Xochitl Argueta Perez

Expediente 976/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
976/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Xochitl Argueta Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Como de la certificación de cuenta se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha diecinueve de octubre del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Finalmente, como de la constancia de cuenta se desprende que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, exhibió con su informe justificado los autos de los que deriva el acto reclamado; en consecuencia, hágase la devolución de los mismos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno... Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa la demanda de amparo promovida por ********************, apoderada de ********************, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; por tanto y toda vez que en auto de quince de los actuales, la superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se AVOCA al conocimiento de la instancia constitucional aludida. Acúsese el recibo de estilo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número l-976/2021-D. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La sentencia interlocutoria de doce de julio del presente año dictada en el juicio ejecutivo mercantil número -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través de la cual se declaró infundado el incidente de Falta de Personalidad de ********************, así como la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. En atención al acto reclamado, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en: 1) la resolución de fecha doce de julio de la presente anualidad, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, dentro del juicio ejecutivo mercantil -, donde declara infundado el incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa; y, 2) la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once y nueve de enero de dos mil doce, respectivamente. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto emitido dentro del juicio natural de origen, señalado en el párrafo precedente como número 1), no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; en el caso concreto la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que además no es de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto y en su caso, sería la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento de origen, la que podría causar el agravio y ser impugnada, lo que es así, dado que como de la propia demanda se advierte, aún no se ha dictado sentencia dentro del juicio de origen. A lo anterior, es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número 24/92, que de Octava Época, ha emitido el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación con el 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En el entendido de que al haberse declarado improcedente el juicio de amparo por lo que hace al acto de aplicación antes mencionado en los términos precisados, y al resultar el segundo de los actos reclamados señalado como la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, una consecuencia directa del acto de aplicación por el cual se desechó la demanda en los términos citados, es evidente que existe imposibilidad para este juzgador para proveer respecto a la admisión del acto reclamado en el presente asunto por lo que a dicho acto se refiere. Sin que pase inadvertido que el juez de origen concedió la suspensión de los actos reclamados aún cuando la quejosa no solicitó la misma, por lo que desde luego, dicha medida cautelar deja de surtir efectos, lo que se ordena hacer del conocimiento del juez de origen para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación con el 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Infórmese a las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizado en términos de lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Amparo a ********************cuya cédula fue localizada en el Sistema de Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a ********************y ********************, se les faculta únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos toda vez que no cumplen con el anterior requisito. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa la demanda de amparo promovida por ********************, apoderada de ********************, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; por tanto y toda vez que en auto de quince de los actuales, la superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se AVOCA al conocimiento de la instancia constitucional aludida. Acúsese el recibo de estilo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número l-976/2021-D. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La sentencia interlocutoria de doce de julio del presente año dictada en el juicio ejecutivo mercantil número -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través de la cual se declaró infundado el incidente de Falta de Personalidad de ********************, así como la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. En atención al acto reclamado, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en: 1) la resolución de fecha doce de julio de la presente anualidad, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, dentro del juicio ejecutivo mercantil -, donde declara infundado el incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa; y, 2) la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once y nueve de enero de dos mil doce, respectivamente. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto emitido dentro del juicio natural de origen, señalado en el párrafo precedente como número 1), no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; en el caso concreto la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que además no es de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto y en su caso, sería la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento de origen, la que podría causar el agravio y ser impugnada, lo que es así, dado que como de la propia demanda se advierte, aún no se ha dictado sentencia dentro del juicio de origen. A lo anterior, es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número 24/92, que de Octava Época, ha emitido el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación con el 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En el entendido de que al haberse declarado improcedente el juicio de amparo por lo que hace al acto de aplicación antes mencionado en los términos precisados, y al resultar el segundo de los actos reclamados señalado como la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, una consecuencia directa del acto de aplicación por el cual se desechó la demanda en los términos citados, es evidente que existe imposibilidad para este juzgador para proveer respecto a la admisión del acto reclamado en el presente asunto por lo que a dicho acto se refiere. Sin que pase inadvertido que el juez de origen concedió la suspensión de los actos reclamados aún cuando la quejosa no solicitó la misma, por lo que desde luego, dicha medida cautelar deja de surtir efectos, lo que se ordena hacer del conocimiento del juez de origen para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación con el 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Infórmese a las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizado en términos de lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Amparo a ********************cuya cédula fue localizada en el Sistema de Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a ********************y ********************, se les faculta únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos toda vez que no cumplen con el anterior requisito. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente.

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