Wendy Yazmín Magallón Cuevas
Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2023
Partes del expediente
- Wendy Yazmín Magallón Cuevas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda que generó el presente juicio; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del tres de febrero de dos mil veintiséis.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Wendy Yazmin Magallón Cuevas, por propio derecho, contra actos del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, con sede en aquella ciudad y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 32/2023-D3. Ahora, previo a emitir el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la admisión o desechamiento, resulta pertinente hacer mención que los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: De lo anterior, se desprende que es obligación de este juzgador, ante la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre motivos para ello. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien resuelve y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. De lo anterior, se colige que el término de quince días para la presentación de la demanda que nos ocupa, empezó a contar a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se hizo conocedora de los actos reclamados, acorde a lo dispuesto en los numerales transcritos en párrafo supra. De tal suerte que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió a la parte quejosa conforme al cuadro ilustrativo que a continuación se detalla: Lo anterior, descontándose los días descontándose los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como los diversos uno, siete y ocho de enero del año en curso, por haber sido días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; luego entonces, al día de la presentación de la demanda que nos ocupa -trece de enero de dos mil veintitrés-, había transcurrido dicho cómputo para estar dentro del plazo que indica el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, atendiendo a que en la narración de sus hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión con pleno valor probatorio de acuerdo con el numeral 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la parte quejosa manifestó que el martes veinte de diciembre pasado, se presentó el encargado de la Dirección de Verificación del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en compañía de la policía municipal a su lugar de trabajo (mercado sobre ruedas), con un oficio de reubicación, mismo que le fue entregado. Por ello, al tomar en cuenta el contenido del precepto legal 18 de la ley de la materia, el cual establece que el plazo a que se refiere el artículo 17, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de los actos o al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados o de su ejecución, es evidente que en el caso que nos ocupa, el término de quince días para la presentación de la demanda, inició a partir de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. De ahí que, se reitera, la demanda fue presentada de manera extemporánea. Por las razones que la informan, se cita la tesis jurisprudencial pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El énfasis es propio de este órgano jurisdiccional). Por tanto, al no haber impugnado en forma oportuna los precitados actos, estos deben reputarse como consentidos tácitamente, actualizándose así la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley reglamentaria. En apoyo a lo anterior, se hace referencia a la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación2, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS." Asimismo cabe citar el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito3, que es del tenor siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." En ese contexto, resulta pertinente mencionar que el hecho de que el legislador fijara un plazo para ejercer un derecho, no necesariamente implica violentar algún derecho fundamental, en atención a que si bien la reforma al artículo 1° de nuestra Ley Fundamental, de diez de junio de dos mil once, incorporó en nuestro orden jurídico el postulado "pro persona" -el cual obliga a los órganos jurisdiccionales a brindar la protección más amplia al gobernado-, ello de ningún modo se traduce en soslayar los requisitos de procedencia expresamente previstos por el legislador para instar a los órganos de control constitucional, tal y como lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10a.), de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En mérito lo expuesto en párrafos precedentes, y conforme lo establecido en los artículos 113, en relación con los diversos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Por otro lado, se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandra Díaz Cruz, Julio Hernández Jasso y Herlinda Pimentel Serafín, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, atendiendo a que la materia del presente asunto es administrativa; y en términos restringidos del numeral en cita, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Deborath Nallely Liceaga Soria y Karen Pacheco González, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, de conformidad con los artículos 52 bis y 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Cambio de denominación de Juzgado. Se hace del conocimiento de las partes que con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación a Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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