Wilbert González Dorantes

Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
951/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Wilbert González Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse negado el amparo y la protección de la justicia, es susceptible de depuración en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo décimo octavo, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo décimo octavo, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión definitiva, el cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá´ seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General mencionado. Por lo tanto, se ordena estampar en la carátula del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino. Notifíquese.

  2. Principal

    Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en este órgano jurisdiccional, Wilbert González Dorantes, por conducto de sus defensores particulares Luis Manuel Zavala Ibarra y José Ramón Zavala Ibarra, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Baja California, en esta ciudad. Actos reclamados " A).- De la primera autoridad señalada como responsable marca con la letra (A) reclamo, EL AUTO DE VINCULACION A PROCESO, de fecha 19 de noviembre del Presente año 2022, dentro de la causa penal 2755/2022, por el delito de PEDERASTIA AGRAVADA. Toda vez que dicha resolución, es violatorias de mis Garantías Individuales estipuladas en los Artículos 1, 14. 16 y 19 Constitucionales así como viola en mi perjuicio los artículos 265, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de que se dictó auto de Vinculación a Proceso sin que exista una fundamentación o motivación del mismo, además que los datos que arrojo la Carpeta de investigación, no son bastantes para comprobar que De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Publico, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que no existen indicios razonables que así permitan suponerlo. B) De la primera autoridad señalada como responsable marca con la letra (A) reclamo, LA IMPOSICION DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA OFICIOSA, sin que se esté a lo dispuesto por el artículo 167 del Código nacional de procedimientos penales, de fecha 19 de noviembre del Presente año 2022, dentro de la causa penal 2755/2022, por el delito PEDERASTIA. Toda vez que dicha resolución , es violatorias de mis Garantías Individuales estipuladas en los Artículos 1,4, 14, 16, 19 Constitucionales y demás aplicables de nuestra constitución , así como viola en mi perjuicio el artículo , 167 del Código-Nacional de Procedimientos Penales y demás aplicables, en virtud de que se dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa , sin que se Cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, sin que exista una fundamentación o Motivación del mismo." Segundo. Derechos constitucionales violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien lo rindió oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional y se emplazó a los terceros interesados, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Cambio de denominación. Por último, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados son: El auto de vinculación a proceso dictado en contra de Wilbert González Dorantes, por la Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, en esta ciudad, el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós dentro de la causa penal 2755/2022, por el delito de pedarastia agravada. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, certeza que se corrobora con el disco versátil digital (DVD), en el cual obra copia del audio y video de la audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, el cual adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Cuarto. Causas de Improcedencia. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se hicieron valer causas de improcedencia, ni se advierte la actualización de alguna por parte de esta Juzgadora, por tanto procede entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa; sin que ello implique su transcripción, pues no existe disposición expresa en la ley de la materia que determine deban constar en la presente resolución. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados, los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa respecto al primer acto reclamado, los cuales serán analizados en su conjunto dada su estrecha vinculación. La parte quejosa señala en esencia que: - El acto reclamado vulnera en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Los indicios son insuficientes para vincular a proceso al quejoso y que no existe probabilidad de que haya participado o cometido el hecho señalado por la ley como delito. -La Juez responsable no le dio el valor suficiente al dictamen médico emitido por el perito médico Cabrera Serrano Cesar Ernesto en el que determinó que no se encontraron lesiones en la región vaginal y que el himen se encontraba integro, el cual es suficiente para desestimar la declaración de la víctima ya que con este se demuestra que está mintiendo. Como se adelantó son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al ser un asunto en materia penal en el que el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen. Ahora, se tiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ." Del numeral inserto, se advierte que para dictar auto de vinculación a proceso se debe expresar: ??El delito que se reprocha al imputado; ??El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; ??Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, ??Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación con este último requisito, cabe aclarar que para dictar el auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, el Juzgador debe resolver la vinculación o no a proceso únicamente con base en los datos de investigación a que haga referencia el Agente del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a lo expuesto, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Asimismo, cabe señalar que el derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, consiste en que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado; esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente al proceder de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162 del Tomo XXII, Diciembre 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En ese sentido, de la audiencia inicial se desprende que el catorce de noviembre de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público formuló imputación a Wilbert González Dorantes, exponiendo el hecho que la ley señala como delito, en el caso, pederastia agravada. En efecto, la agente del Ministerio Público le informó al imputado, en presencia de la Juez de Control, que se estaba desarrollando una investigación en su contra, toda vez que existía una denuncia en la que se señalaba que el día veintiséis de febrero de dos mil veintidós, siendo aproximadamente las veintidós horas, en el interior del domicilio ubicado en calle Nardo número 14081, colonia Tecolote, en esta ciudad de Tijuana, Baja California, el señor Wilbert aprovechándose de la confianza de la menor víctima, por ser su padre biológico, la beso en la boca, posteriormente metía y sacaba su dedo de su vagina. Asimismo, le hizo saber que el hecho referido, la ley lo contempla como el delito de pederastia agravada, previsto y sancionado en los artículos 184 Quáter y 184 Quinquies, ambos del Código Penal para el Estado de Baja California, y precisó que se le atribuye su participación de manera dolosa y autoría directa, asimismo que las personas que deponían en su contra eran la víctima A.G.G.R., la señora Gabriela Rodríguez Ballesteros, el testigo menor de edad W.J.G.R., la agente estatal de investigación Nadia Guadalupe Llevismea Zazueta, así como la perito psicóloga licenciada Mónica Elizabeth Rodríguez Gómez. Una vez formulada la imputación, la Juez de Control le hizo del conocimiento al ahora quejoso su derecho a declarar o a permanecer en silencio, por lo que, previo a consultarlo con su defensa, contestó que no iba declarar. Luego la agente del Ministerio Público solicitó y motivó se vinculara a proceso al imputado por el hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada y expuso como datos de prueba los siguientes: "a) Declaración de Gabriela Rodríguez Ballesteros en su calidad de representante legal de la víctima, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que menciona: que hace aproximadamente once años, ella inició una relación sentimental con el señor Wilbert González Dorantes, refiere que procrearon cuatro hijos juntos, entre ellos la víctima de ocho años de edad, el menor Wilbert Josué de diez años de edad, Gael Alexis de siete años de edad, así como Alison Itzel de cinco años de edad, refiere pues que todos son hijos del señor y llevan como apellido González Rodríguez, refiere que desde hace aproximadamente seis años su pareja Wilbert, y ella se separaron, refiere que Wilbert actualmente, bueno, en aquel entonces vivía en Tecolote tercera sección, que no conocía la dirección exacta en ese momento, refiere que las últimas tres semanas, es decir antes de que ella presentara su denuncia, el señor Wilbert había acudido a su domicilio, ésto a efecto de llevarse a sus cuatro hijos a su domicilio para poder convivir con los menores, que el domingo veintisiete de febrero de dos mil veintidós que eran aproximadamente las veintidós horas se encontraba en la cocina de su domicilio, y que en ese momento llegó su hijo el menor W. J. el menor de diez años de edad, que el menor le dijo que su papá Wilbert González Dorantes había tocado a su hermana a la menor víctima que esto había pasado el sábado veintiséis de febrero dos mil veintidós, que eran aproximadamente las diez de la noche, que ellos se encontraban en la casa de pues su papá Wilbert, que él se despierta porque sintió movimiento, refiere en la cama donde estaban dormidos, refiere que estaba oscuro pero aun así él pudo ver que su papá Wilbert está arriba de su hermana la víctima y que la estaba besando, en ese momento cuando su hijo Wilbert le refiere eso ella le habla a su hija a la víctima, le pregunta que era lo que había pasado, en ese momento refiere que la víctima le dijo que su papá Wilbert la había besado que le había bajado su pantalón hasta las rodillas y que la había tocado en su parte íntima refiriendo la señora Gabriela que era así como la víctima se refería a su vagina, por esa narración de esos hechos ella en representación de su menor hija presenta formal denuncia por el delito de violación equiparada o lo que resulte en contra del señor Wilbert González Dorantes. b) Acta de nacimiento con número 4887, que se encuentra a nombre de la víctima la cual es expedida por el registro civil de esta ciudad de Tijuana, de esta acta se desprende que la fecha de nacimiento de la víctima es el nueve de julio de dos mil trece en el rubro de los padres, efectivamente aparece el señor Wilbert González Dorantes así como la señora Gabriela Rodríguez Ballesteros, con la que se establece la minoría de edad, la relación de parentesco que tiene la víctima tanto con el imputado como con la representante legal, pertinente porque es un documento expedido por el registro civil institución facultada para expedir este tipo de documentos. c) Declaración de la víctima A.G.G.R., rendida el once de marzo de dos mil veintidós, en sede ministerial debidamente asistida de un experto en psicología el licenciado Francisco Sillas Noriega esto respecto a la condición vulnerable de estos hechos que se investigan, la menor narró en narrativa libre que tenía ocho años de edad, que se encontraba en esas oficinas para platicar lo que su papá Wilbert le había hecho; que él la besaba en su boca, que se subía arriba de ella y que luego se chupaba su mano y que la metía en su vagina, refiere que ella recordaba que un sábado el mes de febrero del dos mil veintidós, ella estaba en la casa de su papá estaba, con sus demás hermanos, con la menor Alison, Josué, así como con Gael, que también se encontraba presente su abuelita materna de nombre Bertina, refiere que ya en la noche la abuelita Bertina le dijo a ella y a sus hermanos que pues ya se fueran a dormir, que su abuelita se iba a quedar a dormir en la parte de debajo de la casa, que ella le dijo a su papá que si se podía ir a dormir con su abuelita es decir en la parte de abajo, pero que su papá se molestó y que le dijo que no, que iban a dormir en la parte de arriba, que ya pues en la noche estando en el cuarto de su papá que en el cuarto tienen dos camas refiere que en una de esas camas que es de un tío que le dicen coco, refiere que en la cama de su papá esa noche se acostó a dormir Gael, Josué, pues todos ella y su otra hermanita Alison, pero que su papá le dijo a ella así como a su hermanita Alison que se fueran a acostar a la otra cama que era del tío cojo, que ellos se fueron a acostar con su papá nada más únicamente ella la menor Alison y su papá, refiere que pues ya cuando se van a acostar ella se queda dormida, pero que de repente se despierta porque ella sintió que su papá la empezó a besar en su boca, que ella estaba acostada boca arriba y que su papá se subió encima de ella refiere que le bajó su pantalón y su calzón hasta la rodilla, que , después su papá también se bajó su pantalón y su calzón, que cuando estaba haciendo esto él la seguía besando en su boca que su papá se chupó un dedo y que lo metió en su vagina hasta adentro refiere la menor que él metía y sacaba su dedo de su vagina, refiere la víctima que quien miró lo que estaba haciendo su papá fue su hermano Josué, porque el domingo cuando ellos ya llegan a la casa de su mamá, su hermano Josué le contó a su mamá lo que él había visto, es decir que su papá Wilbert pues la había besado y que estaba encima de ella, refiriendo la menor que siempre que iba a visitar a su papá a su casa le hacía esto por las noches, que nada más esa ocasión fue cuando su hermano Josué miró lo que le estaba haciendo su papá, que por ese motivo es cuando ella, su hermano le cuenta ella se anima a contarle a su mamá lo que había pasado, refiere que antes no había dicho nada de lo que su papá le estaba haciendo, porque pensaba que la iban a regañar que ella tenía mucho miedo, porque su papá tiene mucha droga en su casa. d) Declaración del menor testigo W. J. G. R., realizada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, debidamente asistido del psicólogo licenciado Francisco Sillas Noriega, menor que mediante narrativa libre manifestó que él tiene diez años de edad, que se encontraba en esas oficinas porque su papá Wilbert González Dorantes abusó de su hermana la víctima de ocho años de edad, refiere que él recordaba que un sábado en la noche estaba en la casa de su abuelita paterna Humbertina, refiere él cuando se iban a dormir él junto con sus hermanos Ashley, Gael y Alison, refiere que en la casa de su abuelita hay cuarto, donde hay dos camas refiere que estas dos camas se encuentran separadas por una cortina nada más que está colgada en medio de esas dos camas, que esa noche él se acostó a dormir únicamente con su hermano Gael en la cama donde duerme su papá, que sus hermanas Alison y la víctima se fueron a acostar con su papá Wilbert a la cama donde duerme su tío, él refiere su tío Brayan, refiere que a él le empezó a dar sueño que miró su celular y que eran como las nueve o diez de la noche, que notó que su hermano Gael pues ya estaba dormido, que cuando él estaba acostado él voltea hacia la cama donde estaba dormido su papá y sus hermanas Alison y la víctima, refiere que como la cortina pues que divide que está entre las camas se encontraba amarrada que él pudo ver que su papá Wilbert se estaba subiendo arriba de su hermana la víctima, que pudo mirarlo porque estaba prendida refiere una lamparita que está en el techo y que tenía poquita luz refiere el menor, pero que pudo ver que su papá estaba arriba de su hermana la víctima, pero que su papá se tapó con una cobija cuando estaba encima de su hermana la víctima pero que su papá volteaba a verlos a él y a su hermano como para ver si estaban dormidos, que él se hacía el dormido para que su papá no se diera cuenta que él estaba mirando todo lo que estaba pasando, que él escuchaba que su papá estaba como besando a su hermana a la víctima, porque escuchaba como sonidos de besos, refiere el menor y se subió arriba de su hermana, que cuando su papá pues le estaba haciendo eso a su hermana la víctima, a él le venció el sueño pero dice que al día siguiente en la tarde ya cuando su papá los lleva a la casa de su mamá Gabriela, que en cuanto él llega, él le cuenta a su mamá lo que él había visto lo que su papá le había hecho a su hermana que eso pasó, que lo que le había hecho el sábado en la noche este antecedente pues resulta idóneo su señoría ya que el menor pues fue testigo presencial de estos hechos él también justifica la presencia en el lugar del hecho del imputado, de la víctima y de él al referir que él se encontraba dormido a un lado de ellos, pertinente porque pues es derivado de esa relación de parentesco, es hermano de la víctima y por eso también se encontraba en ese domicilio. e) Informe de investigación de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, realizado por la agente estatal de investigación Nadia Guadalupe Llevismea Zazueta, consistente en acta de entrevista a la representante legal Gabriela Rodríguez Ballesteros, realizada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la cual la señora Gabriela le manifestó que Wilbert González Dorantes, seguía viviendo en la casa de sus padres el señor Marcelino González Bautista, así como la señora Humbertina Dorantes y que el domicilio exacto donde él estaba viviendo era en calle Nardo número 14081 en la colonia Tecolote de esta ciudad de Tijuana baja california. f) Acta de inspección del domicilio ubicado en calle Nardo número 14081 en la colonia Tecolote de esta ciudad, realizada por la agente estatal de investigación Nadia Guadalupe Llevismea Zazueta, en el que adjunta nueve impresiones fotográficas únicamente del exterior del domicilio, así como dos croquis de ubicación de esta acta, de las que se advierte que es una vivienda de dos pisos, que en una de las paredes tenía la nomenclatura 14081, con lo que se acredita que realmente ese lugar existe. g) Dictamen en psicología forense de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, elaborado por la perito licenciada Mónica Elizabeth Rodríguez Gómez, adscrita al área de psicología forense de la jefatura de servicios periciales, en la que se concluye que la víctima sí presenta afectación psicológica, en relación a los hechos." Posterior a ello, la agente del Ministerio Público realizó un ejercicio de motivación acerca de cómo es que los datos de prueba referidos, acreditaban la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión. Una vez solicitada y motivada la vinculación a proceso, la Juez de Control hizo saber el derecho al imputado de que su situación jurídica se resolviera en ese instante, en setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas, optando el imputado, asesorado por su defensa, que sería dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas. Continuando la audiencia a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del diecinueve siguiente, la defensa del imputado ofreció los siguientes registros de investigación como prueba: "a) Certificado médico de veintiocho de febrero de dos mil veintidós suscrito por el perito médico de nombre Cabrera Serrano César Ernesto, del que se desprende que al hacer la revisión a la menor no presenta lesiones visibles en las regiones extra genital y para genital y que el himen anular se encuentra integró. b) Acta de entrevista de dieciocho de noviembre a cargo de Anayeli González Dorantes, quien refiere que es falso que en esa fecha veintiséis de febrero de dos mil veintidós durmieron con él, que durmieron en su domicilio las menores de nombre A.G.G.R. de ocho años que es la parte afectada y A. I. G. R., que es otra menor de cinco años de edad que también es hija del señor que se quedaron a dormir ahí con ella también con sus dos hijas menores de nombre A.L.G.G. de trece años y J.A.G.G. y que esta persona, la representante legal de la menor, en tres ocasiones después de que tuvo conocimiento de esa fiesta, que el imputado le comentó que tenía una pareja pues sí ha ido amenazarlo y sí fue le dijo que iba a encontrar la manera de meterlo en prisión no le dijo cómo pero dijo que ella se iba a encargar de refundirlo en la prisión y que pues si no era para ella no iba a ser para nadie y también se le hace muy extraño que nunca le prestaban a las niñas o sea tenía meses después de eso ya no se las prestó nunca, posteriormente se la prestó en dos ocasiones y la segunda ocasión fue esta de que supuestamente en febrero cuando supuestamente ya el imputado comete ese delito y refiere que ella tiene manipulado a los menores para que declaren en contra de su padre que pues eso es falso que ella no cree que haya sucedido la situación así por esas amenazas que ha realizado en contra del hoy imputado y que pues su hermano pues es su propio padre se la hace algo fuera de lo normal que hubiera hecho eso. c) Acta de entrevista de dieciocho de noviembre a cargo de Humbertina Dorantes Olivero, madre del imputado, quien refiere que la madre de los menores que está mintiendo que la están manipulando porque en diversas ocasiones la ofendida ha amenazado al hoy imputado con meterlo a la prisión toda vez que él cuenta con una nueva pareja y en fecha diez de julio de dos mil veintiuno se celebró una fiesta ahí en el domicilio del hoy imputado y este pues le presentó a sus menores hijos a su nueva pareja, entonces sus hijos le comentan eso a su mamá la señora Rodríguez y ésta se molesta y en diversas ocasiones ha ido en presencia a gritarle ahí amenazarlo "que si no era para él no era para nadie" y que pues se iba a encargar de meterlo a prisión que de hecho se les hace muy extraño porque nunca le prestaba a las niñas que apenas tenía dos veces prestándole las menores y que se les hace muy extraño que ahora que se las prestó sucediera eso además les consta que las menores no duermen con él, siempre duermen enfrente en el domicilio de la hermana del imputado de nombre Anayeli González Dorantes; que ese día veintiséis de febrero del dos mil veintidós, ese día las menores durmieron con esta en la casa de la señora Anayeli González Dorantes mismo domicilio que está enfrente del domicilio de donde vive el imputado y que pues es falso lo que refieren que él pues cómo va a ser eso si es su padre y que le consta que en diversas ocasiones lo ha ido a amenazar que le iba a hacer algo porque no estaba de acuerdo que él ya tuviera pareja que independientemente si ya no estaban juntos o no que le molestaba eso que si no era para él lo iba a hacer para nadie." Posteriormente, se otorgó el uso de la voz a la defensa, a la representación social, y por último nuevamente a la defensa del imputado para que realizara contrarréplica, y una vez agotado el debate entre las partes, la Juez de Control procedió a emitir la resolución correspondiente. En efecto, la autoridad responsable expuso -sin variar los hechos- que, en el presente caso se acreditaba la existencia del hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada, previsto y sancionado en el artículo 184 Quáter y 184 Quinquies, del Código Penal para el Estado de Baja California. Para emitir su resolución, acertadamente la Juez de Control hizo una relación de los datos de prueba que tomó en consideración, citando su contenido como los mencionó la agente del Ministerio Público en su intervención. En ese sentido, la autoridad responsable correctamente estimó que para acreditar la probable participación de Wilbert González Dorantes, en el hecho imputado, resultaba idónea la declaración a cargo de la menor A.G.G.R., en la que manifestó -en esencia- que su papá que su papá la besó en su boca, y que cuando estaba haciendo esto él le metió un dedo en su vagina, que él metía y sacaba su dedo de su vagina. Dato de prueba que la autoridad responsable relacionó con el dictamen en psicología elaborado por una perito oficial adscrita al área de psicología forense de la jefatura de servicios periciales, en el que se concluyó que la víctima sí presentó afectación psicológica y emocional de los hechos, sentimientos de tristeza y de temor de estar con su padre; así como con la declaración del menor W.J.G.R., quien fue testigo de esos hechos. Lo que además concatenó con la declaración de Gabriela Rodríguez Ballesteros -madre de la menor- quien relató que se enteró de los hechos sucedidos el veintiséis de febrero de dos mil veintidós, por su menor hijo Wilbert Josué y se percató del estado anímico de su hija A.G.G.R.; con el contenido del acta de nacimiento de A.G.G.R., donde se advierte que sus padres son Wilbert González y Gabriela Rodríguez, y que su fecha de nacimiento es el nueve de julio de dos mil trece, por lo que en la época del hecho era menor de catorce años, así como con la inspección del domicilio en el que ocurrió el hecho. Asimismo, la autoridad responsable tuvo a bien precisar que, en el presente caso, contrario a lo expuesto por la defensa del imputado, la declaración de la menor cobraba relevancia, en principio, por la naturaleza del hecho investigado, es decir, de índole sexual, que generalmente son de realización oculta, ya que el agresor busca la clandestinidad para cometer este tipo de vejamen, aunado a que, al tratarse de una niña, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, en donde su desarrollo sexual debe ser un proceso informado y acorde a la edad del infante o del adolescente pero al ser este despertado alevoso y ventajosamente, genera en ellos sentimientos de culpa ansiedad y probables trastornos durante su vida adulta, por ello es que es obligación de toda autoridad proteger y garantizar el libre desarrollo de estos infantes; máxime que dicha declaración quedó sustentada con los demás datos de prueba que expuso la fiscal, por lo cual sus manifestaciones resultaban idóneas y pertinentes para poder establecer, de manera razonable, que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada y que el imputado es quien probablemente lo cometió. Por otra parte, dicha Juez estuvo en lo correcto al exponer que los registros de investigación que incorporó la defensa no tenían el alcance suficiente para desvirtuar lo presentado por la fiscalía ya que las entrevistas de Humbertina Dorantes y de Anayeli González, no resultaban pertinentes para la teoría del caso de la defensa -es decir desvirtuar lo que dijo la víctima- y que dichas entrevistas se rindieron únicamente ante la presencia de los abogados privados, que pudieron haber declarado en el sentido que lo hicieron sin la protesta de ley acorde al artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además que éstas se pudieron haber llevado en sede ministerial con auxilio de la fiscalía en la ampliación del término constitucional, pero no fue así, por lo que consideraba que no eran fiables esas narrativas, por lo cual determinó que las mismas no tenían ningún alcance indiciario y no arrojaban ningún dato suficientemente válido para demeritar la declaración de la víctima. En relación, al certificado médico que incorporó como prueba la defensa del imputado, realizado por un perito médico en donde se estableció que no se encontró ninguna alteración en el área genital de la víctima ni en área vaginal ni en el área anal, la Juez responsable correctamente determinó que éste no era un requisito que se establezca en los numerales 184 Quáter y 184 Quinquies, y que no es un elemento necesario para que se configure ese tipo penal, porque se requiere únicamente que se hayan realizado actos sexuales y los actos sexuales descritos por la víctima son completamente claros para considerarlos de esa naturaleza con independencia de si se provocó o no un desgarre en estas dos cavidades del área genital de la víctima, ya no se requiere que el himen esté desgarrado, o el ano tenga alguna fisura o alguna herida, no lo requiere el tipo penal mucho menos la agravante, entonces los actos descritos por la víctima que dice un sujeto del sexo masculino le realizó en su cuerpo, en una habitación de su domicilio, son de naturaleza sexual, por lo que la Juez responsable insistió en que no hay prueba, no hay antecedentes de investigación suficientes que puedan desvirtuar el valor indiciario de los aportados por la fiscalía, en específico la declaración de la víctima. Ahora, respecto a lo alegado por la defensa en relación a que no se le debía de dar valor probatorio a las narraciones de la víctima y ofendido porque no se estableció si querían o no rendir declaración en contra de Wilbert Gonzalez Dorantes por tener un vínculo de parentesco, la Juez responsable de manera acertada manifestó que coincidía con lo replicado por la fiscal, ya que el artículo 361, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su última parte, establece que quedan exceptuados aquellos que fueren denunciantes, por lo que en el caso no operaba esa facultad de excepción. Por lo que resultan infundados los argumentos tendentes a restarle el valor indiciario a la declaración de la víctima, del testigo y de la madre de la víctima, así como al dictamen en materia de psicología, porque como bien lo determinó la Juez responsable no existen registros que se contrapongan con las referidas declaraciones ni con los dictámenes, que le resten su alcance indiciario. Por último, la Juez responsable tuvo a bien determinar que se encontraba justificada la probable autoría de Wilbert Gonzalez Dorantes ya que existe el señalamiento de la víctima y del testigo, quienes precisan que fue su padre quien ejecutó estos actos, así como la documental consistente en el acta de nacimiento en la que se precisa que el imputado es el padre de la víctima, quien lo señala como quien le hizo esos tocamientos, por ello se acredita su probable autoría en términos del numeral 16, fracción I del Código Penal para el Estado de Baja California, como autor directo, a título de dolo, conforme lo establece la fracción I del artículo 14, del citado ordenamiento, porque estaba consciente de que se encontraba cometiendo algo prohibido por la ley, al ser un hombre mayor de edad y no se advierte ningún dato que indique que tenga alguna afectación mental que le impida darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Determinaciones todas las anteriores realizadas por la Juez responsable, que esta Juzgadora estima acorde al orden constitucional. Además, para la emisión del auto de vinculación a proceso, es suficiente que existan indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, esto es, que de la exposición que realice el Ministerio Público de las referencias al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional (datos de prueba), se advierta razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en él. Asimismo, que los datos de prueba únicamente constituyen referencias al contenido de un determinado medio de convicción que aún no ha sido desahogado ante el órgano jurisdiccional, de tal manera que su valoración por parte del juzgador únicamente se constriñe a establecer la razonabilidad y pertinencia de dicha referencia para establecer la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión. Y en el caso, para poder establecer esta figura jurídica como lo es un hecho de naturaleza delictiva como la pederastia y su agravante - como lo destacó la Juez responsable- se requiere que el sujeto activo del delito se aproveche de la superioridad o la confianza sobre la persona menor de dieciocho años de edad -evento delictivo básico- establecido por el artículo 184 Quáter para el dictado de un auto vinculación a proceso, -sin que exista prueba plena- se requiere únicamente datos que indiquen algo criminoso que generen en la emoción del juzgador y en la mente la existencia de datos útiles que indiquen que debe continuarse una investigación y en el caso aconteció, asimismo la fiscalía aportó los datos suficientes para establecer esa primera hipótesis; asimismo que, estos actos ejecutados por el activo, deriven de su parentesco en cualquier grado y en el caso también aconteció ya que es un padre biológico; que sean actos sexuales, lo cual quedó establecido a través de la argumentación de la fiscal que estuvo en la primera audiencia y también con lo dicho por la fiscal en la continuación de la misma, por lo que la Juez acertadamente concluyó que se puede presumir que el activo se aprovechó de la confianza o superioridad que tenía con respecto a la víctima para ejecutar estos actos sexuales lo que quedó de manifiesto a través de la narrativa de la propia víctima, que refiere que su padre fue el que ejecutó sobre ella estos estos de naturaleza sexual. En ese sentido, contrario a la pretensión del quejoso, se estima que los datos de prueba antes reseñados, permiten suponer razonablemente, como lo determinó la Juez de Control, que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada, previsto y sancionado en el artículo 184 Quáter y 184 Quinquies, del Código Penal para el Estado de Baja California, y que probablemente Wilbert González Dorantes, lo cometió o participó en su comisión. Luego, si en el presente caso la agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del quejoso, se le otorgó la oportunidad de declarar, además ofreció los medios probatorios que estimó pertinentes, de los antecedentes de la investigación expuestos, se desprenden datos de prueba que permiten suponer, razonablemente, que se cometió un hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada, además, existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito; resulta inconcuso que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dictar auto de vinculación a proceso en contra de Wilbert González Dorantes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Tomo I, página 360, agosto de 2017, número de registro 2014800, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO. BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Sin que lo anterior vulnere el principio de presunción de inocencia del quejoso, puesto que el auto de vinculación a proceso, es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, por un plazo determinado, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal, recaben medios de convicción que permitan determinar, en una etapa posterior, denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad formule acusación al imputado y, en su caso, se desahogue un juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Es decir, el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada, por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación. Por tanto, si en el desahogo de la audiencia inicial al quejoso se le informó el inicio del procedimiento, se le explicó en qué consistía éste así como la imputación que versaba en su contra, se le informo su derecho de declarar o de no hacerlo, de ofrecer datos de prueba y alegar a su favor, aunado a que en la resolución reclamada se dirimieron todas las cuestiones sujetas a debate, no existe duda de que en su desarrollo se respetaron los formalidades esenciales del procedimiento, por lo que el auto de vinculación reclamado, contrario a lo manifestado por el quejoso, no vulnera sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta inconcuso que son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa respecto de su primer acto reclamado. Por otra parte, en relación al segundo acto reclamado por el quejoso, resultan infundados e inoperantes dichos conceptos de violación. En su primer concepto de violación la parte quejosa parte de una premisa falsa ya que manifiesta que la Juez responsable no dio pauta para que se abriera debate para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo cual deviene infundado. Del registro de audio y video se advierte que la audiencia inicial se llevó a cabo el catorce de noviembre del dos mil veintidós, la cual se suspendió dado que previa consulta con su abogado el quejoso optó por acogerse al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para que se resolviera su situación jurídica; en dicha audiencia, la Juez responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y enseguida le concediendo el uso de la voz a la fiscalía así como a la defensa del imputado, quien no realizó manifestación alguna en relación a la misma; de igual forma, también le concedió el uso de la voz al propio imputado, quien tampoco realizó manifestación. El diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la reanudación de dicha audiencia en la que la Juez responsable determinó mantener vigente la medida cautelar impuesta al quejoso en el inicio de la audiencia - catorce de noviembre del dos mil veintidós-, y posteriormente a ello le concedió el uso de la voz tanto a la fiscalía como a la defensa del imputado, y dicha defensa no manifestó nada en relación a lo determinado por la Juez responsable de que siguiera vigente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, asimismo, también le concedió el uso de la voz al propio imputado quien tampoco realizó manifestación. Por lo que contrario a lo indicado por la parte quejosa ante esta instancia constitucional, de los registros de audio y video de las referidas audiencias se advierte que se concedió el uso de la voz tanto al imputado como a su defensa quienes no tuvieron interés en debatir lo determinado por la Juez responsable respecto de la medida cautelar. Ahora, respecto al segundo concepto de violación relativo a que el delito de pederastia agravada no amerita prisión preventiva oficiosa, es inoperante. Lo anterior, porque tal argumento no fue expuesto ante la Juez de Control, sino que introduce nuevas cuestiones que no fueron abordadas en la audiencia combatida. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos que no se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. En relatadas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, resulta procedente negar la protección constitucional solicitada. Sexto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo antes expuesto, y con apoyo además en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Wilbert González Dorantes, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de ésta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia, téngase por formulados los alegatos de su intención, los cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a las terceros interesadas.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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