Werickson Ferreira Lopes

Expediente 1368/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1368/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Werickson Ferreira Lopes
  • PAULO GIOVANI SIQUEIRA DA SILVA y Otros.
  • Adrielli Pereira da Cruz
  • Carlos Daniel Nunes da Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1368/2023-G, promovido por 1) Paulo Giovani Siqueira Da Silva, 2) Werickson Ferreira Lopes, 3) Carlos Daniel Nunes Da Silva, 4) Valter Alves Pinheiro, 5) Adrielli Pereira Da Cruz, 6) Tharick Paulo Ribeiro, 7) Marilene Zanao Nali, por propio derecho, y la última en mención también en representación del menor G.N.P., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido por el secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, 1) Paulo Giovani Siqueira Da Silva, 2) Werickson Ferreira Lopes, 3) Carlos Daniel Nunes Da Silva, 4) Valter Alves Pinheiro, 5) Adrielli Pereira Da Cruz, 6) Tharick Paulo Ribeiro, 7) Marilene Zanao Nali, por propio derecho, y la última en mención también en representación del menor G.N.P., promovieron la demanda de amparo contra los actos y autoridad que, es la siguientes: Autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Acto reclamado "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama a las autoridades responsables como ordenadoras y ejecutoras, la orden, mandato, instrucción consistente en CUALQUIER ACTO QUE TENGA POR OBJETO QUE SE NOS PRIVE DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y/U ORDEN DE DEPORTACIÓN, en nuestro perjuicio, así como cualquier procedimiento que se haya iniciado sin habernos notificado y por lo tanto sin haber seguido un debido proceso legal, violando las formalidades esenciales del procedimiento, violación de la garantía de audiencia y a nuestros derechos humanos consagrados por la Constitución Federal y los tratados Internacionales, lo que por ende se deriva en una indebida fundamentación y motivación esto en base a los hechos que se expondrán a continuación." Segundo. La parte quejosa señaló infringido los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente, el cual no se transcribe, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés radicó la demanda de amparo con el número 1368/2023-G, decretó la suspensión de plano y admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: -La orden que tenga por objeto privar de la libertad fuera de procedimiento a la quejosa y como consecuencia de ello la orden de deportación a su país de origen. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, lo que se determina así, no obstante de que no haya rendido su informe justificado, sin embargo, no se considera viable presumir la certeza del acto reclamado, de conformidad con el 117 de la Ley de Amparo, toda vez que obra en autos el informe sobre la suspensión de plano rendido por la aludida autoridad, en el que asentó lo siguiente: ".No se encentran alojados en ninguna de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración en Baja California"; documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, ante ello se evidencia la inexistencia de los actos reclamados, sin que la quejosa haya ofrecido probanza alguna para desvirtuar dicha negativa. Entonces, al no estar demostrado que con motivo de los hechos que relata la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, la autoridad responsable de que se trata haya emitido los actos reclamados; por tanto, es inconcuso que no son ciertos los aludidos actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad materia del presente considerando, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 1368/2023-G, promovido por 1) Paulo Giovani Siqueira Da Silva, 2) Werickson Ferreira Lopes, 3) Carlos Daniel Nunes Da Silva, 4) Valter Alves Pinheiro, 5) Adrielli Pereira Da Cruz, 6) Tharick Paulo Ribeiro, 7) Marilene Zanao Nali, por propio derecho , y la última en mención también en representación del menor G.N.P., contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por las razones expuestas en el mismo considerando. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por la Secretaria Lidia Medrano Meza, quien autoriza y da fe. Doy fe. bcsa

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y de la certificación secretarial se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, el dieciocho de octubre del presente año, se notificó a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Tijuana Baja California, para que rindiera Informe justificado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Lidia Medrano Meza, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. bcsa

  3. Principal

    Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 907/2023-A promovido por Geovanni Curiel García defensor público federal de Milthon Agustín Jaime Ambriz, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veinte de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, por Geovanni Curiel García defensor público federal de Milthon Agustín Jaime Ambriz, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridad que, previa aclaración de su denominación, es la siguiente: Autoridad responsable - Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control. Acto reclamado "LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DECRETADA EN PERJUICIO DE MILTHON AGUSTIN JAIME AMBRIZ EN AUDIENCIA DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 EN LA CAUSA PENAL 762/2023, TRANSGREDIENDOSE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO PORQUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECLARO INCONVENCIONAL LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. [.]"(sic). Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés radicó y admitió la demanda de amparo con el número 907/2023-A, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se emplazó a juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-3 Tijuana, en su carácter de autoridad tercero interesado, y, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que lo reclamado es un acto declarativo con efectos positivos que tiene ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado se aprecia que sustancialmente que el acto reclamado que en esta vía consiste en: - La resolución dictada en la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 762/2023 en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Milthon Agustín Jaime Ambriz. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se encuentra corroborada con las constancias que integral la causa penal de origen 762/2023, las cuales fueron vinculadas a este expediente por el Juez responsable; documentales que tienen valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, registro 222780, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95; de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, al no haberse hecho valer por alguna de las partes y no advertir de oficio que se actualice alguna de las causales señaladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al estudio del fondo del asunto. Quinto. Estudio del fondo del asunto. Lo procedente es analizar el fondo del asunto, al tenor del único concepto de violación que hace valer el peticionario de amparo, mismo que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertara, en obvio de repeticiones innecesarias, sin que resulte necesario realizar su transcripción, además de no haber disposición que obligue a ello. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, visible en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, el concepto de violación aducido por el quejoso, contra el acto atribuido a la autoridad responsable por la que se admitió la demanda de amparo, es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja, por tratarse de un asunto en materia penal en el que el peticionario tiene la calidad de inculpado, atento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a iniciar el estudio del fondo del asunto, para mejor entendimiento, resulta pertinente hacer mención de los antecedentes que dieron lugar al acto reclamado: El nueve de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Milthon Agustín Jaime Ambriz, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de posesión de armas de fuego y uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en los artículos 83, fracción III, en relación con el diverso numeral 11, inciso c), con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del referido artículo 83, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dentro de la causa penal 762/2023, del índice del Juez responsable, en la que se realizó la imputación de la conducta respectiva por parte de la fiscal investigadora; se dio oportunidad de declarar al inculpado, se señaló el trece de julio de dos mil veintitrés para la continuación de la audiencia inicial, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se declaró cerrada la audiencia. Luego el trece de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del aquí quejoso, en la que se dictó auto de vinculación en su contra por los hechos que se le atribuyen y decretó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (inicialmente decretada el nueve de julio del presente año) y se declaró cerrada la audiencia. Al respecto, precisa destacar que la parte quejosa formuló el siguiente concepto de violación: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada por la responsable el trece de julio de dos mil veintitrés es inconvencional con la jurisdicción y legislación internacional de la que México es parte y por ende ilegal, y transgrede en perjuicio del quejoso el derecho pro persona y de seguridad jurídica. Invocando como sustento a su argumento la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros en contra México. Ahora, conviene recordar que la parte quejosa plantea la inconstitucionalidad del referido acto, en virtud de que el Juez de origen le decretó la aludida medida cautelar, por encontrarse el hecho que se le atribuye, previsto en el catálogo establecido en el artículo 19 Constitucional, como de aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa, sin someter dicha cuestión a debate entre las partes. No obstante, en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se analizará dicho acto de acuerdo a los requisitos constitucionales y legales para su procedencia, con la finalidad de verificar si se encuentra apegado a derecho, dado que, como ya se dijo, el quejoso acude a este juicio en su carácter de imputado en el asunto penal de origen. En ese sentido, para resolver el presente juicio de amparo y como lo solicita el quejoso, serán tomados en consideración algunos argumentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile contra México, resolución en la que fue materia de estudio la prisión preventiva dentro del sistema judicial mexicano, misma que puede ser consultada en la dirección electrónica https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_470_esp.pdf. De inicio, se tiene que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.(.)" Por su parte, el artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señala: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." Los preceptos antes trascritos, mismos que cuentan con igualdad de jerarquía al tratarse del texto constitucional y de un tratado internacional reconocido por el Estado Mexicano, constituyen el parámetro conforme al cual se deben analizar todos los actos de autoridad. En ese aspecto, también es necesario resaltar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que si bien deben prevalecer las restricciones expresamente previstas en la Carta Magna, ello no significa que la norma constitucional deba aplicarse indiscriminadamente, sino que existe la posibilidad de que "el intérprete constitucional", como son precisamente los tribunales de amparo, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto del parámetro de regularidad constitucional, de manera que el operador jurídico, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, pueda darle una lectura de la forma más favorable posible. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 163/2017 de rubro: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES". En ese tenor, cabe ahora señalar que esa interpretación "pro persona" será la más extensiva cuando se trate de reconocer derechos fundamentales e inversamente, la más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. Bajo esa guisa, y retomando el contenido de los artículos 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tiene que el precepto constitucional en cita contiene un catálogo de delitos respecto de los cuales, "el juez" ordenará la prisión preventiva oficiosamente, mientras que los diversos artículos -de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, reconocen el derecho de todas las personas a no ser sometidas a encarcelamientos arbitrarios y que la legalidad de su detención sea revisada sin demora por un juez o tribunal competente. Ante este panorama, puede sustentarse que existe una aparente contradicción entre el texto constitucional y la convención, pues mientras uno señala un catálogo de delitos que permite que "el juez" ordene oficiosamente la prisión preventiva, tan sólo por tratarse de alguno de esos ilícitos, el otro reconoce el derecho de todas las personas a no ser privadas de su libertad arbitrariamente. Lo cual en apariencia puede ser contradictorio dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que una detención arbitraria es aquella en la que no se analiza, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar; lo que ocurre precisamente en la prisión preventiva oficiosa. La consideración anterior encuentra apoyo en la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, en la que sostuvo lo siguiente: "96. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 97. La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 98. Con respecto a lo anterior, cabe recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia." En ese sentido, en apariencia surge una contradicción entre el texto constitucional y la convención; sin embargo, esta supuesta antinomia en realidad no existe, si se realiza la interpretación más restringida posible de lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal. De esta manera, es posible observar que el contenido textual del artículo 19 de la Constitución Federal está dirigido al "juez" de control que resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado; asimismo, la propia Constitución, en el artículo 107, establece las bases para la solución de las controversias por parte de los Tribunales de la Federación, disposiciones que están dirigidas a un juzgador distinto, a saber, "al órgano jurisdiccional de amparo". Por ello, aunque en principio pudiera ser válido que el juez de control asuma que, ante los delitos señalados en ese catálogo, debe imponer la prisión preventiva de manera oficiosa, nada impide que ese mismo juzgador, el tribunal de apelación, o incluso el órgano jurisdiccional de amparo puedan reexaminar inmediatamente si la medida cautelar satisface, entre otros aspectos, la justificación sobre su finalidad, idoneidad y proporcionalidad en estricto sentido, pues esta revisión es la que autoriza el artículo 7.6 de la precitada Convención. Esta posibilidad desde luego se abre también para el Juez de Enjuiciamiento responsable, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales no estipula alguna excepción al respecto. En ese orden de ideas, se aprecia que tanto la Convención, como la Constitución, establecieron que la actualización de un hecho de los enlistados como delitos de prisión preventiva oficiosa, no implica de manera absoluta y definitiva que deba imponerse a quien se le imputa su comisión, esa medida -prisión preventiva oficiosa-, sino que, en todo caso previo a ello, deberán considerarse los parámetros ya indicados, pues el propósito de una medida cautelar no es imponer una sanción anticipada, sino que sólo es un instrumento que asegura la continuación del procedimiento. En esa línea de pensamiento se estima que para emitir y mantener una medida restrictiva de libertad, como lo es la prisión preventiva, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Cumplir con cuatro elementos: La finalidad de la medida que debe ser legítima y compatible con los tratados internacionales vinculantes. Ser idónea para cumplir con el fin que se persigue; Debe ser estrictamente necesaria su aplicación; y, Debe ser proporcional al caso. c) La determinación que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. De ese modo, si se cumplen con los anteriores parámetros la medida de prisión preventiva estará justificada. Ahora, la prisión preventiva se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Constitución General como una medida cautelar excepcional que puede decretarse de dos maneras: I. A petición justificada del Ministerio Público: sólo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; II. De oficio: cuando se actualiza alguno de los ilícitos enlistados en el catálogo contenido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece expresamente que se ordenará prisión preventiva oficiosa en diversos casos, entre ellos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. De este modo, la prisión preventiva oficiosa es un límite al derecho de libertad personal, que cuenta con reconocimiento en el artículo 19 Constitucional y, en ese sentido, es una medida contemplada en la Norma Fundamental Mexicana para determinados ilícitos penales que, por sus especiales características, se consideró que se debía decretar en forma automática por los jueces penales, sin necesidad de valorar la posibilidad de que la persona imputada se sustraiga de la justicia o que pueda ocasionar una afectación en el proceso, pruebas o daños a las víctimas. No obstante, el Estado tiene la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, ya que no puede ser la regla general, ni una medida punitiva, sino que constituye una medida cautelar, de lo contrario se trasgrediría el principio de presunción de inocencia, según el cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. En efecto, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual, se insiste, su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad; de ahí que, como ya se dijo, los principios que la rigen son: excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. I. Es una medida cautelar excepcional, ya que la libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la excepción. Esto es así porque las personas que se encuentran en prisión preventiva gozan del derecho a la presunción de inocencia, por lo que el Estado les tiene que proporcionar un tratamiento acorde con lo anterior. Es por esto que la prisión preventiva es una medida cautelar dirigida a asegurar el proceso penal, más no una medida punitiva. II. Se rige por el principio de necesidad, lo que significa que tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que ésta persigue. Tiene que haber una relación entre la prisión preventiva y el motivo por el cual se dictó la medida cautelar, de tal manera que la prisión preventiva sólo podrá imponerse cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal, después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin. III. Se rige por el principio de proporcionalidad, lo que implica que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no debe ser desmedido en relación a las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva. Además, se debe evitar que la medida cautelar sea igual o más onerosa que la pena que sería recibida en caso de que se determine la responsabilidad penal de la persona imputada. Así, dada la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, ésta solamente podrá durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que perseguir, por lo que está sujeta a una duración o plazo razonable, dado que la privación de la libertad de una persona más allá de lo necesario equivaldría a imponer una pena anticipada. En la inteligencia que su duración no puede establecerse en forma abstracta, sino que tiene que ser estudiada con base en las particularidades del caso en concreto y debe estar sujeta a una revisión periódica a fin de verificar si persisten o dejan de existir las razones que hayan motivado su fijación, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En ese sentido, se estima que, la forma de operar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar del procedimiento penal vigente, es incongruente con las medidas cautelares, en tanto que se erige como una sanción anticipada, ya que no restringe derechos sino que priva de ellos; pues esta medida no puede estar por encima de la libertad, adelantando los efectos que sólo pueden ser impuestos como resultado de un debido proceso y una sentencia de condena, de ahí que ésta no considera la posibilidad del dictado de una sentencia absolutoria, pues no evalúa el resto de opciones disponibles para cumplir con los fines de la medida cautelar, ni los efectos nocivos que tiene la aplicación inmediata de la privación de la libertad. De ese modo, el perjuicio de dicha medida radica en que la existencia de un catálogo de delitos supone una consideración diferenciada, lo cual no responde a las condiciones particulares de comisión o a otros elementos conexos; es decir, si el ilícito está contemplado en el texto Constitucional y en el Código respectivo, es irrelevante si por sus características de ejecución -tipo de víctima u ofendido, lesión, monto, entre otras- se está en un caso que no amerita la imposición de esa, con lo cual se desconoce la complejidad inherente a la materia penal en detrimento de los derechos de las personas. De lo anterior se extrae lo siguiente: a. El primer párrafo del artículo 1º Constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. b. Las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1º, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, el juez constitucional deberá ponderar esa restricción a la luz de los derechos humanos de fuente internacional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de determinar si existe un margen de apreciación nacional que permitiera al Estado Mexicano mantener la restricción constitucional en aras de proteger bienes de importancia suprema o, si por el contrario, es ineludible inaplicar la restricción constitucional y optar por la mayor protección de los derechos humanos derivada de los derechos de fuente internacional. c. Cuando exista una sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera condenado al Estado Mexicano con motivo de una restricción constitucional, el margen de apreciación nacional disminuye drásticamente y, en ese sentido, los jueces constitucionales deberán dar prevalencia a las normas internacionales que sean más protectoras de los derechos humanos. d. Se reitera que el principio de supremacía constitucional comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material. Por lo expuesto, se concluye que la prisión preventiva oficiosa, al ser impuesta de manera automática es una restricción del derecho a la libertad personal que no cumple con los parámetros exigidos por la jurisprudencia mexicana e interamericana, de manera que su implementación legislativa es contraria al parámetro de validez en materia de derechos humanos. Ahora bien, en el caso que nos ocupa el Juez responsable en nueve de julio de dos mil veintitrés, determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en los siguientes términos: ". por otro lado teniendo en consideración la formulación de la imputación así como de la solicitud de vinculación a proceso por los hechos que la ley establece como los delitos que ya quedó precisados de portación de dos armas de fuego de uso reservado de las fuerzas armadas del país y posesión de cartuchos para dichas armas de fuego con fundamento en el artículo 19 Constitucional en relación con el 167 del Código Nacional y el decreto que reforma y adiciona este precepto legal vigente a partir de veinte de febrero del dos mil veintiuno, en este momento decreto como medida cautelar a Milthon Agustín Jaime Ambriz el de la prisión preventiva oficiosa de manera provisional hasta la próxima audiencia de las doce horas del día trece del mes y año que transcurre, en consecuencia ordeno girar el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria respectiva informándole esta determinación para que proceda a ingresar al establecimiento a su cargo a Milthon Agustín Jaime Ambriz por habérsele impuesto como medida cautelar la ya mencionada de prisión preventiva oficiosa." Luego, el trece de julio de dos mil veintitrés, el Juez responsable llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en la que determinó que subsiste la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en los siguientes términos: ". por otro lado teniendo en consideración este auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como los delitos que ya han quedado debidamente precisados los cuales de igual forma se dan por reproducidos en este momento con fundamento en el artículo 19 Constitucional con relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y decreto que reforma y adiciona este último precepto legal vigente a partir del veinte de febrero de dos mil veintiuno, impongo como medida cautelar a Milthon Agustín Jaime Ambriz el de la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure la presente causa penal pero que no podrá exceder del término de dos años a no ser que sea con motivo del derecho de defensa de Milthon Agustín, en consecuencia ordeno girar el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria respectiva informándole esta determinación para que proceda a ingresar al establecimiento a su cargo a Milthon Agustín Jaime Ambriz por habérsele impuesto como medida cautelar la ya referida de prisión preventiva oficiosa." En efecto, del archivo digital de la grabación en audio video de la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, se aprecia que el Juez responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del imputado, sin previo debate entre las partes. Hecha la anterior relatoría, es evidente que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fue impuesta en contra del quejoso, por el simple hecho de que el delito por el que se le vinculó a proceso, se encuentra en el catálogo previsto por el numeral 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y porque existe una restricción constitucional que impide llegar a una conclusión contraria. No obstante, sin perjuicio de las consideraciones expuestas por el Juez natural, no se analizó si existen indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que en el caso concreto existe una finalidad legítima para mantener una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, además si ésta es idónea, necesaria y proporcional, es decir, si se satisfacen los parámetros establecidos tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para justificar la permanencia de la prisión preventiva, apartándose del eje fundamental de que procede su reiteración por el hecho de que el ilícito que se atribuye al imputado -aquí quejoso- se encuentra en el catálogo de delitos en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual, por los motivos que ya se expusieron deviene inconstitucional. Sirve de apoyo, por las consideraciones que la sustentan, el criterio publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, en la nota informativa DGCV/NI:09/2023, que dice: "CUANDO SE RECLAMA EN UN JUICIO DE AMPARO LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBERÁ CONCEDERSE CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN TUTELA ANTICIPADA. Ello en razón de que con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se condena al Estado mexicano, se actualiza la apariencia del buen derecho. Dichos casos son Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, determinó, esencialmente, que es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ello, con motivo de que se actualiza la apariencia del buen derecho con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida. Por tanto, cuando el quejoso solicite la suspensión provisional ante la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ésta deberá tener efecto de tutela anticipada y el juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, convocará a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas, en la que prescinda de la reclamada en el juicio de garantías y podrá imponer una diversa previo contradictorio." En ese sentido, si es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho atendiendo a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que entre otras cuestiones, se declaró la inconvencionalidad de dicha medida, a fin de convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas, en la que prescinda de la reclamada en el juicio de amparo, y podrá imponer una diversa previo contradictorio; con mayor razón se considera procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, bajo la luz de la citada inconvencionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PR. P. CN. J/13 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, Ciudad de México, Semanario Judicial de la Federación, undécima Época, registro 2027280, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." Por lo anterior, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso. Sexto. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo concedido es para efecto de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente: Cite a una audiencia a las partes donde deje insubsistente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso, decretada en la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 762/2023. Dé oportunidad a la Ministerio Público, para que haga manifestaciones al respecto y de solicitar la medida de prisión preventiva aporte los datos de prueba que estime necesarios para sustentar su petición y justifique la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la imposición de la medida; El imputado y su defensa, puedan hacer las manifestaciones relativas, en su caso, en cuanto a la solicitud de la representación social y, de estimarlo oportuno, ofrecer los medios de prueba conducentes, a efecto de otorgarle garantía de audiencia respecto de tal medida. Dicte otra resolución en la que con base en los razonamientos expuestos en esta sentencia, analice si la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva, persigue una finalidad legítima, si es idónea, necesaria y proporcional al delito que se atribuye al imputado; prescindiendo del argumento de que procede la prisión preventiva de oficio, por el solo hecho de que el ilícito que se le imputa se encuentra dentro del listado de delitos señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que la concesión del amparo en los términos antes descritos, no significa que el Juez responsable no pueda imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sólo que para poder mantenerla deberá revisar que ésta satisfaga el análisis de, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Milthon Agustín Jaime Ambriz, contra los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por 1) ********************2) ********************3) ********************4) ********************5) ********************6) ********************y 7) ********************por propio derecho, y en representación del menor de nombre ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese con el número 1368/2023-G. Solicitud de representante especial de la menor. Luego, del contenido de la demanda, se advierte que el acto que aquí se reclama es la posible orden de deportación o expulsión del territorio nacional del menor de nombre ********************, asimismo de las documentales anexas a la demanda -copia simple de certificado de nacimiento y pasaporte del menor- se advierte que no se encuentran traducidas al idioma español; por tanto, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo se solicita al Delegado en el Estado de Baja California del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proponga a un representante especial para el menor ********************, durante la substanciación de esta contienda constitucional; apercibido que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Suspensión de plano. Ahora, en atención a los actos reclamados que podrían traer como consecuencia la posible deportación o expulsión del territorio nacional de los directos agraviados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directos quejosos no sean deportados o expulsados del país; hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." La suspensión se concede en el entendido de que los quejosos 1) ********************2) ********************3) ********************4) ********************5) ********************6) ********************y 7) ********************por propio derecho, y en representación del menor de nombre ********************, quedan a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable migratoria por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio que en su caso se haya instaurado en su contra. Sin que dicha medida cautelar tenga por alcance otorgar un permiso respecto a su situación migratoria o de refugiados toda vez que en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, establece que no es posible de que con motivo de la suspensión del acto, se constituyan derechos a la parte quejosa con los que no contaba antes de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia Común, pagina 2585, con número de registro 2018421, la cual al rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL RESTABLECIMIENTO PROVISIONAL AL QUEJOSO EN EL GOCE DEL DERECHO AFECTADO ESTÁ ACOTADO A LOS CASOS EN QUE LA PRERROGATIVA DE QUE SE TRATE ESTÉ INCORPORADA A SU ESFERA JURÍDICA ANTES DE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador deberá proveer sobre la suspensión y ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden al momento de la presentación de la demanda, además de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho afectado, en caso de ser material y jurídicamente posible. Asimismo, el artículo 131, párrafo segundo, del propio ordenamiento prevé la imposibilidad de que, con motivo de la medida cautelar, se constituyan derechos a los quejosos con los que no contaban antes de la presentación de la demanda. Por ende, de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, pues lo establecido en el último numeral mencionado revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la que no era titular. Tan es así que en el artículo 77 de la misma ley se reconoce que, de tener razón el particular en el fondo, los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce del derecho afectado o la vinculación a la responsable para que observe el derecho cuya omisión se reproche, por lo que es materia de la sentencia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos indebidamente afectados a los justiciables y no del incidente de suspensión, ya que el objeto de esa medida únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado." Informe de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibida de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se le hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI 25/12/22 16:14:58 RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable, si ésta se niegan a recibir los comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Incidente de Suspensión. Sin que sea el caso emitir pronunciamiento en relación a la suspensión provisional y definitiva solicitada en el escrito de demanda, en virtud de que en la presente determinación se concedió la suspensión de plano a favor de los directos agraviados. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas cincuenta minutos del veintiuno de noviembre dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Solicítese a la responsable, indique al rendir su informe con justificación, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o derivado del procedimiento de origen. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************. Notificación y acceso a expediente electrónico. Se tiene a la parte quejosa, solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente asunto, así como que se le notifique vía electrónica, para lo cual proporciona el usuario ******************** Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36 37 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico y se ordena la notificación de lo que se resuelva en el presente juicio vía electrónica. En la inteligencia que queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envió que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de dicho usuario únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/20, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese.

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