Xomara Perez Camacho

Expediente 1133/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1133/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Fernando Israel Palacios Perez
  • Xomara Perez Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de amparo indirecto se actualiza una causal de improcedencia indudable y manifiesta, respecto del acto reclamado por el quejoso Fernando Israel Palacios Pérez, como enseguida se evidenciará, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, es pertinente establecer que mediante escrito recibido el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, por el secretario de guarda adscrito a este juzgado, Xomara Pérez Camacho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a favor de Fernando Israel Palacios Pérez, respecto del acto reclamado a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Regional, Alicia Fernández Rodríguez, consistente en la incomunicación del directo quejoso en el Complejo de Seguridad Metropolitano "C5". En acuerdo de la misma fecha (fojas 7 a 12), se radicó la demanda de garantías con el número de juicio de amparo 1133/2021 de este índice, se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación; y se ordenó al actuario judicial avocarse a la localización del quejoso, con la finalidad de dar fe sobre su integridad física y cerciorarse que cesara el acto de incomunicación reclamado, así como para que cuestionara a Fernando Israel Palacios Pérez, si era su deseo ratificar la demanda promovida a su favor. En diligencia celebrada a las cero una horas con treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (foja 16 a 18), la actuaria judicial adscrita a este juzgado, asentó que localizó a Fernando Israel Palacios Pérez, detenido en las instalaciones del Complejo de Seguridad Metropolitano "C5", y que la autoridad señalada como responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Regional, Alicia Fernández Rodríguez, le confirmó que estaba detenido en ese lugar y le permitió entrevistarse con él. La fedataria judicial hizo constar que Fernando Israel Palacios Pérez, sí ratificó la demanda de garantías, por lo que en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 19 a 21), se admitió a trámite la demanda, se requirió informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora, de la propia diligencia, se desprende que la actuaria judicial hizo constar lo siguiente: "Desde el momento en que fue detenido no le informan el motivo de su detención, tampoco le permitieron llamar algún familiar, también manifiesta que recibió un golpe en la espalda, por lo que en este acto, siendo, las 01:47 minutos realizó llamada al número celular 249-186-66-66, siendo el número de su mamá de nombre María Xomara Pérez Camacho, con la cual tuvo comunicación" (foja 18). La constancia de notificación aludida, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, de lo asentado por la servidora pública actuante, se advierte que el quejoso efectivamente se encontró incomunicado, pues no existe constancia alguna de que la autoridad que lo tenía a su disposición le haya permitido mantener contacto con persona alguna antes de la llegada de la actuaria de la adscripción. No obstante la existencia de la incomunicación, de las referidas constancias, el suscrito advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía de amparo, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sentado lo anterior, a fin de analizar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa reclama la incomunicación que padecía en las instalaciones del Complejo de Seguridad Metropolitana "C5". Como se indicó, la actuaria judicial adscrita a este órgano de control constitucional, hizo constar que a las cero una horas con cuarenta y siete minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, Fernando Israel Palacios Pérez, entabló comunicación con Xomara Pérez Camacho (promovente de la demanda de garantías). De lo anterior se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, debido a que quedaron destruidos en forma total e incondicional todos sus efectos, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por tanto, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de audiencia constitucional. En ese sentido, es menester señalar que no es obstáculo para lo anterior el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con veinte minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; ni que aún no obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, toda vez que la causa de improcedencia que se estimó actualizada resulta manifiesta e indudable, y no puede desvirtuarse con algún elemento de prueba que puedan aportar las partes. De ahí que sería ocioso esperar a la celebración de la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun y cuando se tramitara hasta su conclusión, el asunto llegaría siempre al mismo resultado; atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, registro: 184 572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual, informa la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios AD-1133-1 y 571 de este índice, dirigidos a Alicia Fernández Rodríguez, agente del Ministerio Público de Investigación Regional, debido a que dicha servidora pública le informó que ella no conduce la investigación que se sigue contra el aquí quejoso, pues la encargada de la carpeta respectiva es Iris Luna Calatayud, adscrita al Municipio de Acatzingo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad sustituta a Iris Luna Calatayud, agente del Ministerio Público Investigadora de Acatzingo, Puebla; sin que resulte necesario realizar mayor proveído para solicitarle informe justificado, en atención a lo acordado en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyo rubro y texto a continuación se enuncia: "AUTORIDADES RESPONSABLES. LAS SUBSTITUTAS, TIENEN EL MISMO CARÁCTER. Las autoridades que con denominación diferente vengan a substituir a otras pero en realidad con las mismas funciones de aquellas, constituyen la misma autoridad para los efectos del juicio de amparo." Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto, por conducto de su autorizado en términos amplios, por haberlo solicitado así en su demanda de garantías; por oficio a la autoridad responsable sustituta señalada en este auto y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos la razón asentada por el actuario de la adscripción, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que asentó la imposibilidad que tuvo de notificar al quejoso directo Fernando Israel Palacios Pérez, el contenido del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en este controvertido. En ese sentido, con independencia que el citado proveído se ordenó notificar por lista a la parte promovente, se ordena notificar el citado proveído en el domicilio señalado para tal efecto, pues en la demanda de garantías se solicitó expresamente, la cual fue ratificada por el peticionario de amparo. Sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Notifíquese personalmente al quejoso en los términos que se indican en este auto.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio FGEP/TEHUACÁN/00629/2021, signado por la agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Región Judicial Poniente, Alicia Fernández Rodríguez, mediante el cual afirma lo siguiente: ".Esta Autoridad Ministerial, niega el acto reclamado, por parte del quejoso ya que al realizar una minuciosa búsqueda en sus registros que tengo a mi cargo, no se tiene conocimiento que el C. Fernando Israel Palacios Pérez, se encuentre relacionado en algún hecho con apariencia de delito. Asimismo esta Autoridad Ministerial solicita se aplique lo previsto en el arábigo 74 en su fracción IV de la Ley Adjetiva de la materia." No obstante, lo afirmado por la autoridad oficiante resulta contradictorio con las constancias que obran en autos, debido a que en la razón asentada el veintidós de noviembre del año en curso, por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, relativa a la diligencia realizada a las cero una horas con treinta y cinco minutos de esa data, la fedataria hizo constar que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Complejo de Seguridad Metropolitano de Cuautlancingo, Puebla "C-5", ubicado en Anillo Periférico Ecológico Kilómetro 4.5, Puebla, Puebla, fue atendida por Alicia Fernández Rodríguez quien refirió ser Agente del Ministerio Púbico adscrita a la Fiscalía de Investigación Regional, es decir, por la autoridad oficiante, quien se identificó con credencial con fotografía con número de folio 105416, expedida por la Fiscalía General del Estado de Puebla, y fue dicha servidora pública quien le corroboró que la persona buscada Fernando Israel Palacios Pérez, se encontraba en el área de separos del citado complejo de seguridad, y posteriormente le permitió entrevistarse con él, por lo que resulta evidente que lo aseverado en el oficio de cuenta resulta falso. En consecuencia, requiérase a Alicia Fernández Rodríguez, agente del Ministerio Púbico adscrita a la Fiscalía de Investigación Regional, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, aclare su informe, en la inteligencia que de continuar con su actitud contumaz, se harán efectivos los apercibimientos decretados en autos. Además, se reitera a la servidora pública de mérito que el incumplimiento a la suspensión de plano decretada en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad requerida.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. RATIFICACIÓN Y ADMISIÓN. Agréguese a los presentes autos la diligencia asentada por la actuaria adscrita, realizada en esta misma fecha con el directo quejoso Fernando Israel Palacios Pérez, de la cual se advierte que sí ratificó la demanda de amparo promovida a favor por Xomara Pérez Camacho; y, que ya no se encuentra incomunicado, pues en el momento de la diligencia tuvo comunicación vía telefónica con su madre (promovente del amparo); además, el directo quejoso se encuentra en buen estado de salud, y la celda en donde se encuentra recluido tiene baño ventilado y cuenta con cobijas; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Visto lo antes expuesto; con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Fernando Israel Palacios Pérez, contra el acto reclamado a Alicia Fernández Rodríguez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Regional (en su denominación correcta), por estimarlo violatorio del artículo 22 constitucional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable informe con justificación, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; enviándole para tal efecto copia de la demanda de amparo. En dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. TERCERO INTERESADO. Una vez que se reciba el informe justificado, se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No resulta necesario tramitar incidente de suspensión, debido a que los efectos de la suspensión de plano concedida, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar de su reclusión, por lista a la promovente, por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable.

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