Wilfredo Miranda Valenzuela
Expediente 711/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Wilfredo Miranda Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 711/2021-1A, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Wilfredo Miranda Valenzuela; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Wilfredo Miranda Valenzuela; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por Wilfredo Miranda Valenzuela, contra actos de la Sala Unitaria de Circuito Zona Norte del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 711/2021-1A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Unitaria de Circuito Zona Norte del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. ACTOS RECLAMADOS: La sentencia dictada con fecha 10 de Noviembre del año 2021 por la C. Magistrada de la Sala de Circuito Zona Norte, del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa en el toca no. 70/2021-C, derivado del Expediente Ejecutivo Mercantil no. 768/2016, que se tramita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado manifestó: "Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los antecedentes del acto reclamado y que además constituyen los fundamentos de los conceptos de violación, son los siguientes: 1.- Que el suscrito WILFREDO MIRANDA VALENZUELA, fui demandado en la vía ejecutiva mercantil, por el pago de pesos, por la C. JESUS VALDEZ LEY, ante el Juzgado Primero de Primera instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por el pago de la cantidad de $1,850,000.00 y otras prestaciones, sirviendo como base, títulos de crédito, cheques, que sumados hacen la cantidad ya mencionada, dicho juzgado le asignó el expediente n. 768/2016, admitió a trámite dicha demanda ejecutiva mercantil , y con fecha 01 de noviembre del año 2017, dictó sentencia condenatoria, misma que fue confirmada por la segunda instancia. 2.- Seguido el trámite, el suscrito promovió, aun cuando la sentencia definitiva ya quedó firme, un incidente de nulidad de actuaciones, ante la autoridad responsable conocedora del juicio principal, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en sus p untos resolutivos, la Juzgadora declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, que a mi consideración, lógicamente cumple con todas las formalidades y al inconformarme con las actuaciones judiciales llevadas a cabo en la diligencia, para lo cual me permito transcribir el escrito incidental.". ".La autoridad responsable C. Magistrada de la Sala de Circuito Zona norte, del Poder Judicial del Estado, confirmó la sentencia interlocutoria dictada el día 10 de junio del año 2021, en el expediente de donde emanan lógicamente los actos que se reclaman, así como en el toca que se integró por razón del recurso de apelación que promoví oportunamente, la Magistrada, en sus considerandos, determina que son insuficientes los agravios que hice valer, en contra de la interlocutoria que se dictó el día 10 de Junio del año 2021, por la Jueza del juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, aun cuando normativamente se establece que las diligencias deben llevarse a cabo en un lugar exacto y cerciorarse por otros medios el ejecutor, que se trata del mismo lugar y domicilios, véase tanto el escrito incidental, como los agravios, no se indicó correctamente el domicilio, aun mas, no precisó a que comunidad pertenece el lugar en que supuestamente se constituyó, violentándose lógicamente, los derechos del suscrito, tanto los argumentos por la jueza de Primera Instancia y por la misma magistrada, son incorrectas las apreciaciones, y sin fundar ni motivar dichas resoluciones. Por considerar y no encontrándose en los supuestos que establece la Ley de Amparo y por existir sentencia definitiva firme, lógicamente la sentencia a que me refiero, dictada por la autoridad responsable, no se puede restituir mis garantías violadas, por no existir otro recurso ordinario en contra de la mencionada sentencia. A mi consideración, los agravios expresados, de una manera sencilla y señalando las violaciones cometidas por el Juez de origen, son contrarias las apreciaciones que hace la segunda instancia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107 fracción IV, los cuales disponen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente .XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Conforme al contenido literal de los preceptos legales citados, queda de manifiesto que el juicio de amparo indirecto será improcedente, en tratándose de actos de ejecución de sentencia. De ahí que la procedencia del juicio de amparo, cuando se está en la presencia de ejecución de sentencia, sólo puede impugnarse por la vía constitucional, cuando sea la última resolución del procedimiento respectivo, y siendo que en esa ocasión pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, situación que en la especie no acontece. Lo anterior, ya que atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vertió el quejoso en su demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama consistente en la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca 70/2021-C, por la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Norte del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en la cual confirmó la sentencia interlocutoria dictada el diez de junio de dos mil veintiuno, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente ejecutivo mercantil 768/2016, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado Wilfredo Miranda Valenzuela, aquí promovente, no cumple con el requisito de procedencia para dar trámite a la demanda de amparo. Pues como ha quedado establecido, será procedente el juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. En ese entendido, el acto aquí reclamado, no tiene por cumplida la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, ni declara la imposibilidad material o jurídica para cumplimentarla; ya que como quedó precisado en párrafos precedentes, se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia y ante aquellas actuaciones (sentencia definitiva) que constituye cosa juzgada, en la cual el hoy promovente fue condenado al ser parte demandada en el juicio en el principal, por lo que sólo hasta que se declare cumplida la sentencia, serán reclamables las violaciones que se estimen cometidas en el procedimiento respectivo si trascienden al resultado de la ejecución; consecuentemente los vicios que puedan ocurrir durante y después de los actos que se llevan a cabo para ejecutar dicha sentencia, solo podrán reclamarse hasta la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, motivo por el cual es evidente que no se actualiza el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo, ya que no se está declarando el cumplimiento o incumplimiento del fallo definitivo, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplimentarla, por lo cual resulta improcedente la presente demanda. Así las cosas, lo procedente es desechar la demanda en estudio, tomando en consideración el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99 (jurisprudencia P./J.32/2001); según la cual la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, solo lo es contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; y será ese el momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas, siempre y cuando estas hubieren dejado sin defensa al promovente, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia definitiva que constituye cosa juzgada, por la naturaleza propia del procedimiento, ya que éste se conforma por una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esta es, la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado al respecto en la jurisprudencia P.J. 32/2001, que es del rubro y tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Resulta aplicable la Tesis: VII.2o.C.23 K, de la Novena Época, con número de registro 175683 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, página 1947 la cual establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia.". De igual manera, apoya a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.) de la Décima Época, con número de registro 2001059 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Materia Común página 1515 de rubro y texto siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga.". De igual manera, es aplicable la Tesis de la Décima Época, con número de registro 2009245, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Tomo III, Mayo de 2015, página 2334 de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito.". En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo; motivo por el cual y con fundamento en el diverso precepto 113 de la ley invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Además, con la anterior determinación de ningún modo se deja en estado de indefensión al promovente, dado que sólo debe esperar a que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, para que pueda promover válidamente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Finalmente, la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones.
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