Xavier Caheri Ovando Carrillo

Expediente 1246/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1246/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Xavier Caheri Ovando Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia distada el veinticuatro de febrero del año en curso por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Por último, devuélvase al Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo Leon, con sede en Monterrey, las documentales que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, las cuales obran en un tomo, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento los pedimentos que formula la agente del Ministerio Público Federal, toda vez que el veintitrés de febrero del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; atento a ello, con la promoción de cuenta, fórmese cuadernillo de amparo. Por otro lado, como lo solicita la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1246/2022, promovido por ********************; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado de Distrito, y en auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite y la registró bajo el número 1246/2022; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó acordar lo conducente respecto de la existencia de parte tercera interesada; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, el quince de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por no señalada como responsable a la autoridad Subdelegado de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en virtud de su inexistencia, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso son: La orden de aprehensión, comparecencia, detención y/o privación de la libertad girada en su contra, así como su cumplimiento; y, El acto de molestia ordenado en alguna medida de apremio contemplada en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. Actos que atribuye a las autoridades: Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; y, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia. Las autoridades responsables Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y Subdelegado de Procedimientos Penales "C", en suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se le reclaman, las dos primeras, respecto de la orden de aprehensión, presentación y/o comparecencia y su ejecución, reclamadas por el aquí quejoso, y la última autoridad nombrada respecto del cumplimiento a dichas órdenes, con lo que se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar las negativas de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esas condiciones, quien esto resuelve no está en condiciones de llevar a cabo el análisis correspondiente y por ende, los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, presentación y/o comparecencia y su ejecución, deben declararse inexistentes. En ese estado de cosas, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, únicamente por lo que se refiere a los actos de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza del acto reclamado. El Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, refirió que no es cierto el acto que se le atribuye consistente en alguna medida impuesta en términos del artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, o algún tipo de mandamiento restrictivo de la libertad física del quejoso, dado que esa autoridad no ha recibido comunicado por parte de la autoridad exhortada Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, informando si realizó gestiones para hacer comparecer al citado quejoso como se le solicitó, y si en su caso lo apercibió en términos de lo dispuesto por el referido precepto legal. Sin embargo, refirió también que dentro del exhorto ********************(orden ********************) del índice de la autoridad auxiliadora Juez Primero de Distrito con sede en esta ciudad, formado con motivo del diverso ********************número de orden ********************, derivado de la causa penal ********************, instruida contra ******************** por el delito de fraude genérico, lo facultó para imponer los medios de apremio previstos en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de lograr la presentación del ateste, así como diferir la diligencia cuantas veces sea necesario y acordar todo lo conducente para el éxito de la encomienda. De igual forma, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, también aceptó que existe una citación ordenada dentro de la comunicación oficial ********************número de orden ********************, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, misma que se registró en ese órgano jurisdiccional bajo el número ********************(orden ********************), en la cual se le solicitó coadyuvar en el desahogo de la declaración testimonial del ateste ********************, a través de la plataforma denominada por el Consejo de la Judicatura Federal "CISCO WEBEX MEETING". Motivo por el cual se ordenó su citación, a efecto de que compareciera, en un principio, a las once horas del día veintisiete de octubre de dos mil veintidós, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa por el equivalente a treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, de constancias se desprende que no ha sido desahogada la diligencia de que se trata, y se señalaron nuevamente las doce horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés para su verificativo, sin que de constancias se advierta si se llevó a cabo o no la aludida diligencia. Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las actuaciones de la referida comunicación oficial número ********************(orden ********************), entre las que se encuentran los citatorios realizados al quejoso [constantes de 78 fojas, mismas que obran agregadas al presente juicio]. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a calificar los conceptos de violación, es preciso destacar los siguientes antecedentes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario por las autoridades responsable: Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal ********************, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, señaló fecha y hora para el desahogo de las testimoniales a cargo de diversos atestes, entre ellos, el aquí quejoso ********************, ofrecidas por el encausado ********************. Luego, tomando en consideración que el referido ateste tiene su domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, el citado juzgador ordenó girar el exhorto número ******************** (número de orden ********************) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, a efecto de que coadyuvara en el desahogo del medio de prueba admitido, mediante el empleo alternativo de videoconferencia, utilizando la herramienta CISCO WEBEX, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha comunicación oficial correspondió al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien la registró bajo el número ******************** (orden ********************) y en cuanto autoridad exhortada coadyuvante, por conducto del Actuario Judicial de su adscripción, citó a ******************** para comparecer ante esa autoridad, inicialmente, a las once horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, y en forma posterior, a las trece horas del quince de diciembre del mismo año, para el desahogo de la prueba testimonial mediante la plataforma "CISCO WEBEX MEETINGS", ordenada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, o no informar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondría una multa por el equivalente a treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad sería la que tuviera a la fecha en que incurriera en la omisión a lo ordenado), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. Además, de las constancias que acompañó a su informe la autoridad Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, relativas al exhorto ********************(número de orden ********************) de su índice, se desprende que no se llevó a cabo la prueba encomendada, por lo que mediante auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, de nueva cuenta se fijaron las doce horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba testimonial mediante la plataforma "CISCO WEBEX MEETINGS", a cargo de ********************. Asimismo, de ese auto se advierte que el juez responsable hizo la precisión de que, tal y como lo informó la autoridad exhortante Juez Quinto de Distrito en el Estado de Nuevo León, en su oficio 35195/2022 de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintidós, no deberá obligarse al testigo a presentarse ante el órgano jurisdiccional coadyuvante el día y hora señalados, sino solamente se le deberá informar la fecha en que se llevará a cabo la diligencia por si es su deseo comparecer voluntariamente ante el juzgado exhortado el efecto antes indicado; esto en cumplimiento a la suspensión concedida con motivo del juicio de amparo promovido por el testigo ********************. Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación el quejoso aduce que el acto de molestia reclamado, consistente en la medida de apremio contemplada en el artículo 44, del Código Federal de Procedimientos Penales, formulada por la autoridad responsable como apercibimiento en caso de no comparecer a la diligencia solicitada por el juez exhortante, vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son infundados los motivos de disenso en estudio. Para explicar dicha calificativa, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 44, 240, 241 y 242 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales por su orden disponen: "Artículo 44. El Ministerio Público en la averiguación previa, y los tribunales, podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio: I. Apercibimiento; II. Multa por el equivalente a entre treinta y cien días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó o se omitió realizar la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de su ingreso; III. Auxilio de la fuerza pública, y IV. Arresto hasta de treinta y seis horas. La atribución prevista en este artículo podrá emplearla el Tribunal respecto de los agentes del Ministerio Público, defensores y los peritos. El Ministerio Público o el Tribunal podrán dar vista a las autoridades competentes en materia de responsabilidad administrativa o penal que en su caso proceda." "Artículo 240. El tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes. Artículo 241. También mandará examinar, según corresponda, a los testigos ausentes, sin que esto estorbe la marcha de la instrucción ni la facultad del tribunal para darla por terminada cuando haya reunido los elementos bastantes. Artículo 242. Toda persona que sea testigo está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados. Las preguntas que formulen las partes deberán guardar relación con los hechos. El juez o tribunal desechará únicamente las preguntas que sean objetadas por impertinentes o inconducentes para los fines del proceso. El acuerdo de desechamiento será revocable. En todo caso el testigo dará razón de su dicho. Si el testigo no comparece a la primera citación, sin causa justificada, el juez ordenará que sea presentado a declarar." De la transcripción literal de los numerales en cita y para lo que aquí interesa se desprende: - Que el tribunal no podrá dejar de examinar a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes. - Asimismo, que podrá mandar examinar a los testigos ausentes sin que esto estorbe la marcha de la instrucción; y, - Que toda persona que sea testigo está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados En esa virtud, se advierte que el apercibimiento formulado al ateste para el caso de no comparecer al desahogo de la prueba testimonial ofrecida a su cargo dentro de la causa penal ********************, resulta apegado a derecho. Se afirma lo anterior, primeramente, porque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 242 del Código Federal de procedimientos Penales, toda persona que sea testigo está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados, es decir, dicha obligación deriva de la propia ley y se puede obligar a comparecer a los testigos si no están excluidos legalmente, incluso, se podría incurrir en delito al no declarar lo que se conoce de un hecho cuando se es citado por autoridad judicial. En ese sentido, en el caso en estudio el juez instructor de la causa admitió la prueba testimonial ofrecida por el encausado dentro del proceso penal ********************, por lo que en su exhorto ********************, expresamente facultó al juez coadyuvante para imponer los medios de apremio previstos en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de lograr la presentación del testigo, aquí quejoso y el juez exhortado apercibió con el medio de apremio previsto en la fracción II, del citado numeral 44, consistente en multa equivalente a treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, la cual se encuentra establecida dentro del parámetro que señala dicho precepto legal. Razón por la cual, como se dijo, se estima apegado a la legalidad el apercibimiento realizado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, pues le fueron expresamente conferidas las facultades a que se refiere el invocado precepto legal 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, para auxiliar en la diligencia encomendada, y dicha norma forma parte del procedimiento penal relativo, de modo que no se advierte se hubiere excedido en sus facultades. Aunado a lo anterior, y por la forma en que el quejoso planteó su demanda, no se advierte que se encuentre en alguno de los casos de excepción previstos en los numerales 243 y 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, caso en el cual correspondería al juez de origen, en cuanto coordinador de la diligencia ordenada, proveer lo que en derecho corresponda. En las condiciones apuntadas, no existe vulneración a los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa, y al no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de la consideración tercera de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la sexta consideración de la presente sentencia. Tercero. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las ********************, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1246/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas, aportadas por las autoridades responsables. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

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