Wilfrido Balbuena Martinez
Expediente 550/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Wilfrido Balbuena Martinez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo signado y remitido por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 485/2018 (orden 726/2018) de este juzgado de Distrito, del que se advierte que el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se practicó la notificación al promovente Wilfrido Balbuena Martínez, del auto de veintiséis de junio del actual (fojas 38 y 39), dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil dieciocho Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 10 a 14), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento Finalmente, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez Puebla b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente al aquí quejoso Wilfrido Balbuena Martínez, y se cerciore de su identidad c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 550/2018-D d) Notifique al quejoso el presente proveído e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto y f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 453/2018 (orden 680/2018) de este juzgado de Distrito, del que se advierte que el catorce de junio de dos mil dieciocho, se practicó la notificación al promovente *** del auto de doce de junio del actual, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 550/2018-D. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el promovente Wilfrido Balbuena Martínez, es el siguiente: "(.) 2. ACTO RECLAMADO TRASLADO A OTRO PENAL DE SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. (.)" Por su parte, el quejoso "bajo protesta de decir verdad", señala los siguientes hechos: "1. (.). 2. (.). 3. (.). 4. (.) por estos motivos pido a usted ciudadano Juez respetuosamente emita orden de traslado de mi concubino Wilfrido Balbuena Martínez al penal de San Miguel, de la Ciudad Puebla. 5. (.) pido a usted ciudadano Juez de Distrito se sirva a concederme un traslado al penal de San Miguel, toda vez que me causa tortura psicológica el encontrarme retirado de mi lugar de origen (.)" Respecto del citado acto reclamado, consistente en la concesión por parte de esta autoridad federal para trasladar al quejoso del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla al Centro de Reinserción Social de Puebla, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.). "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. (.)." Así, el artículo 61, fracción XXIII, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del citado artículo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Luego, del artículo 1, fracción I de la Ley de Amparo ya transcrito, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Aquí, conviene señalar que es dable conceptuar el juicio de amparo de la siguiente manera: "Es un mecanismo de control constitucional, de índole jurisdiccional, a través del cual los gobernados, después de agotar los medios ordinarios de defensa, pueden impugnar, mediante el ejercicio de su derecho de acción, las normas generales, actos u omisiones de las autoridades, o de los particulares que actúen con dicho carácter, que estimen violatorios de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte les reconocen, o de las garantías que para su protección les otorgan, o bien, que, con menoscabo a tales derechos o garantías, vulneren el régimen de distribución competencial entre la Federación y los Estados, con el fin de que se les restituya en el goce de los derechos conculcados". Por su parte, del citado artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, de los que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Asimismo, conviene señalar que el acuerdo 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, en el artículo 10, dispone lo siguiente: "(.) Artículo 10. Los ahora denominados Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conservarán su jurisdicción territorial y conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (.)" En ese sentido, de lo manifestado por el quejoso, se advierte que más que una demanda de amparo, lo que pretende realizar es una solicitud de traslado del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (en donde actualmente se encuentra recluido) al Centro de Reinserción Social de Puebla. Sin embargo, dicha solicitud debería realizarla ante el Juez de Ejecución quien corresponde proveer respecto de los traslados voluntarios e involuntarios de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues, esta autoridad federal no tiene atribución legal para conocer del acto que reclama en esta instancia constitucional, atento que el Juez de Distrito únicamente conoce de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, de los que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. En tales condiciones, respecto del acto aquí reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la propia ley, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En mérito de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Wilfrido Balbuena Martínez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 550/2018-D; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizada con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en su libelo de cuenta, a quien señala como su representante. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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