Xavier Caheri Ovando Carrillo
Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Xavier Caheri Ovando Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente asunto, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva. Devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que acompañaron al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Finalmente, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 21 de junio del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 498/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la promoción registrada con el número 8715. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, con el cual se ordena dar cuenta en la etapa procesal correspondiente. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Enseguida, el secretario hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da nueva cuenta con las documentales aportadas por el quejoso y con las allegadas por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey y por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Xavier Caheri Ovando Carrillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán; y, Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán. Ambos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La orden de aprehensión girada contra el quejoso, así como su ejecución; y/o la imposición de medios de apremio en su contra. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, este juzgado asumió la competencia planteada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en lo siguiente: La orden de aprehensión girada contra el quejoso, así como su ejecución; y/o la imposición de medios de apremio en su contra. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado las autoridades responsables manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman; lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por otro lado, este juzgador advierte que en su informe justificado el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no informó en relación con la existencia del diverso acto reclamado consistente en la imposición de algún medio de apremio de los previstos en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que daría lugar a tener por existente dicho acto; sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al rendir su informe refirió que en virtud de la tramitación del diverso juicio de amparo 1246/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, mediante proveídos de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, diecisiete de febrero, tres y veintiocho de abril del año en curso, informó al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad que no debería obligar al testigo de mérito a presentarse ante dicho órgano para el desahogo de la testimonial a su cargo, ni aplicar en su contra algún medio de apremio previsto en el artículo referido; por ende, se tiene clara la inexistencia del señalado acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de los autos emitidos por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mismas que acompañó el quejoso a su escrito inicial de demanda y de las cuales se deduce que no se le han impuesto medios de apremio. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Xavier Caheri Ovando Carrillo, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los escritos firmados electrónicamente por J. Jesús Valencia Guerrero, mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de cuatro de abril del presente año, así como del diverso cuatro de los actuales, en atención a la resolución de dieciséis de marzo del presente año, dentro del recurso de revisión 189/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la que por unanimidad de votos de los magistrados que integran dicho tribunal de alzada, se ordenó la reposición del procedimiento; por tanto, se provee: Con fundamento en lo que disponen los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por J. Jesús Valencia Guerrero representante legal de la moral quejosa Residentes y Propietarios del Fraccionamiento Bosque Monarca A.C., así como de los menores que residen en el de nombres Ethan González Makibes, Álvaro Jaime Zavala, Frida Sofía Leal Virgen, Lucio García Rojas, Jerónimo García Rojas, Sebastián García Rojas, Andrés Gutiérrez Cervantes, Mateo Medina Alvarado, María Medina Alvarado, Álvaro Medina Alvarado, Emilio Medina Alvarado, Gabriel Acosta Mendoza, Ivanna Acosta Mendoza, Luis Mena Andaluz, André Mena Andaluz, Ana Paula González Ornelas, Mateo González Ornelas, Abril Larissa González Ornelas, Eduardo Rivera Crespo, Javier Rivera Crespo, Marina Abud Crespo, Rodrigo Abud Crespo, Federico Baena Crespo, Leonardo Baena Crespo, Ricardo Ávalos Díaz, Rodrigo Ávalos Díaz, María Fernanda López Solorio, Diana Alejandra López Solorio, Minete Estrada Vargas, Amelie Estrada Vargas, Helena Valencia Palou, Jorge López López, Darío Eugenio Treviño Padilla, David Esteban Treviño Padilla, Víctor Ceja Amezcua, Valentina Ceja Amezcua, Juan Carlos Martínez Karam, Nicoletta Martínez Karam, Luciano Alessandro Martínez Karam, Mía Nicoll Valencia Servín, Emily Albertina Valencia Gaspar, Ana Paula Valencia Gaspar, Lusconi Álvarez Martínez, Alejandro Álvarez Martínez, Solnage Tello Rodríguez, Valentina Tello Rodríguez, Romina Herrera Bribiesca, Iñaki Covarrubias Bribiesca, Matty Ailen Aranda, Carlos Raúl Aranda, Thiago Haziel Aranda Matute, Jana María Plancarte Zúñiga, Alexa Rafaela Plancarte Zúñiga, Fernando Ponce de León Torres, Natalia García Rodríguez, Karla Susana Serrato Álvarez, Camelia Victoria Serrato Álvarez, Carlos Manuel Serrato Álvarez, Abraham García Guzmán, Samuel Vejar Vallejo, Alonso Vejar Vallejo, Regina Ponce de León, Sebastián Ponce de León, Elías Sayón Carranza, Matías Sayón Carranza, André Huato Zayas, Ricardo Orozco Torres, Mateo Orozco Torres, Ximena Orozco Torres, Emilia Bastida Estrada, Francisco Kamir Suárez Cornejo, Constanza Cortés Arelle, Tessa Miranda Cortés Arelle, Emily Cook González, Alejandro Torres Cook, Leonardo Torres Cook, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a lo que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo realicen enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberán rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclaren dicha circunstancia y señalen el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberán efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que remitan el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibe. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Asimismo, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que anexa la parte quejosa y con éstas, hágase relación en la audiencia constitucional respectiva. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. De igual forma, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Wilbert García Perez1121/2015
- Wiliams Eduardo Manzanares Lara944/2023
- Wilver Fernando Gonzalez García572/2021
- Wistano Fuentes Barriga803/2018
- Wolfugang Argueta Martínez302/2022
- Xatziri Ireri Ramirez Reyes624/2023
- Xavier Caheri Ovando Carrillo1246/2022
- Xavier Caheri Ovando Carrillo775/2023
- Xicotencatl Oregon Ramirez426/2023
- Xicotencatl Ramirez Blanco97/2020
- Ximena Chávez Zavala882/2018
- Xiobara Lizeth Sánchez Cortes1027/2017