Xochiquetzali Puebla Peralta
Expediente 1182/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Xochiquetzali Puebla Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitado, para el efecto de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, autoridad responsable en el juicio, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día en que sea legalmente notificada del acuerdo por el cual la resolución cause ejecutoria, deje insubsistente la resolución reclamada, así como todo el procedimiento administrativo de queja 410/2017, toda vez que la orden de visita extraordinaria que da origen al procedimiento administrativo no reunió los requisitos de ley para su origen y verificación, en una clara contravención al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . . Efecto que se hace extensivo a las restantes autoridades responsables, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren con el acatamiento de la resolución, lo cual deberán acreditar en la etapa de cumplimiento del presente fallo.". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 118/2020 y mediante ejecutoria de siete de enero de dos mil veintiuno, determinó modificar dicha sentencia recurrida para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento administrativo (queja administrativa) 410/2017. 2. Dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y provea lo necesario para integrar debidamente la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos. 3. Una vez debidamente integrada la referida Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, dicte nuevamente resolución correspondiente en la queja administrativa 410/2017. En consecuencia, al ser fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, lo que se impone es en la materia de la revisión modificar la sentencia impugnada en la que se concedió la protección constitucional, aunque por motivos diversos a los expresados por el Juez de Distrito. Precisando, que dicha concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución señalados por la quejosa, en virtud de que estos no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve, que ha quedado sin efecto." Por lo anterior, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 410/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de nueve y veintiuno de abril del dos mil veinte, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 410/2017, se desprende dejó sin efectos la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento administrativo (queja administrativa) 410/2017, dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y provea lo necesario para integrar debidamente la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, una vez debidamente integrada la referida Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, dicte nuevamente resolución correspondiente en la queja administrativa 410/2017, precisando, que dicha concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución señalados por la quejosa, en virtud de que estos no fueron reclamados por vicios propios. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 410/2017, se desprende dejó sin efectos la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas, tal como se desprende las constancias que adjuntaros las autoridades para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitado, para el efecto de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, autoridad responsable en el juicio, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día en que sea legalmente notificada del acuerdo por el cual la resolución cause ejecutoria, deje insubsistente la resolución reclamada, así como todo el procedimiento administrativo de queja 410/2017, toda vez que la orden de visita extraordinaria que da origen al procedimiento administrativo no reunió los requisitos de ley para su origen y verificación, en una clara contravención al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . . Efecto que se hace extensivo a las restantes autoridades responsables, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren con el acatamiento de la resolución, lo cual deberán acreditar en la etapa de cumplimiento del presente fallo.". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 118/2020 y mediante ejecutoria de siete de enero de dos mil veintiuno, determinó modificar dicha sentencia recurrida para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento administrativo (queja administrativa) 410/2017. 2. Dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y provea lo necesario para integrar debidamente la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos. 3. Una vez debidamente integrada la referida Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, dicte nuevamente resolución correspondiente en la queja administrativa 410/2017. En consecuencia, al ser fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, lo que se impone es en la materia de la revisión modificar la sentencia impugnada en la que se concedió la protección constitucional, aunque por motivos diversos a los expresados por el Juez de Distrito. Precisando, que dicha concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución señalados por la quejosa, en virtud de que estos no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve, que ha quedado sin efecto." Por lo anterior, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 410/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de nueve y veintiuno de abril del dos mil veinte, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 410/2017, se desprende dejó sin efectos la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento administrativo (queja administrativa) 410/2017, dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y provea lo necesario para integrar debidamente la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, una vez debidamente integrada la referida Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, dicte nuevamente resolución correspondiente en la queja administrativa 410/2017, precisando, que dicha concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución señalados por la quejosa, en virtud de que estos no fueron reclamados por vicios propios. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 410/2017, se desprende dejó sin efectos la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas, tal como se desprende las constancias que adjuntaros las autoridades para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación emitida el veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Germán Andrés Ballesteros Cotero, delegado de las autoridades responsables Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Jefe de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Departamento de Nóminas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de doce de abril del año en curso, informa quedó sin efectos la resolución de diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, así como el oficio MVG/BASB/4129/2019, y con motivo de ello la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y la Encargada de Control de Asistencia y Archivo de Personal al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, comunicó la desincorporación de la queja administrativa 410/2017, del expediente personal de la quejosa Xochiquetzali Puebla Peralta, remitiendo copias certificadas para acreditar su dicho respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta así como con las documentales que exhibió la responsable el veintidós de marzo de la presente anualidad y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Germán Andrés Ballesteros Cotero, delegado de las autoridades responsables Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Jefe de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Departamento de Nóminas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de doce de abril del año en curso, informa quedó sin efectos la resolución de diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, así como el oficio MVG/BASB/4129/2019, y con motivo de ello la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y la Encargada de Control de Asistencia y Archivo de Personal al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, comunicó la desincorporación de la queja administrativa 410/2017, del expediente personal de la quejosa Xochiquetzali Puebla Peralta, remitiendo copias certificadas para acreditar su dicho respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta así como con las documentales que exhibió la responsable el veintidós de marzo de la presente anualidad y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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