídicos Internacionales que se señalaran más adelante. La resolución emitida Tribunal de Segunda Instancia en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al omitir hacer efectiva la suplencia de la queja al no observar que la resolución de primera instancia transgrede derechos fundamentales del quejoso que debieron garantizarse en atención a la Tutela Judicial Efectiva. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número III-1139/2019-L. Al respecto, se estima que este Juzgado de Distrito resulta legalmente INCOMPETENTE para conocer de la misma, atendiendo a los siguientes razonamientos. En efecto, y de un análisis minucioso del libelo constitucional, se advierte, que el quejoso reclama la sentencia condenatoria de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, así como la resolución que la confirma emitida por el Tribunal de Segunda Instancia en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca 29/2018. Lo anterior, pone de manifiesto que en la especie se surten las hipótesis previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Asentado lo anterior, es evidente que la demanda de cuenta, es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, salvo la mejor opinión de éste, en términos de los preceptos legales invocados, pues como ya se indicó, se impugna en esta instancia constitucional la sentencia condenatoria de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, dentro de la causa penal 43/2016, así como también la resolución que la confirma emitida el diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el Tribunal de Alzada bajo el toca 29/2018; por tanto, debe considerarse que esa determinación pone fin al juicio, pues se trata de una sentencia definitiva. De ahí que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 170 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con apoyo en los artículos 33, 34 y 170 de la Ley de la Materia, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, lo que conduce a la suscrita a declararse legalmente INCOMPETENTE de plano, para conocer del asunto planteado, ordenándose remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar la superioridad; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. Tiene aplicación, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página1692, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro señala: "AUTO QUE PONE FIN AL JUICIO. EL AMPARO DIRECTO ES LA VÍA EN LA QUE DEBE SER IMPUGNADO, AUN CUANDO NO SE HUBIERA AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO". Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene al quejoso por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no así el correo electrónico que señala; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, y otras autoridades, la cual reclama lo siguiente: "La sentencia definitiva emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, de fecha 15 de mayo de 2018, transgrede derechos humanos y fundamentales del quejoso, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diferentes Ordenamientos Jurídicos Internacionales que se señalaran más adelante. La resolución emitida Tribunal de Segunda Instancia en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al omitir hacer efectiva la suplencia de la queja al no observar que la resolución de primera instancia transgrede derechos fundamentales del quejoso que debieron garantizarse en atención a la Tutela Judicial Efectiva. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número III-1139/2019-L. Al respecto, se estima que este Juzgado de Distrito resulta legalmente INCOMPETENTE para conocer de la misma, atendiendo a los siguientes razonamientos. En efecto, y de un análisis minucioso del libelo constitucional, se advierte, que el quejoso reclama la sentencia condenatoria de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, así como la resolución que la confirma emitida por el Tribunal de Segunda Instancia en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca 29/2018. Lo anterior, pone de manifiesto que en la especie se surten las hipótesis previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Asentado lo anterior, es evidente que la demanda de cuenta, es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, salvo la mejor opinión de éste, en términos de los preceptos legales invocados, pues como ya se indicó, se impugna en esta instancia constitucional la sentencia condenatoria de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, dentro de la causa penal 43/2016, así como también la resolución que la confirma emitida el diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el Tribunal de Alzada bajo el toca 29/2018; por tanto, debe considerarse que esa determinación pone fin al juicio, pues se trata de una sentencia definitiva. De ahí que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 170 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con apoyo en los artículos 33, 34 y 170 de la Ley de la Materia, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, lo que conduce a la suscrita a declararse legalmente INCOMPETENTE de plano, para conocer del asunto planteado, ordenándose remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar la superioridad; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. Tiene aplicación, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página1692, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro señala: "AUTO QUE PONE FIN AL JUICIO. EL AMPARO DIRECTO ES LA VÍA EN LA QUE DEBE SER IMPUGNADO, AUN CUANDO NO SE HUBIERA AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO". Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene al quejoso por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no así el correo electrónico que señala; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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