Yadira Garcia Tzilin

Expediente 911/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
911/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Yadira Garcia Tzilin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA C.M.P.O. LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 366 a 371), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de enero al dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I al III, consistentes fotocopias certificadas de la causa penal 5/2018 de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...)San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 366 a 371), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de enero al dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I al III, consistentes fotocopias certificadas de la causa penal 5/2018 de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. (...)

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 366 a 371), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de enero al dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I al III, consistentes fotocopias certificadas de la causa penal 5/2018 de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA C.M.P.O. LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Roxana Berenice Bautista Solares, autorizada por la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las que serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve (foja 345), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la parte quejosa, mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 116 a 145), se concedió el amparo y protección a Yadira García Tzilin, para que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo a la quejosa Yadira García Tzilin, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la causa penal 5/2018, sólo por lo que respecta a la aquí quejosa, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de la peticionaria de amparo, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) En el estudio del cuerpo del delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, deberá motivar con base en el material probatorio que valoró en este apartado y quedó detallado en esta sentencia, cómo fue que llegó a la conclusión de que la cirugía practicada a Consuelo Margarita Palomino Ovando era innecesaria, atendiendo a que la simple cita de pruebas no colma el juicio de valoración que está obligado a realizar en respeto al principio de legalidad, que obliga en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que explique por qué determinada prueba le provoca convicción. Y, en específico en cuanto a los dictámenes periciales emitidos por (a) Celia Carolina García Solórzano y José Mario Bautista Jiménez; (b) María Dolores Cruz Martínez, perito oficial adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; (c) Paul Alan Vega Yepez, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, designado por el Presidente de Cirujanos Plásticos del Estado de Puebla, a solicitud del agente del Ministerio Público Investigador; y (d) el oficio SJ-760/2016 emitido por Paola Guyot González, Encargada del Despacho de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED), deberá motivar en qué parte de dichos dictámenes los expertos establecieron que la cirugía practicada a Consuelo Margarita Palomino Ovando era innecesaria, para ubicar la conducta que se le atribuye a la aquí quejosa Yadira García Tzilin en la fracción V del artículo 239 del Código Penal para el Estado de Puebla. Ello, porque la autoridad responsable, respecto de los citados dictámenes, indicó: "(.) por haber sido emitidas por especialistas en la materia con los conocimientos idóneos sobre los que versa su dictamen y con los que se demuestra que la intervención quirúrgica a la que fue sometida la pasivo Consuelo Margarita Palomino Ovando fue innecesaria (.)." (foja 93, anexo III de pruebas). También deberá subsanar dicha omisión en lo que respecta a la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión del citado ilícito, en donde volvió a indicar que la cirugía practicada a la agraviada era innecesaria (fojas 114 vuelta, 115 y 118, anexo III de pruebas). Por otra parte, también deberá motivar por qué indicó que la agraviada: "pudo haber sido tratada apropiadamente sin necesidad de realizar una cirugía (.)" debiendo indicar cómo fue que llegó a dicha conclusión, cuáles son las pruebas existentes en el sumario penal de origen que sirvieron de sustento a esta aseveración. b) En el apartado del cuerpo del delito de LESIONES A TÍTULO DE CULPA, deberá motivar por qué tuvo por actualizada la hipótesis prevista en el inciso b), fracción IV del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla, respecto a la inutilización completa del brazo (o brazos) de la agraviada, toda vez que del dictamen en medicina legal y forense emitido por Celia Carolina García Solórzano y José Mario Bautista Jiménez, se advierte que los expertos indicaron: poca movilidad de los miembros torácicos de la paciente, y como diagnóstico final, entre otros: la limitación de movimientos de flexo extensión y rotación de ambos miembros superiores a expensas de cicatriz queloide retráctil en ambas caras anteriores de brazos post intervención quirúrgica; y, en cuanto a las restantes experticiales, en la parte que citó el juez penal responsable en su resolución, no se advierte que hayan señalado la movilidad de los brazos de la agraviada. Por lo que, el juez penal responsable, haciendo referencia al material probatorio pertinente, deberá motivar cómo fue que llegó a la conclusión que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el inciso b) fracción IV del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla y no una diversa. 2. Notificará la determinación de término constitucional a las partes; y, 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. Por último, debe decirse que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos a los actos de ejecución reclamados al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, (incluyendo la identificación administrativa reclamada), en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios. Tal consideración tiene sustento en la jurisprudencia 88 emitida por la otrora Tercera Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." De conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, está sentencia no surte efectos de inmediato, ya que si bien los delitos de RESPONSABILIDAD MÉDICA, USURPACIÓN DE FUNCIONES y LESIONES CULPOSAS, no son considerados graves de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, también lo es que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquella, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.)" (Fojas 141 a 143 vuelta). En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 164 a 167), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 4897 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 173), el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada en la misma fecha, dentro del proceso penal 5/2018 de su índice (fojas 174 a 256); sin embargo, como no acreditó haber notificado dicha resolución a las partes (que también fue parte de los efectos del fallo protector), por auto de veintisiete de diciembre de la presente anualidad (foja 257), se requirió al citado juez penal para que enviara la constancia de notificación respectiva. En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 4933 de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 259), el juez penal responsable remitió copia certificada de la resolución referida en el párrafo que antecede y de su notificación a las partes (fojas 260 a 344). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la causa penal 5/2018, sólo por lo que respecta a la aquí quejosa (foja 255 vuelta). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, ya que decretó auto de formal prisión contra Yadira García Tzilin por su probable participación en la comisión de los delitos de responsabilidad médica y lesiones culposas, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 239 fracciones I y V y 243, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I; así como 305, 307, 308, fracción III, relacionados con los ordinales 14, 21, fracción I, 83, 88, fracciones II y IV y 89, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Consuelo Margarita Palomino Ovando; y, por el delito de usurpación de funciones, previsto y sancionado por el artículo 258, fracción II, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código sustantivo invocado, cometido en agravio de la sociedad (foja 255 vuelta); pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, en virtud de que realizó lo siguiente: a) En el estudio del cuerpo del delito de responsabilidad médica, estableció que la intervención quirúrgica a la que fue sometida la pasivo fue innecesaria, debido a que nunca debe realizarse una reducción de mamas a pacientes que presenten alguna infección en su cuerpo, y de los estudios preoperatorios que aparecen en el expediente clínico del hospital o sanatorio denominado "Dulce Nombre de Jesús" mostró datos de un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias, ya que del examen general de orina muestra la presencia de nitritos positivos los cuales se generan como metabolitos ante la presencia de microorganismos en las vías urinarias, presencia de leucocitos en la orina en número de diez a quince por campo y la presencia de bacterias, situación por la que debió suspenderse y reprogramarse la cirugía, pues la infección de vías urinarias en un paciente quirúrgico es la causa principal de infección de herida quirúrgica en el proceso postoperatorio inmediato (foja 182 vuelta). De esa manera, el juez penal responsable abandonó el criterio que sostuvo en el auto de formal prisión reclamado, en cual estableció que, en base a los dictámenes periciales emitidos por los médicos (1) Celia Carolina García Solórzano y José Mario Bautista Jiménez; (2) María Dolores Cruz Martínez, perito oficial adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; (3) Paul Alan Vega Yepez, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, designado por el Presidente de Cirujanos Plásticos del Estado de Puebla, a solicitud del agente del Ministerio Público Investigador; y (4) el oficio SJ-760/2016 emitido por Paola Guyot González, Encargada del Despacho de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED), llegó a la conclusión que la cirugía practicada a la aquí quejosa era innecesaria, actualizando así la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 239 del Código Penal para el Estado de Puebla. La autoridad responsable subsanó tal deficiencia en idénticos términos en el apartado de probable responsabilidad del delito de responsabilidad médica (foja 235). Dicho de otro modo, dejó de considerar que tuvo por demostrado que la cirugía practicada a la pasivo fue innecesaria con las experticias citadas; por lo que se considera que purgó la deficiencia formal destacada, pues se le concedió libertad de jurisdicción para justipreciar las constancias que obran en autos y resolver la situación jurídica de la peticionaria de amparo con base en ellas. También es importante destacar que el juez penal responsable dejó de señalar que la sujeto pasivo "pudo haber sido tratada apropiadamente sin necesidad de realizar una cirugía", por ende, al dejar de considerar tal aspecto, ya no resulta procedente exigir al juzgador que motive tal circunstancia. b) En el apartado relativo al cuerpo del delito de lesiones a título de culpa, precisó que, aun cuando en la indagatoria de origen se tuvo por acreditado el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla, con los medios de prueba que obran en el proceso penal, consideró acreditado el diverso supuesto contemplado en la fracción III del ordinal citado (foja 220 vuelta), es decir, reclasificó el delito que se imputa a la indiciada; y, expresó que ello se debe a que las lesiones producidas a la agraviada Consuelo Margarita Palomino Ovando, además de poner en peligro la vida y que tardan en sanar más de quince días, dejaron secuelas físicas permanentes para la función (pérdida de ambas mamas), y para la estética, por la mastectomía total bilateral, alteración permanente y parcial generada por las cicatrices queloides en ambas caras internas de los brazos que limitan los movimientos de flexo extensión y rotación (foja 221). En tal sentido, este órgano jurisdiccional considera que el juez responsable subsanó la deficiencia formal destacada en la sentencia de garantías, pues se insiste, se le concedió libertad de jurisdicción para resolver la situación jurídica de la quejosa y, en uso de esa facultad discrecional, reclasificó el delito que se imputa a la peticionaria de amparo, pues dejó de tener por actualizado el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla, respecto a la inutilización completa del brazo (o brazos) de la agraviada, como lo había considerado en la resolución reclamada. c) El veintiséis, veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, notificó dicha resolución a las partes en el proceso penal de origen (foja 343 frente y vuelta). En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. No es obstáculo para lo anterior que, mediante escrito presentado ante esta autoridad el quince de enero de dos mil dieciocho, integrado al expediente en esta fecha, la quejosa (por conducto de su autorizada), manifestó que la sentencia no fue cumplida por las siguientes razones: a) Que en el análisis del cuerpo del delito y probable responsabilidad del delito de responsabilidad médica, el juez responsable no realizó un correcto análisis de las pruebas que obran en la causa penal de origen, debido a que las analizó en forma dogmática; b) Señala que no estableció cuál fue el proceso infeccioso activo que presentaba la agraviada, pues no hay prueba alguna para justificar tal afirmación; c) Que jamás se podrá justificar que la cirugía practicada a la agraviada era innecesaria, debido a que se trata de aquellas denominadas "de elección u optativas", es decir, que la paciente elige libremente someterse a ellas, lo que se evidencia pues la agraviada en dos ocasiones anteriores consintió someterse a ese tipo de cirugías; d) Que el juez responsable realizó una indebida valoración de las pruebas que obran en el proceso penal, debido a que otorgó valor probatorio pleno a opiniones de médicos particulares que no cumplen los requisitos legales para ser consideradas como prueba pericial; y, e) Que a la quejosa Yadira García Tzilin no se le puede fincar responsabilidad penal por el delito de lesiones debido a que la única intervención que tuvo dicha peticionaria de amparo en la cirugía fue como ayudante, lo que no es suficiente para considerar que produjo un daño corporal a la pasivo. f) Que las pruebas que obran en la causa penal no son suficientes ni idóneas para tener por acreditados los delitos por los que se dictó auto de formal prisión en contra la aquí quejosa. g) Que en el apartado de probable responsabilidad, la autoridad responsable señaló que existen "otras terapias" con las que se podrían tratar a la paciente sin señalar cuáles. Tales afirmaciones resultan inoperantes, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la decisión judicial emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual no es susceptible de ser vigilado en el presente sumario constitucional, debido a que en la sentencia protectora no se realizó un estudio de fondo, sino que se concedió el amparo para el efecto de que el juez penal responsable subsanara deficiencias formales, por lo que se otorgó libertad de jurisdicción para resolver la situación jurídica de la quejosa. En tal sentido, las cuestiones relativas al fondo de la resolución que se analiza, no pueden ser motivo de estudio en este controvertido, debido a que no fueron parte del análisis constitucional realizado en la sentencia ni de los efectos del fallo protector. Así mismo, contrario a lo afirmado por la quejosa, la autoridad responsable no señaló que la cirugía a la que fue sometida la tercera interesada fue innecesaria debido a que existen otras terapias con las que pudo ser tratada, sino que, como se destacó, el juez penal estableció que la intervención quirúrgica a la que fue sometida la pasivo fue innecesaria, debido a que nunca debe realizarse una reducción de mamas a pacientes que presenten alguna infección en su cuerpo y de los estudios preoperatorios que aparecen en el expediente clínico del hospital o sanatorio denominado "Dulce Nombre de Jesús" mostró datos de un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias, y no resulta procedente analizar si dicha decisión es acertada o no, debido a que se insiste, es una cuestión relacionada con el fondo del asunto y la protección constitucional consistió únicamente en purgar los vicios formales destacados en la sentencia de garantías.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano