Voilet Wawa Mbuli
Expediente 781/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/08/2023
Partes del expediente
- Voilet Wawa Mbuli
- (Promovente) Juan Luis Alberto Enteni Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se desechó de plano la demanda de amparo, es susceptible de ser conservable, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios enviados por la Titular de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto Nacional de Migración, y Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en la Ciudad de México; toda vez que en proveído de veinticinco de julio de la presente anualidad, se desechó de plano la demanda de amparo. Cúmplase.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México; por medio del cual, en atención al requerimiento de once de julio del año en curso, informa que al realizar una búsqueda en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, encontró que el diez de julio de dos mil veintitrés, se otorgó salida definitiva del país a la quejosa ********************; lo que se toma en consideración para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en su respectivo informe, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo; de igual manera proporciona una cuenta de correo electrónico para el contacto respectivo, lo que se toma en consideración para los efectos legales conducentes. Por otro lado, glósese a los autos para que obre como corresponda la impresión de correo electrónico del oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad; en atención al contenido se le tiene informando que acata por sí y en representación de las demás autoridades de ese Instituto la suspensión de plano decretada en autos; lo anterior con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, adjunta a su oficio de cuenta copia del oficio de salida a nombre de la directamente agraviada ********************, de fecha diez de julio de dos mil veintitrés. Por otro lado, se le tiene designando como delegados a las personas que mencionan en su respectivo informe, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, lo anterior, con fundamento en el artículo 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de los quejosos, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: La orden y ejecución de la deportación y/o expulsión de la quejosa de territorio mexicano a su país de origen. incomunicación o privación de la libertad fuera de procedimiento La orden de traslado a diversa estación migratoria. En ese contexto, de la constancia anexa al oficio de cuenta se desprende que la quejosa ******************** fue egresada de la Estación Migratoria de esta ciudad el diez de julio del año en curso; por tanto resulta evidente que se encuentran en libertad; por lo que han cesado los efectos de los actos reclamados; pues éstos se dejaron sin efectos, como si no hubieran invadido la esfera jurídica de la directamente agraviada ********************; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la quejosa ********************, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de la directa quejosa. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para la directamente agraviada que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por ésta) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de la quejosa ********************. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el once de julio del año en curso se requirió al directo promovente ********************, para que al momento de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, manifestara a este órgano jurisdiccional, si tiene conocimiento en dónde pudiera ser localizada la quejosa ********************, proporcione al efecto domicilio cierto y preciso o número telefónico en el que pueda ser localizada la agraviada, ello a fin de estar en aptitud de realizar las notificaciones correspondientes; o bien, la presente en las instalaciones que ocupa este Juzgado para que ratifique o no la demanda promovida a su favor, sin que a la fecha haya informado al respecto, no obstante de estar debidamente notificado como se advierte en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al directo promovente ********************, para que al momento de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, manifieste a este órgano jurisdiccional, si tiene conocimiento en dónde pueda ser localizada la quejosa ********************, proporcione al efecto domicilio cierto y preciso o número telefónico en el que pueda ser localizada la agraviada, ello a fin de estar en aptitud de realizar las notificaciones correspondientes; o bien, la presente en las instalaciones que ocupa este Juzgado para que ratifique o no la demanda promovida a su favor; asimismo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la demanda de amparo promovida de su parte. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, por la cantidad de $5,187.00 pesos (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la que resulta por multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 pesos (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo; en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, se apercibe que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por otro lado, visto el estado de autos se advierte que el catorce de julio de dos mil veintitrés, se giró el oficio 18346/2023 vía correo electrónico a la autoridad Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, a fin de que en el plazo de tres días, legalmente computado, informara si en el Registro Nacional de Extranjeros, o en la base de datos de la totalidad de las Oficinas Estatales de Sub representación Federal del Instituto Nacional de Migración, a su cargo, cuenta con registro de la directa agraviada ********************, sin que a la fecha dicha autoridad haya acusado recibo del oficio de referencia ni cumplido con lo requerido. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la directa quejosa, y seguir agotando los medios para su localización, tomando en cuenta los antecedentes narrados en el escrito inicial de demanda por la promovente, con fundamento en los artículos 28, fracción III y 160, de la Ley de Amparo, se requiere al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, legalmente computado, informe si en el Registro Nacional de Extranjeros, o en la base de datos de la totalidad de las Oficinas Estatales de Sub representación Federal del Instituto Nacional de Migración, a su cargo, cuenta con registro de la directa agraviada ********************, el domicilio, lugar en el que se encuentra alojada y/o teléfono cierto y actual, a efecto de localizarla para lograr la comparecencia ante este Juzgado de Distrito, y dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de radicación, donde se le requirió para que manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor, o bien, informe la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento a lo requerido. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo; medida que se estima prudente fijar a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Notifíquese y vía electrónica a la parte promovente.
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