Xochitl Aviles Pineda

Expediente 1126/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1126/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Xochitl Aviles Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior comuníquese a las partes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que en caso de que sea se les haga entrega de los documentos originales que haya exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos ÓSCAR ALEJANDRO LÓPEZ CRUZ, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1126/2020, promovido por Xóchitl Avilés Pineda, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Xóchitl Avilés Pineda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes. Autoridad responsable. Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial con residencia en Puente de Ixtla, Morelos. Acto reclamado: ".NO HE SIDO NOTIFICADA, emplazada CONFORME A DERECHO, LLAMADA A JUICIO, ESCUCHADA Y VENCIDA, DENTRO, DEL EXPEDIENTE AL RUBRO CITADO, MISMO QUE INTERPONGO JUICIO DE AMPARO". SEGUNDO. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1126/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La falta de llamamiento a juicio, donde se controvierte un inmueble de su propiedad, ante la autoridad responsable, juicio 364/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante, los conceptos de violación no serán objeto de análisis, pues este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en concordancia con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De la lectura de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley reclamados, y, cuando se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; lo cual significa que la existencia del interés jurídico es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional. El interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular. Dicho en otras palabras, es necesario que la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, puesto que a ningún fin práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponden a la parte quejosa. Así las cosas, el Más Alto Tribunal Constitucional del país ha considerado que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es otra cosa sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. De ahí que, no existe derecho subjetivo, por ende, ni interés jurídico, cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden legal para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa; por lo tanto, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en un dar, hacer o un no hacer. Por otra parte, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trasgresión por una autoridad o por la propia ley, concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Resulta aplicable la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Consultable en la página 80, volumen 193-108, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 240121, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." En relación a este último punto, el artículo 14 constitucional, dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran, sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, el interés jurídico debe ser plenamente demostrado en el transcurso del juicio de amparo, con el fin de que la autoridad esté en aptitud de entrar al estudio de lo planteado por la parte quejosa, pues de lo contrario y en atención a la misma causa de improcedencia que establece la fracción XII en comento, el juicio resultaría improcedente. Así, el interés jurídico podrá ser demostrado en el desarrollo del proceso, a través de los medios de convicción idóneos que lo acrediten de forma tal que no exista duda de que la persona y/o personas que comparecen sean los titulares del derecho que se dice afectado, criterio que ha sido ampliamente reiterado por los tribunales federales de nuestro país. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 82, Octubre de 1994, página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Ahora bien, el acto reclamado en el asunto consistente en la falta de emplazamiento y llamamiento a juicio en el expediente 364/2017, ordinario civil (prescripción positiva) promovido por Víctor Avilés Pineda en contra de Daniel Fuentes Trejo, y otros, no así de la aquí quejosa. En tal sentido, este juzgador estima que tal acto no causa ninguna afectación al interés jurídico de la quejosa, en razón que la quejosa no acredita con medio de prueba alguna -escritura pública- que demuestre tener derecho como propietaria del bien inmueble que se controvierte en el juicio, y por ello ser llamada a juicio, así, el controvertido natural no lesiona los intereses jurídicos de la accionante del amparo, en tanto no está dirigido en su contra. En efecto, en el juicio 364/2017 ordinario civil (prescripción positiva) no está seguido en su contra, para tener derecho a ser llamada a juicio a defender el inmueble que de la que dice ser propietaria. Luego, se concluye que al no estar dirigido en su contra el juicio 364/2017, del que reclama no ser llamada a defender su derecho, ni acredita contar con un título de propiedad, la quejosa no acredita la afectación a su interés jurídico. Se invoca como apoyo, por identidad jurídica, el criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (ahora especializado en materia civil), visible a página 1907, Tomo XXIX, abril de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167492, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". De lo anterior, se corrobora el hecho de que la quejosa no es parte en el juicio 364/2017 de prescripción positiva de origen, es decir, es tercera extraña a juicio; además, cabe precisar que en sus conceptos de violación la impetrante Xóchitl Avilés Pineda, aduce esencialmente no ser emplazada a juicio a defender su derecho, lo que le representa el temor de fundado de que en cualquier momento pueda ser privada de sus propiedades, posesiones o derechos. En esa tesitura, como se precisó, la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; y un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesionan directamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, pues es entonces cuando nace la posibilidad de intentar la acción constitucional. De lo dicho, puede concluirse que la promovente del juicio de amparo debe necesariamente ser el titular del derecho que alega le fue violado y que derivado de esa violación resultó afectada en sus intereses jurídicos, ya sea en su patrimonio o en su persona. Como se destacó, en el juicio de amparo la quejosa se duele de la falta de emplazamiento al juicio 364/2017, de prescripción positiva, de un bien inmueble de su propiedad, del índice de la responsable promovido por Víctor Avilés Pineda en contra de Daniel Fuentes Trejo, y otros, donde no es parte. Es así, ya que del informe justificado de la responsable, se advierte que el juicio 364/2017, de prescripción positiva, se tramita por la referida autoridad, en contra de Daniel Fuentes Trejo, y otros y no contra la ahora quejosa; de donde deviene incuestionable que dicha determinación, por sí sola, no le irroga perjuicio alguno a la solicitante del amparo y, por ende, no lesiona su interés jurídico, pues no es parte en el controvertido de origen, el acto no fue emitido en su contra y no se le ha embargado bien alguno de su propiedad; aunado al hecho que no demuestra contar con título de propiedad de inmueble relacionado con el controvertido en el juicio natural. Evidentemente, la parte agraviada debe acreditar indubitablemente su interés jurídico para hacer procedente el juicio de amparo, lo que no aconteció en el juicio. Por tanto, se reitera, para la procedencia del juicio constitucional no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley a favor de la peticionaria del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su esfera jurídica, lo que en la especie no ocurre, dado que el trámite del juicio natural de que se habla, no fue dictado en su contra, ni de sus bienes, sino en contra del demandado en el juicio de origen, previamente citados, por lo que al no estar dictado dicho acto en contra de la promovente, ni sobre sus bienes, es inconcuso que no podría afectar los derechos que aduce tener. De lo expuesto hasta aquí, es claro que la quejosa no demostró ser titular de un derecho legítimamente tutelado, que haya sido transgredido por la substanciación del procedimiento de origen que amerite ser analizado mediante el juicio constitucional, pues no es a base de presunciones como debe acreditarse el interés jurídico, sino mediante medios de convicción idóneos; lo que por sí sólo actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en este procedimiento constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IV.3o. J/26, visible a página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Numero. 66, Junio de 1993, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL.- Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante del garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4º de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado" Corolario de lo anterior, al estar acreditada la causa de improcedencia invocada, lo que se impone es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.

  3. Principal

    En veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta con el oficio registrado con el número de folio 1035.- Conste.Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar cuatro anexos colocándoles carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, hágase del conocimiento a las partes, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Ahora, lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a las partes, pues las citadas constancias (anexo), podrá ser consultado en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. En esa tesitura, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. Hágase del conocimiento a las partes, que en adición a las disposiciones que rigen el presente juicio de amparo, será aplicable en lo conducente, lo previsto en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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