Williams Antony Huaman Zúñiga
Expediente 618/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2022
Partes del expediente
- Williams Antony Huaman Zúñiga
- César Augusto Cardenas Delcot
- CÉSAR AUGUSTO CARDENAS DELCOT y Otros.
Actuaciones
- Principal
Cuenta. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
SE ORDENA NOTIFICACIÓN POR LISTA
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE EN SÍNTESIS DICE LO SIGUIENTE: Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Visto el oficio 2778-22-6A remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través del cual transcribe el proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 1374/2022-6A de su índice, promovido por Roberto Méndez Torres, en favor de los quejosos Williams Antony Huaman Zúñiga, César Augusto Cárdenas Delcot y Yomar Cárdenas Fabián, contra actos del Subrepresentante Federal de la Oficina Local de Representación del instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California y de otras autoridades. Con el oficio y demanda remitida, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 618/2022-VII. Acepta competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 y relativos de la Ley de Amparo, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto; esta Jueza de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. En consecuencia, se convalidan las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 1374/2022-6A del índice del Juzgado oficiante y continúese con el trámite del asunto en la etapa en que se encuentra; por tanto acúsese de recibido. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III y 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos Williams Antony Huaman Zúñiga, César Augusto Cárdenas Delcot y Yomar Cárdenas Fabián, en el lugar donde se encuentran alojados, en el caso, en el Instituto Nacional de Migración, con domicilio en esta ciudad, para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado, realicen lo siguiente: Toda vez que los quejosos ratificaron la demanda en la cual señalaron como autoridades responsables a Subrepresentante Federal de la Oficina Local de Representación del instituto Nacional de Migración, Subdirector de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional, Director, Jefe o Encargado de Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Jefe de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración, todas con residencia en la ciudad de Mexicali; sin embargo, de las constancias de autos se advierte que se encuentran alojados por la autoridad migratoria de esta ciudad de Tijuana, por tanto es necesario que precisen si es su deseo también señalar como autoridad responsable al Director de la Estancia Migratoria en esta ciudad de Tijuana, lugar donde se encuentran actualmente retenidos. Sustenta a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". El requerimiento señalado deberá ser aclarado directamente por los directamente agraviados, por ser un acto personalísimo y que sólo a ellos les corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.a./J. 50/2014 de la 10ª Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 210, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En el entendido que, conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, las personas que afirmen hechos falsos ante la autoridad judicial incurren en la comisión de un delito. Apercibimiento. Se apercibe a los quejosos que en caso de no hacer manifestación alguna respecto a la prevención que se les formula, el juicio se seguirá en los términos inicialmente planteados. Autorizado. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Méndez Torres, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte la certificación de cuenta. Datos de contacto. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, señalando como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico que menciona en escrito; por lo que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota de los mismos y a través de éstos única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente, previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones
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