Ximena Martínez Hernández

Expediente 1354/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1354/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Ximena Martínez Hernández
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a las autoridades responsables, mediante el cual se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para que estén en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que hubieran exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de marzo de dos mil veintidós Se tiene por recibido el escrito signado por Jazmín Hernández Lino y Óscar Moisés Martínez Ramírez en representación de su menor hija de iniciales X.M.H., mediante el cual informa que con fecha catorce de octubre y once de noviembre de dos mil veintiuno, le fue aplicada a la menor quejosa la primera y segunda dosis de la vacuna Pfiser, anexando copia del comprobante de vacunación contra el virus SARS COV-2.; en consecuencia de lo anterior se acuerda lo siguiente: Del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de implementar un programa de vacunación contra el VIRUS SARS COV-2, COVID-19, destinado a menores de edad de doce a diecisiete años y, por ende, la omisión de ordenar que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "................. "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y..." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la jurisprudencia 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad, que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente, es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años, quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues de autos se desprende lo siguiente: Mediante escrito recibido el ocho de marzo de dos mil veintidós, Jazmín Hernández Lino y Óscar Moisés Martínez Ramírez, informó que la menor de iniciales X.M.H., fue inoculada con la vacuna contra el virus SARS-COV2; en octubre y noviembre del año pasado, recibiendo la primera y segunda dosis, respectivamente, y por tanto, cuenta con el esquema completo de vacunación. Por tales motivos, se considera se actualiza la causa de improcedencia anunciada. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del cinco de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós Agréguese a los autos el acta levantada por el Coordinador de Actuarios de este Juzgado de distrito, mediante el cual informa que comisionó a Ismeth Ikingari Torres Vázquez, actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que realice las notificaciones ordenadas en autos. Se toma conocimiento de la circunstancia anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, resulta necesario conocer si el menor quejoso recibió la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). En consecuencia, se requiere al Coordinador de Brigadas Especiales en el estado de Morelos para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe si la menor de iniciales X.M.H. recibió la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 237, fracción I, y 259 de la ley en comento, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, vistos los autos del presente juicio, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones necesarias a efecto de notificar a la parte quejosa el auto en mención. Finalmente, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las diez horas del cinco de abril de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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