Willy Joel Hernandez Collado
Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2021
Partes del expediente
- Willy Joel Hernandez Collado
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Se hace efectivo apercibimiento. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso Willy Joel Hernández Collado mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, para que nombrara un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no fuera su deseo o no pudiera nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombraría uno de oficio. Designación de defensor. En consecuencia, a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio a la Coordinadora Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso Willy Joel Hernández Collado un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Apercibida que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese; y personalmente al quejoso Willy Joel Hernández Collado.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 81/2021-IV. Desechamiento. Una vez analizado, el escrito en cuestión, se estima debe desecharse de plano la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación del juzgador analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida, desecharla. Así, del citado numeral se observa también que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en lo expuesto y en una nueva reflexión que atiende primordialmente a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la queja 46/2020, estimo que la demanda de amparo promovida por Willy Joel Hernández Collado, es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad respecto del acto reclamado. Se sostiene lo anterior luego del estudio a las consideraciones emitidas por el máximo tribunal en la ejecutoria de referencia, así como del análisis integral de la demanda de amparo de la que se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de las autoridades responsables para ser trasladado del Centro de Reinserción Social "La Mesa" en el que actualmente se encuentra a diverso centro de reclusión. Tomando en cuenta tal información, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previo a acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió promover el procedimiento jurisdiccional que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, para así agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. El precepto y fracción citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El numeral transcrito establece el principio de definitividad, el cual es uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo y que tiene su fundamento en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que consiste en que para ser procedente el juicio constitucional deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la legislación que rige el acto que se reclame, salvo las excepciones que establezca la ley. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos. De ahí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado o modificado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen la violación de derechos humanos como último recurso. De lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Entonces, los elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: 1. El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; 3. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. 4. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Elementos todos los anteriores que se actualizan en la especie y se sostiene así por las razones siguientes. Dentro de los antecedentes de la demanda se advierte que el quejoso destaca la posibilidad de ser trasladado del Centro de Reinserción Social "La Mesa" a un diverso centro de reclusión por órdenes de las autoridades que precisa en su ocurso. Al respecto, resulta pertinente destacar que las autoridades penitenciarias se encuentran facultadas para determinar el traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional competente, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; esto es, para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado. Entonces, cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado que no se ha materializado, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad debe emitir la autoridad judicial, en tanto que la presumible determinación administrativa emitida en su momento por parte de las autoridades penitenciarias, con respecto a ella, lo procedente es que el afectado promueva una "controversia judicial" en términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de los derechos implicados. Ello, porque dicho medio de impugnación tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la orden de traslado. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con aquél a efecto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Aunado a que, conforme a los artículos 122 y 124 segundo párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regulan lo relativo a la substanciación de la controversia judicial en comento, se dispone que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente, como cuando ocurre la orden de traslado urgente o excepcional, a petición de parte o de oficio, la autoridad jurisdiccional tiene el deber de atender de inmediato esa cuestión y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, pues de no hacerlo, podría dejar sin materia el medio de defensa intentado. De esa manera, resulta válido concluir que lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las precisiones del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que el medio de defensa en cuestión tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional. A mayor abundamiento, cabe decir que en el caso no se actualizan las hipótesis de excepción al principio de definitividad, ya que aun cuando el acto reclamado se emita de forma oral, no implica que carezca de fundamentación, ya que está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, sin autorización judicial previa, en hipótesis específicas, cuya legalidad en su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida, según lo dispone el nuevo paradigma de ejecución de las penas. Ello, pues corresponde a las autoridades judiciales en específico a los jueces de ejecución, revisar las condiciones de internamiento en los centros de reinserción, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Lo anterior, lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la constitución, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida, el cual se encuentra previsto en una legislación especial y no así en un reglamento. Consideraciones que se sustentan en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido recurso de queja 46/2020 de su lista de orden. Consecuentemente, se concluye que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de los traslados ordenados en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Sin que pase desapercibida para esta juzgadora la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA", dado que, como lo puntualizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la referida queja 46/2020, los criterios emitidos por el Alto Tribunal con relación al tema de las órdenes de traslado dictadas por autoridades administrativas, su impugnación por medios ordinarios, así como la posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto, se pronunciaron antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde ahora se contempla un procedimiento especial a efecto de impugnar la legalidad de las órdenes de traslado. Bajo ese contexto, no queda más que reiterar la improcedencia invocada; y, en vía de consecuencia, resulta conducente considerar que la causa de desechamiento debe prevalecer por notoria y manifiesta; al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la cual, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Willy Joel Hernández Collado. Prevención. Asimismo, se advierte que Willy Joel Hernández Collado no cuenta con un defensor que lo patrocine en el presente juicio; en consecuencia, se previene al quejoso para que en el acto de la notificación del presente proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la misma, o bien, al momento de la diligencia, nombre un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese.
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