Xavier Caheri Ovando Carrillo
Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Xavier Caheri Ovando Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio así como el cuaderno original del incidente y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, las constancias que anexaron como soporte de su informe justificado, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 775/2023, sin la asistencia de las partes. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al Juez con la documental exhibida por la parte quejosa y con la ofrecida por los jueces responsables. El Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas y se tiene por perdido el derecho para ofrecer algún otro medio de convicción. Abierto el periodo de alegatos la Secretaria certifica que únicamente formuló alegatos la Agente del Ministerio Público de la Federación, a través del pedimento 393/2023. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el pedimento de la agente y por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés (fojas 3-7), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Xavier Caheri Ovando Carrillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 775/2023 y en proveído de veintidós de junio de veintitrés (foja 15), la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con la lectura integral de la demanda así como con el contenido de los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso consisten en: Del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey y del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia: La orden de aprehensión y/o comparecencia, al ordenar privarlo de su libertad de forma ilegal o alguna medida de apremio fundada en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales (multa). Del Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán: El cumplimentar la orden de aprehensión y/o comparecencia, la orden de privarlo de su libertad de forma ilegal o alguna medida de apremio fundada en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y el Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados (fojas 31, 27 y 36). El Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia fueron coincidentes al manifestar que no habían dictado orden de aprehensión y/o comparecencia. Además, el primero de ellos agregó que tampoco había impuesto multa en contra del quejoso en términos del artículo 44 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales dentro de la causa penal 114/2015-I, ni en ninguna otra de las radicadas en su órgano jurisdiccional; también precisó que tampoco había emitido algún tipo de mandamiento restrictivo de su libertad física. Asimismo, señaló que si bien era cierto que señaló hora y fecha para el desahogo de la testimonial a cargo del quejoso Xavier Caheri Ovando Carrillo y solicitó el auxilio del Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, a quien facultó para imponer los medios de apremio previstos en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de lograr su presentación, así como diferir la diligencia cuantas veces fuera necesario acordar lo conducente para el éxito de la encomienda; también lo era que derivado del amparo 1246/2022 promovido por Xavier Caheri Ovando Carrillo, del índice de este juzgado, en los acuerdos de veintidós de diciembre del dos mil veintidós, diecisiete de febrero, tres y veintiocho de abril de dos mil veintitrés se le informó al juez exhortado que no debería obligar a dicho testigo a presentarse para el desahogo de la testimonial, ni aplicar en su contra algún medio de apremio previsto en las fracciones II, III y IV del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales; sino únicamente informar la data de la misma por si era su deseo comparecer voluntariamente a dicha diligencia. Para acreditar su dicho, ambos jueces remitieron copias certificadas de la causa penal 114/2015-I, instruida a Ramiro Villarreal Garza, por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo 386, fracción III, del Código Penal Federal, en términos del 13, fracción II, de esa misma legislación, de los que se advierte que efectivamente no se ha dictado orden de aprehensión y orden de aprehensión y/o comparecencia en contra del quejoso; ni multa en términos del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales; y que si bien se ordenó informarle de la data de testimonial a su cargo, no se hizo apercibimiento alguno en términos del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer sino que su presentación sería voluntaria. Con dichos informes y las constancias que se adjuntaron a los mismos se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar las negativas de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con los informes justificados, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Ello, pues si bien adjuntó a su demanda copia del oficio 11456/2023, suscrito por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, a través del cual ordenó comunicar al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia la emisión del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés; así como el acuerdo recaído al mismo de tres de mayo siguiente, dictado por el segundo de jueces mencionados, de los mismos no se advierte que se haya dictado en su contra orden aprehensión y/o comparecencia, ni que se haya ordenado privarlo de su libertad de forma ilegal, ni la aplicación de alguna medida de apremio fundada en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales (multa); y, si bien se ordenó informarle de la data de testimonial a su cargo, no se hizo apercibimiento alguno en términos del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer sino que se aclaró que su presentación sería voluntaria. Como se advierte tanto del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, como del de tres de mayo del año en curso, emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cuyas imágenes se insertan a continuación: En esas condiciones, quien esto resuelve no está en condiciones de llevar a cabo el análisis correspondiente y por ende, los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o comparecencia, al ordenar privarlo de su libertad de forma ilegal o alguna medida de apremio fundada en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales (multa) y su ejecución, deben declararse inexistentes. Es aplicable la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro digital 187728, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En ese estado de cosas, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el *******, por las razones expuestas en el considerando tercero del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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