Yajaira Vanesa Lopez Carlon

Expediente 239/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
239/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Yajaira Vanesa Lopez Carlon
  • YAJAIRA VANESA LOPEZ CARLON y Otros.
  • Octavio Lopez Zavala
  • OCTAVIO LOPEZ ZAVALA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia del juicio de amparo número 239/2022-4B, al que le correspondió el número de juicio de amparo directo civil 1737/2022 de su índice; agréguese a sus autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales. En otro orden de ideas, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado por auto de siete de octubre de dos mil veintidós, declinó competencia para conocer del presente juicio, y por auto de once de noviembre del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, aceptó la competencia planteada; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que en el presente cuaderno de antecedentes no obra documento original, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que en auto de siete de octubre del año en curso, se ordenó su integración, con motivo de haber declinado competencia este juzgador para conocer del asunto, además, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente cuaderno de antecedentes, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AURTO DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia del juicio de amparo número 239/2022-4B, al que le correspondió el número de juicio de amparo directo civil 1737/2022 de su índice; agréguese a sus autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales. En otro orden de ideas, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado por auto de siete de octubre de dos mil veintidós, declinó competencia para conocer del presente juicio, y por auto de once de noviembre del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, aceptó la competencia planteada; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que en el presente cuaderno de antecedentes no obra documento original, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que en auto de siete de octubre del año en curso, se ordenó su integración, con motivo de haber declinado competencia este juzgador para conocer del asunto, además, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente cuaderno de antecedentes, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual se acusa de recibo del juicio de amparo 239/2022-4B, se informa que previo a hacer un pronunciamiento en cuanto a si dicho Tribunal, acepta o no la competencia declinada por este Juzgado, requirió a la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que remita el toca de apelación 100/2021 y el expediente 310/2018

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio 12274/2022 de cuenta suscrito por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 239/2022-4B y remite testimonio dictado por ese órgano colegiado al resolver la queja 177/2022 de su índice, interpuesta por los quejosos Yajaira Vanesa López Carlón y Octaviano López Zavala, en la cual en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Yajaira Vanesa López Carlón y Octaviano López Zavala, la primera por su propio derecho, mientras que el segundo en representación del menor G.L.G., en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en el juicio de amparo indirecto 239/2022, por el cual desechó la demanda de garantías interpuesta. SEGUNDO. Se ordena al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, se pronuncie nuevamente sobre la admisión de la demanda en términos de lo precisado en la parta final del último considerando de esta resolución. ."; intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas, para evitar duplicidad de constancias, y agréguese el oficio de cuenta a los autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales conducentes. Como lo solicita el órgano colegiado remitente, con transcripción de este acuerdo, acúsese recibo mediante oficio vía interconexión IOJ del SISE. Pues bien, en atención a la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, procede a dictar la resolución que en derecho procesa; en esa virtud, en principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: H. Sala de Circuito Civil Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, con sede en Sinaloa de Leyva. ". IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades responsables ORDENADORAS: De la H. SALA DE CIRCUITO CIVIL ZONA NORTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, en su calidad de Autoridad Ordenadora, le reclamamos: a).- La sentencia interlocutoria dictada el día 31 de Marzo del 2022, al resolver el toca de apelación número 100/2021-C, cuyo origen tiene el recurso de apelación admitido en ambos efectos interpuesto por los demandados YAJAIRA VANESA LÓPEZ CARLÓN y GUILLERMO LÓPEZ BOJORQUEZ, la primera a través de su procurador judicial el LIC. CONRADO LÓPEZ ZAVALA y el segundo por el señor OCTAVIANO LÓPEZ ZAVALA, en su carácter de padre en el ejercicio de la patria potestad del citado menor, en contra del auto de fecha 13 de Julio del año 2021, dictado en el expediente número 310/2018 seguido ante tal autoridad responsable por el tercero interesado JESÚS RAMON LÓPEZ REYES en contra de los promoventes y otro, en virtud del cual la autoridad responsable identificada al amparo del inciso b) precedente, determinó declarar en el citado juicio que operaba la figura jurídica de la caducidad de la instancia, porque en su emisión, contrario a lo que indica en ese proveído, desatendió lo dispuesto por el artículo 34 Bis, así como también el diverso 683 párrafo segundo, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, siendo que en el procedimiento del que se deriva el expresado proveído se advierte una violación manifiesta a los artículos predichos, como se aclara, prueba y demuestra en los conceptos de violación planteados en el capítulo respectivo de esta demanda de amparo. Del C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, SINALOA en su calidad de Autoridad Ejecutora, le reclamamos: a).- La inminente orden de ejecución que habrá de emitir en el juicio bajo el expediente número 310/2018, como consecuencia de la sentencia dictada por la diversa autoridad responsable con fecha 31 de Marzo del 2022, dentro del toca de apelación número 100/2021-C, al resolver esencialmente inoperantes los argumentos que los apelantes expresaron en los agravios hechos valer con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de Julio del 2021 emitido por esta autoridad responsable en el expediente de número 310/2018, a virtud del cual determinó que en tal expediente se actualizaba la figura jurídica de la caducidad de la instancia, confirmando a virtud de tal ejecutoria el proveído recurrido, reconociendo por tanto como bien dictado el auto emitido por su inferir jerárquico, lo que trae agravio a los quejosos porque se considera que tal resolución no se encuentra debida, ni correctamente fundada y motivada. .". Atento lo anterior, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; de no analizarse así, se vulnerarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese contexto, el Juzgado de Distrito, antes de conocer de un asunto, debe analizar si tiene o no competencia legal para ello, con la obligación de abstenerse de conocer del caso cuando considere que corresponde a otro órgano judicial hacerlo, porque la consecuencia de que se determine sobre un juicio respecto del cual no se tiene competencia legal, es declarar nulo lo actuado. Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), Constitucionales, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)". De los preceptos trascritos, se advierte que contra las resoluciones que ponen fin a un juicio, es decir, aquéllas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, procede el amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, previa interposición de los recursos ordinarios con los que se pueda modificar o revocar esa determinación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2014, determinó que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, Constitucionales, 2º, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de tres presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: 1. Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. 2. Competencia, respecto a que son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del amparo directo. 3. Procedencia, en relación a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo directo, deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Por lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, la claridad de los indicados presupuestos procesales, permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de actualizarse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo, respecto a la definitividad. Explicó, que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes; por tanto, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas. Sostuvo, que en ese caso se torna procedente la vía de tramitación directa, por ende, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Lo anterior, dio origen a la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 95, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En el caso, el quejoso reclama la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada por la H. Sala de Circuito Civil Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sedeen esa ciudad, dentro del toca de apelación 100/2021-C, que confirmó el auto de trece de Julio del dos mil veintiuno, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, con sede en Sinaloa de Leyva, en el juicio sumario civil 310/2018, que declaró la caducidad de la instancia, luego esta resolución pone fin al juicio en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, la resolución reclamada pone fin al juicio, pues sin decidir el fondo, tiene como consecuencia que el procedimiento concluya; la cual fue emitida en ejercicio de la potestad Jurisdiccional de que goza el Tribunal responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 56, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, de registro 194715, que a la letra dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia.". Igualmente por las razones que informa la Jurisprudencia 2a./J. 130/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 468, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Septiembre de 2009, Época: Novena Época, de Registro 166514, que a la letra dice: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD. El juicio de amparo directo procede contra las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos, de cualquier clase de Tribunales que pertenezcan a los órdenes jurídicos parciales (federal, local, Distrito Federal y municipal), toda vez que aquellos deben respetar el orden jurídico constitucional al que están supeditados (garantías individuales), con excepción de los siguientes supuestos: 1) Cuando la sentencia reclamada no se haya emitido por un Tribunal en ejercicio de potestad jurisdiccional, ante la ausencia de independencia e imparcialidad a esos efectos (en cuyo caso procederá el juicio de amparo indirecto para combatirlas); 2) Cuando la sentencia reclamada verse sobre materias excluidas constitucional o legalmente del juicio de garantías (como la materia electoral, sujeta a un sistema propio de regularidad constitucional); y, 3) Lógicamente, en caso de que la sentencia reclamada haya sido dictada por Tribunales que actúan en defensa del propio orden jurídico constitucional; supuestos de excepción que producen la improcedencia del amparo directo. Por tanto, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo promovido contra las sentencias definitivas que dicta el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al resolver el juicio de inconformidad en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal, porque en dicho supuesto, el juicio de garantías se promueve contra sentencias inatacables que emite un Tribunal perteneciente al orden jurídico del Distrito Federal (sujeto a las "garantías individuales" del orden jurídico constitucional) en materia de responsabilidades administrativas (que es ajena a la materia electoral), en ejercicio de potestad jurisdiccional, por actuar como tercero imparcial e independiente de las autoridades y servidores públicos del referido Instituto.". También resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 65/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 346 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Novena Época, de registro 195616, que a la letra dice: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa.". Con base en lo anterior, este Juzgado Federal considera competente al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para conocer de la demanda de amparo que se trata, pues en ella se reclama una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, por lo cual, debe ser controvertida en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario, se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse incompetente y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. Solicitándole respetuosamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente.

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