Xitlalyt Roxana Castro Castro
Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Xitlalyt Roxana Castro Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resultan aplicables los acuerdos generales 21/2020 y 37/2021 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo.
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ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por XITLALYT ROXANA CASTRO CASTRO, contra actos de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por los motivos plasmados en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA: XITLALYT ROXANA CASTRO CASTRO,LA RESOLUCION DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 384/2020-4A promovido por XITLALYT ROXANA CASTRO CASTRO, contra actos de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, concede en esta ciudad, por violación a los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda. XITLALYT ROXANA CASTRO CASTRO presentó escrito el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual solicitó el amparo y protección constitucional contra: ". III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Junta Especial No. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (debidamente integrada), con domicilio en la esquina que forman las calles Ignacio Allende y Marcial Ordóñez, en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado de Sinaloa, Planta Baja, de esta ciudad "IV.- ACTO RECLAMADO:- A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, JUNTA ESPECIAL NO. 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO (DEBIDAMENTE INTEGRADA), SE LE RECLAMA, LA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEBIDO PROCESO, Y ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, DE MANERA PRONTA, EXPEDITA, IMPARCIAL Y COMPLETA, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL DENTRO DEL JUICIO J.E.No.2- 03-203/2020, POR: ? LA OMISIÓN DE ACORDAR EL AUTO ADMISORIO DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 873, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN EL EXPEDIENTE J.E.No.2-03- 203/2020. ? LA OMISIÓN DE CELEBRAR LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 873, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN EL EXPEDIENTE J.E.No.2-03-203/2020. ? LAS ABIERTAS DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL DENTRO DEL JUICIO J.E.No.-2-03- 203/2020, POR LA OMISIÓN DE TRAMITARLO Y REGULARLO, EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 685, 771, 873, 878 FRACCIÓN VIII, 883 A 885, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." SEGUNDO. Trámite. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer; por auto de uno de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa es legalmente competente para resolver en definitiva en el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 1°, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispositivo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se expone que el acto reclamado destacado la omisión de la junta de proveer sobre la admisión de la demanda laboral que formó el expediente número J.E.No.2-03- 203/2020. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justificado niega la existencia del acto reclamado bajo la premisa de que antes de la presentación de la demanda de amparo ya había sido atendida la demanda laboral mediante auto de doce de marzo de dos mil veinte, para lo cual, la responsable anexó el proveído en comento. En este tenor, debe precisarse que la demanda laboral fue presentada el once de marzo de dos mil veinte, y fue atendida por la autoridad responsable mediante auto de doce de marzo de dos mil veinte, en el sentido de admitirla; mientras que, la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo el acto reclamado consistente en la omisión de acordar el auto admisorio del escrito inicial de demanda en términos previstos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dentro del expediente J.E.No. 2-03-203/2020 resulta inexistente, sin que la impetrante desvirtuara las negativas. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, Sexta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene observancia la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49 del Tomo 24 del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por tanto, si el proveído de admisión de la demanda laboral fue dictado antes de presentarse la demanda de amparo que nos ocupa, es claro que los actos reclamados no existieron y, por ende, que deba decretarse el sobreseimiento del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de los actos combatidos a la fecha de presentación de la demanda de amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al actuarlizarse la causal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el acto reclamado debe ser analizado conforme a lo planteado en la demanda y a la etapa procesal correspondiente, de ahí que, si el reclamo consiste en la omisión de atender la demanda laboral, y ello ya ocurrió, no es dable analizar diverso acto o etapa procesal del juicio laboral, pues en su caso, ha sido criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la precisión del acto reclamado y el cumplimiento de la sentencia de amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013 Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 79 y 155 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por XITLALYT ROXANA CASTRO CASTRO, contra actos de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por los motivos plasmados en el considerando tercero de esta resolución.
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Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo a las partes el término de ocho días para que se impongan del informe justificado rendido por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el cual fue agregado en auto el pasado veintisiete de octubre; por tanto, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo. Por similitud jurídica, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Por último, es de observarse la jurisprudencia P./J. 54/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que a la letra establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".
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