Wendy Liliana Puget Aguirre

Expediente 123/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
123/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Wendy Liliana Puget Aguirre
  • WENDY LILIANA PUGET AGUIRRE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de once de febrero de dos mil diecinueve (fojas 58 a 61), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de febrero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Vista, agréguese a los autos la diligencia practicada el nueve de febrero del presente año, con los quejosos directos José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino, de la que medularmente se advierte lo siguiente: Respecto de José Ignacio Pérez Carranza: "(.) sí ratifica la demanda de Amparo Promovida en su favor. (.) Que a la vista de la suscrita no observa algún golpe, lesión o hematomas, advirtiendo en general estado normal físico sin alteración. (.) Que sí se le permitió hablar con su abogado el cual se encuentra presente y, también con su esposa. (.) Que no ha sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional". Respecto de Christian Eduardo Monfil Palestino: "(.) sí ratifica la demanda de Amparo Promovida en su favor. (.) Que a la vista de la suscrita no observa algún golpe, lesión o hematomas, advirtiendo en general estado normal físico sin alteración. (.) Que sí se le permitió hablar con su abogado, quien se encuentra presente en este momento y también con su mamá. (.) Que no ha sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional". En ese sentido, esta autoridad Federal toma conocimiento de las manifestaciones vertidas por los promoventes para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO. Como se ve, los quejosos directos manifestaron que no han estado incomunicados ni han sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que hace presumir el hecho de que en la demanda formulada por Wendy Liliana Puget Aguirre (quien señaló que promovía en nombre de los quejosos directos porque se encontraban incomunicados), fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Wendy Liliana Puget Aguirre con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino manifestó, bajo protesta de decir verdad: "(.) Enseguida reitera que, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, promueve la demanda en nombre Christian Eduardo Monfil Palestino y José Ignacio Pérez Carranza, quienes -refiere- se encuentran incomunicados y detenidos en las instalaciones del Complejo Metropolitano C5, sin saber las razones por la cual los detuvieron. (.) 2. Luego, a las quince horas con cuarenta minutos de este día, el oficial Guillermo -sin conocer sus apellidos pero se sabe que es compañero de los ahora quejosos- informó que una camioneta había levantado a los citados quejosos. 3. Previa búsqueda de los quejosos en diversas instalaciones, refiere que acudió al Complejo Metropolitano denominado C5 para localizarlos, en donde los policías ministeriales -quienes llevaban las pertenencias de ambos quejosos en sus manos- y al preguntar sobre su paradero contestaron a la promovente que no sabían nada y que solo estaban de apoyo." Es decir, la promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto siguiente: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se traten de actos que importen peligro de.ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, la promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Wendy Liliana Puget Aguirre estuviera en aptitud de promover en nombre de José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos revelan que a la fecha de presentación de la demanda tuvieron comunicación con sus familiares y nombraron defensor particular -por lo que no se encontraban incomunicados-. Lo anterior, ya que pese a que, Wendy Liliana Puget Aguirre, bajo protesta de decir verdad, sostuvo que José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino se encontraban incomunicados, de las diligencias desahogadas por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado el nueve de febrero de la anualidad en curso, se puede advertir que los quejosos directos reconocieron, el primero "que sí se le permitió hablar con su abogado el cual se encuentra presente y, también con su esposa", y el segundo "que sí se le permitió hablar con su abogado, quien se encuentra presente en este momento y también con su mamá", y que no habían sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que han estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos, de manera que si tuvieran la intensión de reclamar cualquier acto podía hacerlo de manera personal. Ante ello, resulta evidente que Wendy Liliana Puget Aguirre carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de garantias, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior que en la diligencia de nueve de febrero de la anualidad que transcurre José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino, al ser requeridos por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado hayan manifestado que ratificaban la demanda promovida en su nombre por Wendy Liliana Puget Aguirre, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultada para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. INFORMES SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense a los autos los oficios los oficios de las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Pública en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por medio de los cuales, refieren acatar la suspensión de plano decretada por este juzgado de Distrito en auto de nueve de febrero del año en curso; así mismo, la primera de las mencionadas autoridades informa que los quejosos José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino fueron puestos a disposición por elementos de la Agencia Estatal de Investigación ante la 4. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I, por los hechos con apariencia de los delitos de Cohecho, Robo Agravado y Delitos que afectan a la Administración de Justicia dentro de la carpeta de investigación 353/2019/UF104. Por otro lado, intégrense a los autos los oficios de las autoridades responsables 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Cuartel Metropolitano y 4. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I (en su denominación correcta), por los que niegan los actos que reclaman los quejosos en esta vía constitucional; la primera de ellas, en razón de no tenerlos a su disposición; mientras que la segunda, refiere que a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino fueron puestos a su disposición por el Jefe de Grupo y agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía anticorrupción, quienes detuvieron en flagrancia a los hoy quejosos directos, por la comisión de los delitos de Robo y Cohecho. En similar sentido, comunica que los quejosos José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino tuvieron comunicación con sus familiares (padrastro y esposa, respectivamente) por el lapso de cinco minutos, aproximadamente y, nombraron defensor particular, por lo que no estuvieron incomunicados; y, para acreditar su dicho, remite copia cotejada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación 353/2019/UF104, de las que se advierte las diligencias realizadas por la Fiscal responsable respecto de la detención material y retención de los inculpados. Todo lo anterior, sin mayor acuerdo, toda vez que se desechó la demanda en los términos precisados con anterioridad.

  3. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO CHRISTIAN EDUARDO MONFIL PALESTINO, LA RESOLUCION DE ONCE DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, once de febrero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Vista, agréguese a los autos la diligencia practicada el nueve de febrero del presente año, con los quejosos directos José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino, de la que medularmente se advierte lo siguiente: Respecto de José Ignacio Pérez Carranza: "(.) sí ratifica la demanda de Amparo Promovida en su favor. (.) Que a la vista de la suscrita no observa algún golpe, lesión o hematomas, advirtiendo en general estado normal físico sin alteración. (.) Que sí se le permitió hablar con su abogado el cual se encuentra presente y, también con su esposa. (.) Que no ha sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional". Respecto de Christian Eduardo Monfil Palestino: "(.) sí ratifica la demanda de Amparo Promovida en su favor. (.) Que a la vista de la suscrita no observa algún golpe, lesión o hematomas, advirtiendo en general estado normal físico sin alteración. (.) Que sí se le permitió hablar con su abogado, quien se encuentra presente en este momento y también con su mamá. (.) Que no ha sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional". En ese sentido, esta autoridad Federal toma conocimiento de las manifestaciones vertidas por los promoventes para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO. Como se ve, los quejosos directos manifestaron que no han estado incomunicados ni han sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que hace presumir el hecho de que en la demanda formulada por Wendy Liliana Puget Aguirre (quien señaló que promovía en nombre de los quejosos directos porque se encontraban incomunicados), fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Wendy Liliana Puget Aguirre con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino manifestó, bajo protesta de decir verdad: "(.) Enseguida reitera que, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, promueve la demanda en nombre Christian Eduardo Monfil Palestino y José Ignacio Pérez Carranza, quienes -refiere- se encuentran incomunicados y detenidos en las instalaciones del Complejo Metropolitano C5, sin saber las razones por la cual los detuvieron. (.) 2. Luego, a las quince horas con cuarenta minutos de este día, el oficial Guillermo -sin conocer sus apellidos pero se sabe que es compañero de los ahora quejosos- informó que una camioneta había levantado a los citados quejosos. 3. Previa búsqueda de los quejosos en diversas instalaciones, refiere que acudió al Complejo Metropolitano denominado C5 para localizarlos, en donde los policías ministeriales -quienes llevaban las pertenencias de ambos quejosos en sus manos- y al preguntar sobre su paradero contestaron a la promovente que no sabían nada y que solo estaban de apoyo." Es decir, la promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto siguiente: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se traten de actos que importen peligro de.ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, la promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Wendy Liliana Puget Aguirre estuviera en aptitud de promover en nombre de José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos revelan que a la fecha de presentación de la demanda tuvieron comunicación con sus familiares y nombraron defensor particular -por lo que no se encontraban incomunicados-. Lo anterior, ya que pese a que, Wendy Liliana Puget Aguirre, bajo protesta de decir verdad, sostuvo que José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino se encontraban incomunicados, de las diligencias desahogadas por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado el nueve de febrero de la anualidad en curso, se puede advertir que los quejosos directos reconocieron, el primero "que sí se le permitió hablar con su abogado el cual se encuentra presente y, también con su esposa", y el segundo "que sí se le permitió hablar con su abogado, quien se encuentra presente en este momento y también con su mamá", y que no habían sufrido ninguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que han estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos, de manera que si tuvieran la intensión de reclamar cualquier acto podía hacerlo de manera personal. Ante ello, resulta evidente que Wendy Liliana Puget Aguirre carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de garantias, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior que en la diligencia de nueve de febrero de la anualidad que transcurre José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino, al ser requeridos por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado hayan manifestado que ratificaban la demanda promovida en su nombre por Wendy Liliana Puget Aguirre, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultada para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. INFORMES SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense a los autos los oficios los oficios de las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Pública en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por medio de los cuales, refieren acatar la suspensión de plano decretada por este juzgado de Distrito en auto de nueve de febrero del año en curso; así mismo, la primera de las mencionadas autoridades informa que los quejosos José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino fueron puestos a disposición por elementos de la Agencia Estatal de Investigación ante la 4. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I, por los hechos con apariencia de los delitos de Cohecho, Robo Agravado y Delitos que afectan a la Administración de Justicia dentro de la carpeta de investigación 353/2019/UF104. Por otro lado, intégrense a los autos los oficios de las autoridades responsables 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Cuartel Metropolitano y 4. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I (en su denominación correcta), por los que niegan los actos que reclaman los quejosos en esta vía constitucional; la primera de ellas, en razón de no tenerlos a su disposición; mientras que la segunda, refiere que a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino fueron puestos a su disposición por el Jefe de Grupo y agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía anticorrupción, quienes detuvieron en flagrancia a los hoy quejosos directos, por la comisión de los delitos de Robo y Cohecho. En similar sentido, comunica que los quejosos José Ignacio Pérez Carranza y Christian Eduardo Monfil Palestino tuvieron comunicación con sus familiares (padrastro y esposa, respectivamente) por el lapso de cinco minutos, aproximadamente y, nombraron defensor particular, por lo que no estuvieron incomunicados; y, para acreditar su dicho, remite copia cotejada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación 353/2019/UF104, de las que se advierte las diligencias realizadas por la Fiscal responsable respecto de la detención material y retención de los inculpados. Todo lo anterior, sin mayor acuerdo, toda vez que se desechó la demanda en los términos precisados con anterioridad.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 123/2019, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por Wendy Liliana Puget Aguirre, en nombre de Christian Eduardo Monfil Palestino y José Ignacio Pérez Carranza, contra los actos reclamados consistentes en: a) incomunicación y, b) la privación de la libertad fuera de procedimiento, que atribuye a las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Flagrancia Cuartel Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Puebla C5 y 4. Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla C5. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. INCOMUNICACIÓN. Ahora, en virtud que la promovente señala que presenta demanda de amparo a nombre de Christian Eduardo Monfil Palestino y José Ignacio Pérez Carranza, manifestando que probablemente se encuentran en las instalaciones del Complejo Metropolitano C5; en consecuencia, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación o cualquiera de los actos previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido, que las autoridades responsables deberán permitir a los quejosos directos Christian Eduardo Monfil Palestino y José Ignacio Pérez Carranza, tengan comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. b) Privación de libertad fuera de procedimiento. Por otra parte, como la promovente también refirió que los quejosos directos fueron detenidos fuera de procedimiento; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de plano, para los siguientes efectos: Si la detención de los agraviados fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora, cese la detención, poniéndolos en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención de los quejosos no tengan relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestos en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención de los quejosos ya efectuada por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede, en términos del artículo 165 de la ley de la materia, para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si los peticionarios de amparo se encuentran a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sean puestos a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y, en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los quejosos, la suspensión se concede para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. APERCIBIMIENTOS. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada una y por separado, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de los quejosos Christian Eduardo Monfil Palestino y José Ignacio Pérez Carranza, para lo cual deberá constituirse en las oficinas del Complejo Metropolitano C5, o en el lugar en el que le indiquen las autoridades responsables que se encuentran recluidos los referidos peticionarios de amparo y, una vez localizados, los requiera para que manifiesten en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifican o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentren, preguntarles si se les ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran detenidos y si han sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No es necesario aperturar incidente de suspensión cuenta habida que no se solicita expresamente su apertura, al margen de que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. DOMICILIO. Por otro lado, se tiene al ocursante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Séptima Plaza de la Arboleda, Edificio A 29, Interior 1, Unidad Habitacional La Margarita, ciudad de Puebla. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los actuarios de la adscripción para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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