Wenceslao Pineda Alvarez

Expediente 1426/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1426/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • Wenceslao Pineda Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de marzo al veintiuno de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA PATRICIA CRUZ CASELÍN LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 41 a 59), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra, en la que reitere el estudio del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena doloso; así como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, y dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que deberá purgar los vicio que la afecta y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, la concesión del amparo se constriñe únicamente para que la responsable: a) Precise el fundamento con el cual asigna el valor de indicio a las deposiciones de la agraviada. b) Justifique por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 414, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era el salario mínimo o unidad de cuantificación en el municipio de Puebla, a la fecha de la comisión del hecho delictivo, explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta del quejoso en el supuesto legal citado." Resolución que el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 130 a 133). Ahora bien, mediante oficio 1177 de uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 148 a 160), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 434/2015 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de siete de enero de dos mil dieciséis, únicamente por cuanto hace al quejoso Wenceslao Pineda Álvarez. - Volvió a librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso Wenceslao Pineda Álvarez, por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Patricia Cruz Caselín. Resolución en la cual, reiteró el estudio del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena doloso, así como la probable responsabilidad penal del inculpado, aquí quejoso en su comisión; asimismo, precisó el fundamento con el cual asignó valor probatorio de indicio a las deposiciones de la agraviada, al establecer: "Manifestaciones que son acordes a los artículos 16 párrafo segundo constitucional, 56, 60, 61 fracción II, 65 y 178 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, que contemplan la investigación de aquellos delitos que se persiguen de oficio tan pronto como el ministerio tenga conocimiento de los hechos, declaraciones que fueron emitidas por una persona que presenció los hechos directamente por la conducta desplegada por el agente activo y otros, y advirtió menoscabo en la esfera patrimonial de su bien mueble consistente en un vehículo automotor descrito en actuaciones, deposiciones que hizo ante el representante social funcionario público que levantó el acta respectiva de los hechos constitutivos del antijurídico materia de esta causa penal, dicho que en el sumario se encuentra debidamente vinculado por otros medios de prueba que se analizan y valoran en esta resolución con eficacia probatoria y sobre todo con el testimonio de dos personas que también presenciaron los hechos y se percataron de ellos a través de los sentidos, de ahí en valor probatorio de su testimonio, medio convictivo que viene a convalidar como ya se dijo el dicho de la denunciante, elemento de convicción que igualmente se encuentra reforzado con todos y cada uno de los medios de prueba que la autoridad investigadora de los delitos recabó en la presente indagatoria para la debida integración de los elementos objetivos y externos que constituyen el hecho delictivo y que se le reprocha al aquí indiciado, por lo tanto si bien el dicho de la denunciante tiene valor de un indicio este alcanza el rango de eficacia probatoria al estarse corroborado con otros medios de convicción." (foja 153). Asimismo, justificó por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 414, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, señalando el salario mínimo en el Municipio de Puebla, a la fecha de la comisión del hecho delictivo, explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias, al referir: "Opinión que emana de especialista en la materia como lo es el perito en avalúo quien concatenó las diversas probanzas que integran la causa, utilizando sus conocimientos y destrezas técnicas, emitiendo el dictamen correspondiente el cual posee fuerza orientadora de acuerdo a los artículos 136 y 200 del Código Procesal en la Materia, quien está legalmente autorizado para el desempeño de su profesión por tratarse de persona que pertenece al cuerpo de peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que dichos elementos probatorios aportados por el Agente del Ministerio Público en la integración de la indagatoria, elemento que sirve de base para determinar y encuadrar que la conducta delictiva que cometió el ahora indiciado en agravio de la pasivo se sitúa en la fracción III del artículo 414 del Código Penal del Estado, porque los daños materiales cometidos al vehículo automotor propiedad del ofendido exceden del equivalente a 50 cincuenta días de salario puesto que para ello se precisa que en la época de la comisión del evento convictivo 31 treinta y uno de octubre de 2012 dos mil doce, el salario mínimo en la región de esta zona, era de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 m.n.), que multiplicado por 50 cincuenta días de salario nos da una cantidad de $2,954.00 (dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) y en la especie el monto de los daños materiales causados al vehículo de la agraviada fueron valuados en la cantidad de $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 m.n.); de ahí que los multireferidos daños sí exceden del equivalente a 50 cincuenta días de salario y por lo tanto la conducta delictiva sí se encuadra plenamente en la fracción III del artículo 414 de la codificación penal citada, y con esto se cubre la motivación que la autoridad federal requiere de esta autoridad judicial en el cumplimiento de amparo." (fojas 154 y 154 vuelta). Por otra parte, se precisa que mediante oficio sin número de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 142), el representante del Fiscal General del Estado de Puebla, informó a esta autoridad que dejó sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada librada por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso penal 434/2015, asimismo, por diverso oficio MJ/919/2017 le indicó al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, dejara sin efectos dicha orden de aprehensión (foja 143); quien diera cumplimiento mediante oficio sin número de la misma fecha (foja 144); y, a su vez lo comunicó al Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (foja 145). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 41 a 59), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra, en la que reitere el estudio del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena doloso; así como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, y dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que deberá purgar los vicio que la afecta y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, la concesión del amparo se constriñe únicamente para que la responsable: a) Precise el fundamento con el cual asigna el valor de indicio a las deposiciones de la agraviada. b) Justifique por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 414, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era el salario mínimo o unidad de cuantificación en el municipio de Puebla, a la fecha de la comisión del hecho delictivo, explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta del quejoso en el supuesto legal citado." Resolución que el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 130 a 133). Ahora bien, mediante oficio 1177 de uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 148 a 160), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 434/2015 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de siete de enero de dos mil dieciséis, únicamente por cuanto hace al quejoso Wenceslao Pineda Álvarez. - Volvió a librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso Wenceslao Pineda Álvarez, por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Patricia Cruz Caselín. Resolución en la cual, reiteró el estudio del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena doloso, así como la probable responsabilidad penal del inculpado, aquí quejoso en su comisión; asimismo, precisó el fundamento con el cual asignó valor probatorio de indicio a las deposiciones de la agraviada, al establecer: "Manifestaciones que son acordes a los artículos 16 párrafo segundo constitucional, 56, 60, 61 fracción II, 65 y 178 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, que contemplan la investigación de aquellos delitos que se persiguen de oficio tan pronto como el ministerio tenga conocimiento de los hechos, declaraciones que fueron emitidas por una persona que presenció los hechos directamente por la conducta desplegada por el agente activo y otros, y advirtió menoscabo en la esfera patrimonial de su bien mueble consistente en un vehículo automotor descrito en actuaciones, deposiciones que hizo ante el representante social funcionario público que levantó el acta respectiva de los hechos constitutivos del antijurídico materia de esta causa penal, dicho que en el sumario se encuentra debidamente vinculado por otros medios de prueba que se analizan y valoran en esta resolución con eficacia probatoria y sobre todo con el testimonio de dos personas que también presenciaron los hechos y se percataron de ellos a través de los sentidos, de ahí en valor probatorio de su testimonio, medio convictivo que viene a convalidar como ya se dijo el dicho de la denunciante, elemento de convicción que igualmente se encuentra reforzado con todos y cada uno de los medios de prueba que la autoridad investigadora de los delitos recabó en la presente indagatoria para la debida integración de los elementos objetivos y externos que constituyen el hecho delictivo y que se le reprocha al aquí indiciado, por lo tanto si bien el dicho de la denunciante tiene valor de un indicio este alcanza el rango de eficacia probatoria al estarse corroborado con otros medios de convicción." (foja 153). Asimismo, justificó por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 414, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, señalando el salario mínimo en el Municipio de Puebla, a la fecha de la comisión del hecho delictivo, explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias, al referir: "Opinión que emana de especialista en la materia como lo es el perito en avalúo quien concatenó las diversas probanzas que integran la causa, utilizando sus conocimientos y destrezas técnicas, emitiendo el dictamen correspondiente el cual posee fuerza orientadora de acuerdo a los artículos 136 y 200 del Código Procesal en la Materia, quien está legalmente autorizado para el desempeño de su profesión por tratarse de persona que pertenece al cuerpo de peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que dichos elementos probatorios aportados por el Agente del Ministerio Público en la integración de la indagatoria, elemento que sirve de base para determinar y encuadrar que la conducta delictiva que cometió el ahora indiciado en agravio de la pasivo se sitúa en la fracción III del artículo 414 del Código Penal del Estado, porque los daños materiales cometidos al vehículo automotor propiedad del ofendido exceden del equivalente a 50 cincuenta días de salario puesto que para ello se precisa que en la época de la comisión del evento convictivo 31 treinta y uno de octubre de 2012 dos mil doce, el salario mínimo en la región de esta zona, era de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 m.n.), que multiplicado por 50 cincuenta días de salario nos da una cantidad de $2,954.00 (dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) y en la especie el monto de los daños materiales causados al vehículo de la agraviada fueron valuados en la cantidad de $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 m.n.); de ahí que los multireferidos daños sí exceden del equivalente a 50 cincuenta días de salario y por lo tanto la conducta delictiva sí se encuadra plenamente en la fracción III del artículo 414 de la codificación penal citada, y con esto se cubre la motivación que la autoridad federal requiere de esta autoridad judicial en el cumplimiento de amparo." (fojas 154 y 154 vuelta). Por otra parte, se precisa que mediante oficio sin número de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 142), el representante del Fiscal General del Estado de Puebla, informó a esta autoridad que dejó sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada librada por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso penal 434/2015, asimismo, por diverso oficio MJ/919/2017 le indicó al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, dejara sin efectos dicha orden de aprehensión (foja 143); quien diera cumplimiento mediante oficio sin número de la misma fecha (foja 144); y, a su vez lo comunicó al Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (foja 145). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, pues remite copia certificada de la resolución emitida el uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro del proceso 434/2015, de su índice. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito y documentales anexas, así como con los oficios recibidos el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, del Fiscal General del Estado de Puebla, y del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19).

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