Williams Fredy Rodriguez Beltran
Expediente 1240/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1240/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Williams Fredy Rodriguez Beltran
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Designación Asesor. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual el Coordinador Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, Defensores Públicos adscritos a esa coordinación a su cargo, a fin de brindarle al quejoso Williams Fredy Rodríguez Beltrán la orientación pertinente. Señalamiento de domicilio. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta. De igual forma, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación en consulta, a las personas que menciona en su oficio de cuenta, esto es, solamente para efectos de notificación, por así solicitarlo expresamente. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por la juzgadora de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 187/2017, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Notificación Asesores. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto los funcionarios de referencia proporcionan en el oficio de cuenta. Con motivo que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Notifíquese personalmente al quejoso y a los asesores.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Designación de defensor. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso Williams Fredy Rodríguez Beltrán en proveído de veintidós de octubre pasado para que nombrara un defensor que lo represente, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, toda vez que el agraviado se encuentra privado de la libertad y que de autos no se aprecia que haya designado a alguien que lo patrocine en este juicio, a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso un asesor jurídico, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 187/2017, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Feneció término legal. Vista la certificación que antecede se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de ocho de octubre del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada por este órgano de amparo, fue para los efectos siguientes: "Dé contestación a la solicitud de renovación de pasaporte ordinario realizada el veintiséis de enero de dos mil quince, y salvo algún otro impedimento distinto de los aquí analizados, ordene su renovación en un plazo no mayor de tres días contado a partir de que se le comunique que causó ejecutoria la presente sentencia, y lo entregue en un término igual, previo pago de derechos." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular o Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores Delegación Tijuana, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término remita la totalidad de constancias que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no acatar lo antes mandado, se le impondrá una multa de cien unidades, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Gírese oficio al Director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Ciudad de México, para que en su carácter de superior jerárquico del Titular o Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en esta ciudad, de inmediato conmine a la autoridad responsable respectiva a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo acreditar que dio la orden a la misma, remitiéndole para tal efecto copia de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigente, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad precisada, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Parte quejosa solicita cause ejecutoria sentencia. Finalmente, agréguese a los autos el escrito presentado por la licenciada Araceli Hernández Bautista, autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes de este proveído. Notifíquese; personalmente a la quejosa.
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