Yahilemis del Carmen Amador Orozco
Expediente 198/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yahilemis del Carmen Amador Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido electrónicamente por la Subdirectora de Área, adscrita a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, toda vez que el primero de julio del año dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. Una vez hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido vía telegráfica por el Director General de Procedimientos Constitucionales, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; toda vez que mediante proveído de primero de julio del año en curso causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, ordenándose el archivo del mismo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obren en el expediente los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades responsables con residencia fuera de esta ciudad, toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión contra la determinación de mérito, pues no se le ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas 2464 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 34, septiembre de 2016, tomo IV, que dice: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. SE hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Finalmente, agréguese a los autos el informe previo rendido vía electrónica por la Directora de Amparo "A" de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 198/2022-IV. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto de los diversos actos reclamados en el presente juicio de amparo, este órgano advierte que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. En ese tenor, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese.
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