Xicohtencatl Arroyo Flores
Expediente 840/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Xicohtencatl Arroyo Flores
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021. Que el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. También se aprecia que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 840/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO. En primer término, debe precisarse que el promovente acude a esta contienda constitucional en su carácter de víctima y reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- 1.- A LAS AUTORIDADES ORDENADORAS LES RECLAMO, LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PROMOCIÓN RELATIVA AL CONTROL JUDICIAL, PRESENTADA EL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ANTE LA OFICIALÍA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL, Y EN CONSECUENCIA, LA FALTA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CON MOTIVO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUMERO FGEP/CDI/FEAI/SERVPUB-I/000059/2021 YA QUE, NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO AL SOLICITUD FORMULADA, SITUACIÓN QUE A TODAS LUCES ES VULNERABLE DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO YA QUE NO SE HAN RESPETADO LOS TIEMPOS QUE NUESTRO CÓDIGO PROCESAL ESTABLECE, Y QUE NUESTRA CARTA MAGNA CONTIENE EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE MENCIONARON COMO VIOLENTADOS EN MI PERJUICIO, VULNERANDO ASÍ MIS DERECHOS FUNDAMENTALES. 2.- A LA AUTORIDADES EJECUTORA LE RECLAMO LA OMISIÓN DE EJECUTAR LOS ACTOS PROPIOS DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO ACORDAR EL TRÁMITE SOBRE LAS PETICIONES FORMULADAS POR EL ASESOR JURÍDICO, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUMERO FGEP/CDI/FEAI/SERVPUB-I/000059/2021 YA QUE, NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO AL SOLICITUD FORMULADA, SITUACIÓN QUE A TODAS LUCES ES VULNERABLE DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO YA QUE NO SE HAN RESPETADO LOS TIEMPOS QUE NUESTRO CÓDIGO PROCESAL ESTABLECE, Y QUE NUESTRA CARTA MAGNA CONTIENE EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE MENCIONARON COMO VIOLENTADOS EN MI PERJUICIO, VULNERANDO ASÍ MIS DERECHOS FUNDAMENTALES." De la anterior transcripción y del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados en la presente vía constitucional, se traducen, por una parte a los Jueces de Control la omisión de acordar la promoción presentada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, relativa al control judicial; y, por otra, a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Susana A. Osorio Acosta, la omisión de ejecutar los actos propios de la investigación, así como acordar el trámite sobre peticiones formuladas por el asesor jurídico del aquí quejoso, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEAUSERVPUB-I/ 000059/2021. I. Por lo que, por cuanto hace al primer acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, relativa al control judicial ante el Juez de Control en turno de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, de su interpretación se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así mismo, establece que los actos de imposible reparación se entienden por los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Y, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una resolución favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que una cuestión formal que no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con el nuevo texto de la Ley de Amparo, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (libertad, propiedades o posesiones); pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traducen, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar la afectación que hace valer, sobre la omisión por parte de las autoridades responsables (Jueces de Control), de acordar el escrito presentado por el asesor jurídico del aquí amparista el veintiséis de agosto del año en curso. Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues las omisiones que refiere la quejosa puede ser subsanada al obtener una resolución favorable a sus intereses, dejando intacta su esfera jurídica. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro IUS 2011580, del rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Como se advierte del criterio transcrito, la omisión que por esta vía se combate, no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no existe una afectación a un derecho sustantivo, sino adjetivo; máxime que el suscrito juzgador no advierte que exista una abierta dilación del procedimiento de origen o en su caso la paralización total del mismo, toda vez que entre la fecha de presentación de la demanda de cuenta (treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno) y del escrito de cuya omisión de acordar se duele el aquí amparista (veintiséis de agosto del año en curso), transcurrieron únicamente tres días hábiles. En razón de las consideraciones legales expuestas, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, ya que la dilación procesal reclamada, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. II. Ahora, por lo que se refiere al acto consistente en la omisión de ejecutar los actos propios de la investigación, así como acordar el trámite sobre peticiones formuladas por el asesor jurídico del aquí quejoso, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEAI/SERVPUB-I/000059/2021, que reclama a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Susana A. Osorio Acosta, el cual se traduce en el retardo de integrar la carpeta de investigación, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Es decir, el principio de definitividad encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente. No se soslaya que, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado cuando el gobernado únicamente aduzca violaciones directas a la Constitución, ya que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Así, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando la parte quejosa aduce violaciones directas a la Constitución, ya sea por exclusión: 1. Cuando el acto reclamado carece absolutamente de fundamentación y motivación; y, 2. Cuando exclusivamente se aduce violación a la garantía de audiencia, pero fuera de esas hipótesis, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso. Ahora bien, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C, se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" De lo que se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el Juez de Control facultado para tal efecto, ya que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, por analogía jurídica, la jurisprudencia de rubro y texto que dicen: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Acorde a lo anterior, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se concluye que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico para subsanar las omisiones, excesos, defectos y, en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Así, los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Ahora bien, cabe destacar que en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 27/2018, que a la letra se cita: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Criterio jurisprudencial en el que se sostuvo que si bien los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, también lo es que el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones u omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Así mismo, indicó que las referidas determinaciones no se limitan a las enunciadas en dicho numeral (258), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; entendiéndose que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto. Luego, bajo esa tesitura, es evidente que la omisión que reclama la parte promovente, es impugnable, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De esta manera, si el medio de defensa que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto impulsar la prosecución del procedimiento penal, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Luego, la facultad de impugnar prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del Ministerio Público en la fase de investigación, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En ese sentido, las negligencias u omisiones del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, vulneran los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que buscan. Máxime que, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, toda vez que el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones y/o negligencias que afectan o impiden lograr su pretensión. En consecuencia, la omisión de integrar la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEAI/SERVPUB-I/000059/2021, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues según lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar en sede judicial, las omisiones del ministerio público. Así, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra las omisiones reclamadas, en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la mencionada Ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la queja 119/2019. DOMICILIO. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando el domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, en virtud de que también solicitó se realizaran electrónicamente, lo que se acordará favorable más adelante. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel Josafath Barrios Reyna, Jesús Reyes Mellado, Jesús García Cortés y Josué Barrios Reyna, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, téngase como autorizado en los términos restringidos del citado numeral a José Francisco Morales Martínez, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlo en los términos amplios previstos en el citado numeral, no proporcionó los datos necesarios a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tiene inscrita su cédula de licenciado en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrá ser autorizado en los términos planteados. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Israel Josafath Barrios Reyna, es titular del usuario "JOSAFATH", el cual se encuentra vigente; se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de dicho usuario, por así haberlo solicitado expresamente, y se ordena que se le realicen las notificaciones vía electrónica a través del mismo usuario. Signifíquese a la parte autorizada para consultar el expediente electrónico que, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un Expediente electrónico o carpeta digital, deberá informar a la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal (DGTI) a través del vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas". En caso de que no resulte posible por esta vía, se dará el aviso respectivo a través de los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal, para los efectos precisados en dicho artículo. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese electrónicamente al promovente; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Wivaldo Puertos Hernandez1857/2015
- WUALFRED SEEGLER ROJAS y Otros.862/2021
- WULFANO o BULFRANO BEDOLLA CORNEJO o DOMNGUEZ626/2023
- Wulfrano Bedolla Cornejo113/2019
- Wulfrano Bedolla Cornejo120/2019
- Xharbel Salgado Ramirez1266/2022
- Xihuel Sarabia Reyna901/2017
- Xihuel Sarabia Reyna1685/2016
- Xomara Perez Camacho1133/2021
- Yadira Garcia Tzilin432/2018
- Yadira Garcia Tzilin911/2018
- Yadira Garcia Tzilin284/2018