Wendy Guadalupe Hinojosa Orozco
Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/04/2021
Partes del expediente
- Wendy Guadalupe Hinojosa Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de treinta de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes...
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R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Wendy Guadalupe Hinojosa Orozco, en los términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia constitucional.
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Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes, los informes justificados signados por las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicha Junta y Actuarios adscritos a la misma, todos con residencia en esta ciudad; así entonces, con su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En otro contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo relativo a la prueba testimonial a cargo de Jesús Eduardo Zamora Orozco y Hernán Ernesto Guillén Leal, solicitadas por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda; lo anterior, hasta en tanto obrara la totalidad de los informes justificados solicitadas a las autoridades responsables, lo que a la fecha ya aconteció, según se advierte de autos. Por tanto, previo a la admisión o desechamiento de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de Jesús Eduardo Zamora Orozco y Hernán Ernesto Guillén Leal, se tiene que el artículo 119 de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. [.] Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. [.] Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia." De lo anterior se colige, que el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, requisito que la parte quejosa satisfizo al momento de ofrecerla, pues lo realizó en el escrito inicial de demanda. Además, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios. Asimismo, se tiene que no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas; de ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, es decir, ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, y exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar. Ahora, en el caso concreto, se tiene que la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento al requisito antes referido, pues tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, así como del estado procesal que guardan los autos, la parte quejosa no presentó el interrogatorio sobre el cual deberá versar dicha probanza. Por lo antes expuesto, resulta procedente desechar de plano las testimoniales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, a cargo de Jesús Eduardo Zamora Orozco y Hernán Ernesto Guillén Leal, en términos de lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia. Esto es así, como ya se dijo, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas...
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a lo vertido en la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el término de tres días a la parte quejosa, a efecto que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto a la inexistencia de la autoridad responsable que denominó como Comandantes y Policías Municipales subalternos, con residencia en esta ciudad, sin que a la fecha en que se actúa hubiere hecho manifestación alguna, no obstante encontrarse debidamente notificada de dicho auto desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Así entonces, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en dicho auto, y al efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción II, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara inexistente la autoridad responsable indicada en párrafos supra... Asimismo, se ordena suspender toda comunicación con la misma, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.
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