Wilberth Francisco Almanza Yáñez
Expediente 682/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2019
Partes del expediente
- Wilberth Francisco Almanza Yáñez
Actuaciones
- Principal
sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, se declara que dicho proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en la instancia constitucional que nos ocupa ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.
- Incidental
se resuelve: único, se niega la suspensión definitiva solicitada.
- Incidental
se señalan las nueve horas con dos minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental, pidase el informe previo, se niega la suspensión provisional.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Wilberth Francisco Almanza Yañez, en su carácter de quejoso, mediante el cual, desahoga la prevención formulada el cinco de junio de dos mil diecinueve, y manifiesta que las autoridades que señala con el carácter de responsables son las siguientes: 1. Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 2. Directora de Responsabilidades de Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 3. Jefe del Departamento de Notificadores e Investigación adscrito a la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 4. Delegada de la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 5. Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Asimismo, precisa como actos reclamados a cada una de ellas, los siguientes: Del Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California: -Resolución administrativa de quince de febrero de dos mil diecisiete, con número de folio SP-RES/965/2017 y notificada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente EXP/088/2016. -Resolución administrativa de nueve de marzo de dos mil diecisiete, con número de folio SP-RES/054/2016 y notificada el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente EXP/054/2016. -Resolución administrativa de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, con número de folio SP-XXII-RES/5659/2018 y notificada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente AV/078/2017. -Resolución de responsabilidad administrativa con número de oficio SP-XXII-RES-1027/2019, de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, notificada el tres de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente INV/148/2016. -Resolución de responsabilidad administrativa con número de oficio SP-XXII-RES-934/2019, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, notificada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dentro del expediente INV/178/2016. De la Directora de Responsabilidades de Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California: -Acuerdo de inicio de procedimiento con número de oficio SPM-7208-2016, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, notificada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente EXP/088/2016. -Acuerdo de inicio de procedimiento de investigación con número de oficio INV/284/2015, de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, y en marzo de dos mil dieciséis, se dictó acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad, notificada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente EXP/054/2016. -Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo SP-RES-XXII-4982-2018, de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, notificado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente AV/078/2017. -Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, notificado vía cédula el quince de noviembre de dos mil dieciocho, con número de oficio SP-RES-XXII-5835-2018, dentro del expediente INV/148/2016. -Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo con número de oficio SP-RES-XXII-5838-2018, de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, notificado vía cédula el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente INV/178/2016. Del Jefe del Departamento de Notificadores e Investigación adscrito a la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California: -Notificación practicada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, con número de oficio SP-RES-965/2017, dentro del expediente EXP/088/2016. -Notificación practicada el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente EXP/054/2016. -Notificación practicada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, con número de oficio SP-XXII-RES-5659/2018, dentro del expediente AV/078/2017. -Notificación practicada el tres de abril de dos mil diecinueve, con número de oficio SP-XXII-RES-1027/2019, dentro del expediente INV/148/2016. -Notificación practicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, con número de oficio SP-XXII-RES-934/2019, dentro del expediente INV/178/2016. De la Delegada de la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California: -El recurso de revisión de nueve de agosto de dos mil dieciocho, interpuesto ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, notificado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. De la Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, refiere que le reclama los actos precisados en su escrito inicial de demanda con los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, los cuales en esencia son: 2.- Acuerdo de admisión de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 442/2019 S.A., notificado del mismo el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve -tal y como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de aclaración de demanda-. 3.- La fecha de audiencia -veinte de agosto de dos mil diecinueve- señalada en el acuerdo de admisión de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 442/2019 S.A., notificado del mismo el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve -tal y como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de aclaración de demanda-. 4.- Acuerdo de admisión de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 442/2019 S.A., por el cual se niega la suspensión provisional solicitada, notificado del mismo el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve -tal y como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de aclaración de demanda-. 5.- La omisión dentro del expediente 442/2019 S.A., del índice de la Sala responsable, al no contestar la solicitud de reconsideración presentada el once de marzo de dos mil diecinueve. 6.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1291/2019 S.A., por no admitir en tiempo y forma, en los términos previstos en el artículo 49, párrafo primero, 56, 57, todos de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 7.- La fecha de audiencia -trece de febrero de dos mil veinte- señalada en el acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1291/2019 S.A., notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 8.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1291/2019 S.A., por el cual se niega la suspensión provisional solicitada, notificado del mismo el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 9.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1313/2019 S.A., por no admitir en tiempo y forma, en los términos previstos en el artículo 49, párrafo primero, 56, 57, todos de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 10.- La fecha de audiencia -veinte de febrero de dos mil veinte- señalada en el acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1313/2019 S.A., notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 11.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1313/2019 S.A., por el cual se niega la suspensión provisional solicitada, notificado del mismo el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. En atención a lo anterior, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado el cinco de junio de dos mil diecinueve, déjese sin efecto el apercibimiento inserto en el mismo. En consecuencia, provéase lo conducente a la demanda de amparo en cuestión. Ahora, tras una lectura íntegra del escrito inicial de demanda, así como del escrito aclaratorio, se aprecia que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, la misma debe desecharse parcialmente en razón a los siguientes actos reclamados y por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Ahora, por lo que hace a los actos reclamados que precisa en su escrito aclaratorio y que son combatidos a las autoridades Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Directora de Responsabilidades de Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Jefe del Departamento de Notificadores e Investigación adscrito a la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Delegada de la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo expuesto porque el juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente es improcedente si no se promueven dentro de los términos a que se refieren los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento jurídico. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Esta disposición establece una presunción legal, en el sentido de que se entenderán tácitamente consentidos, aquellos actos contra los que no se promueva juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la ley de la materia, que indica: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días,." Por su parte, el diverso ordinal 18 del mismo ordenamiento expone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto transcrito, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de derechos fundamentales, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Conforme al mencionado precepto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. En el caso en estudio, se está ante el primer supuesto relativo al plazo en que debe computarse la interposición del juicio de amparo, esto es, al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Tal aserto es así, pues el quejoso comparece ante la presente vía constitucional a reclamar como base de su instancia las resoluciones administrativas -de fechas quince de febrero, nueve de marzo, ambas de dos mil diecisiete, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho y uno de abril y veintiuno de marzo, ambas de dos mil diecinueve-, acuerdos de inicio de procedimiento -de fechas dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, treinta de septiembre de dos mil quince, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, doce y trece de noviembre de dos mil dieciocho-, notificaciones efectuadas -veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, veinticuatro de marzo y veintidós de febrero de dos mil diecisiete, tres de abril y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve-, así como el recurso de revisión de nueve de agosto de dos mil dieciocho, cuya interposición le fue notificada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, que llevaron a cabo las autoridades Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Directora de Responsabilidades de Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Jefe del Departamento de Notificadores e Investigación adscrito a la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Delegada de la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en los expedientes EXP/088/2016, EXP/054/2016, AV/078/2017, INV 148/2016 y INV/178/2016. Sin embargo, de las manifestaciones plasmadas por la quejosa en su escrito aclaratorio, se aprecia que las notificaciones de los actos combatidos exceden por mucho el término de quince días para promover el juicio de amparo, tal y como se obtiene de los recuadros de temporalidad siguientes: Actos combatidos Notificación a la parte quejosa Surtió efectos Término de 15 días Resolución de 15 de febrero de 2017 22 de febrero de 2017 23 de febrero de 2017 24 de febrero a 16 de marzo de 2017 Resolución de 09 de marzo de 2017 24 de marzo de 2017 27 de marzo de 2017 28 de marzo al 14 de abril de 2017 Resolución de 25 de octubre de 2018 22 de febrero de 2019 25 de febrero de 2019 26 de febrero al 18 de marzo de 2019 Resolución de 01 de abril de 2019 03 de abril de 2019 04 de abril de 2019 05 al 15 de abril de 2019 Resolución de 21 de marzo de 2019 26 de marzo de 2019 27 de marzo de 2019 28 al 25 de marzo de 2019 Acuerdo de 16 de noviembre de 2016 16 de noviembre de 2016 17 de noviembre de 2016 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2016 Acuerdo de 30 de septiembre de 2015 16 de noviembre de 2016 17 de noviembre de 2016 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2016 Acuerdo de 16 de agosto de 2018 17 de agosto de 2018 20 de agosto de 2018 21 de agosto a 10 de septiembre de 2018 Acuerdo de 12 de noviembre de 2018 15 de noviembre de 2018 16 de noviembre de 2018 21 de noviembre al once de diciembre de 2019 Acuerdo de 13 de noviembre de 2018 23 de noviembre de 2018 26 de noviembre de 2018 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2018 Notificación de 22 de noviembre de 2016 22 de noviembre de 2016 23 de noviembre de 2016 24 de noviembre al 14 de diciembre de 2016 Notificación de 24 de marzo de 2017 24 de marzo de 2017 27 de marzo de 2017 27 de marzo al 17 de abril de 2019 Notificación de 22 de febrero de 2017 22 de febrero de 2017 23 de febrero de 2017 24 de febrero al 16 de marzo de 2017 Notificación de 03 de abril de 2019 03 de abril de 2019 4 de abril de 2019 5 al 25 de abril de 2019 Notificación de 26 de marzo de 2019 26 de marzo de 2019 27 de marzo de 2019. 28 de marzo a 22 de abril de 2019. Recurso de revisión de 09 de agosto de 2018 23 de noviembre de 2018 26 de noviembre de 2018 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2018 De lo anterior se aprecia, que el plazo legal de quince días para promover juicio de amparo transcurrió en exceso; de ahí que la demanda de amparo resulta extemporánea, en cuanto a la inconstitucionalidad de esos actos reclamados, ya que se presentó el cuatro de junio de dos mil diecinueve, como se obtiene de la papeleta de turno del escrito inicial de demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, excediendo el término descrito en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Mismo supuesto respecto a los actos reclamados a la Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y que precisa en su escrito de demanda, bajo los numerales 2, 3 y 4, como se aprecia del siguiente cuadro de temporalidad: Actos combatidos Notificación a la parte quejosa Surtió efectos Término de 15 días Acuerdo de admisión de 20 de febrero de 2019 25 de febrero de 2019 26 de febrero de 2019 27 de febrero al 19 de marzo de 2019 Fecha de Audiencia señalada en acuerdo de 20 de febrero de 2019 25 de febrero de 2019 26 de febrero de 2019 27 de febrero al 19 de marzo de 2019 Acuerdo de 20 de febrero de 2019, por el cual se niega la suspensión provisional solicitada 25 de febrero de 2019 26 de febrero de 2019 27 de febrero al 19 de marzo de 2019 De lo anterior también se observa, que el plazo legal de quince días para promover juicio de amparo transcurrió en exceso; de ahí que la demanda de amparo resulta extemporánea, en cuanto a la inconstitucionalidad de esos actos reclamados, ya que como se citó con anticipación, se presentó el cuatro de junio de dos mil diecinueve, excediendo el término descrito en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, por las razones que contiene, la jurisprudencia J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". [Énfasis Añadido] Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja cinco, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Igualmente es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21 sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página doscientos noventa y uno, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Wilberth Francisco Almanza Yañez, contra los actos precisados con anterioridad y reclamados al Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Directora de Responsabilidades de Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Jefe del Departamento de Notificadores e Investigación adscrito a la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Delegada de la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Seguidamente, respecto a los actos reclamados a la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, y que precisados quedaron en su escrito inicial de demanda, bajo los numerales 6 y 9, y que se precisan a continuación: 6.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1291/2019 S.A., por no admitir en tiempo y forma, en los términos previstos en el artículo 49, párrafo primero, 56, 57, todos de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 9.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1313/2019 S.A., por no admitir en tiempo y forma, en los términos previstos en el artículo 49, párrafo primero, 56, 57, todos de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 77, fracción I, del mismo ordenamiento, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y.". La interpretación relacionada de los dispositivos reproducidos evidencia que el juicio de amparo será improcedente cuando se hayan consumado de manera irreparable los efectos del acto reclamado; lo anterior, en razón de que la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tiene la naturaleza de ser restitutoria a favor de la parte quejosa de los efectos sufridos por el acto declarado inconstitucional, esto es, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que los efectos protectores serán el de restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado material que guardaban antes de la violación cometida cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Luego, si los efectos materiales del acto reclamado ya produjeron sus efectos de modo irreparable, esto es, sin poder existir posibilidad jurídica o material alguna de volver al estado de cosas preexistente, el juicio constitucional no tendría la eficacia restitutoria fáctica que lo debe caracterizar; así, para estimar actualizada la causa de improcedencia que ahora se explica, es necesario realizar un estudio en torno a la situación material que posiblemente se plantea como efecto consumado del acto reclamado. En ese sentido, cabe distinguir entre efecto consumado de modo reparable e irreparable; para lo cual, conviene tener en cuenta el texto de la tesis aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 209662, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparabl y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)."[Énfasis añadido]. Del criterio invocado, se entiende por acto consumado de modo reparable aquel que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, los mismos sí pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser revocada, restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, siendo procedente el juicio constitucional; por el contrario, el consumado de forma irreparable, es aquel que sus efectos y consecuencias formales y materiales ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En ese sentido, con la finalidad de demostrar que en la especie efectivamente el efecto y consecuencia de los actos reclamados por la justiciable tienen el carácter de consumados de modo irreparable, esto es, sin posibilidad material alguna para dejarse sin efectos, se hace necesario precisar de modo particular cuál es el motivo fáctico y de queja constitucional de los que se duele la parte quejosa, a fin de analizar si con respecto a la situación material que ahora acontece, pueden ser reparados con motivo de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la parte quejosa, se duele de los acuerdos de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictados en los expedientes 1291/2019 S.A y 1313/2019, toda vez que la autoridad responsable - Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California -, no se pronunció en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en los artículos 49, párrafo primero, 56 y 57, todos de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera, que los autos de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, pronunciados en los expedientes 1291/2019 y 1313/2019, se han consumado de modo irreparable, pues al llevarse a cabo con todas sus consecuencias jurídicas, se colige que dicha circunstancia hace física y materialmente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, por tal virtud, queda evidenciada la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Atento a ello, si las demandas presentadas si bien, no fueron admitidas en la temporalidad que refiere la quejosa, lo cierto es que al ya haberse admitido las mismas, la posible transgresión al derecho fundamental de que se duela la parte impetrante del amparo, quedó agotada de manera irreparable, en virtud de que no es posible restituir a la parte quejosa en ese derecho, pues una eventual concesión no podría dar lugar a retrotraer los hechos al estado en que se encontraban antes de los acuerdos de veinte de mayo de dos mil diecinueve, por lo que es materialmente imposible restablecer a la inconforme en el goce del derecho que aduce fue infringido, como lo ordena el numeral 77 de la Ley de Amparo, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver la situación al estado que guardaba antes de los acuerdos de admisión en comento. Cobra aplicación al caso, la tesis aprobada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 918177, publicada en la Sistematización el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Así como la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 238138, publicada en la Sistematización el Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IRREPARABILIDAD DE CONSUMACIÓN DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO. NO BASTA GRAVE DIFICULTAD DE REPARACIÓN. La causal de improcedencia del juicio de amparo que se funda en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo no se justifica con el argumento de que los actos reclamados se encuentran consumados porque resultan de difícil reparación, en virtud de que la disposición legal que se cita señala como causa de improcedencia del juicio de garantías que se entable en contra de "actos consumados de modo irreparable" y no contra actos difíciles de reparar." Así las cosas, a juicio del suscrito, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que los citados actos reclamados -acuerdos de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve- son de carácter consumado de modo irreparable, toda vez que a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad del mismo, si la situación material que ahora prevalece, hace imposible lograr la pretensión básica de la parte quejosa, si como quedó evidenciado en párrafos precedentes, se pone de manifiesto que el acto reclamado ya surtió sus efectos, esto es, se consumó de un modo irreparable al ya haberse admitido las demandas promovidas, lo cual materialmente es imposible de restituir o reparar. Por tanto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Wilberth Francisco Almanza Yañez, contra los actos precisados con anterioridad y reclamados a la Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. En ese orden, respecto a los actos reclamados combatidos a la Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California y que precisados quedaron en su escrito inicial de demanda, bajo los numerales 8 y 11, los cuales consisten en: 8.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1291/2019 S.A., por el cual se niega la suspensión provisional solicitada, notificado del mismo el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 11.- Acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1313/2019 S.A., por el cual se niega la suspensión provisional solicitada, notificado del mismo el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. De lo hasta aquí señalado, es claro que el peticionario de amparo, reclama en esta vía constitucional, los acuerdos de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictados en los expedientes 1291/2019 y 1313/2019, por los cuales se le negó la suspensión provisional solicitada; sin embargo, debe decirse que en el caso concreto, no se cumple con el principio de definitividad para los efectos del juicio de garantías, toda vez que la promovente del amparo antes de acudir a esta vía constitucional, debió interponer recurso de reclamación en contra de las resoluciones antes invocadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Medio ordinario de defensa que tuvo a su alcance y por virtud del cual, es dable lograr la anulación, modificación o revocación de los actos reclamados en esta instancia constitucional. En efecto, para el caso que nos ocupa, el artículo 90 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, dispone: "Artículo 90. Las partes podrán interponer el recurso de reclamación en contra de las resoluciones de los Magistrados que desechen la demanda o la contestación; o admitan o desechen las pruebas; que rechacen la intervención de terceros, o aquéllas que nieguen o concedan la suspensión del acto reclamado. El recurso deberá interponerse ante la Sala de adscripción del Magistrado que hubiere dictado el acto recurrido, dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, expresando los agravios que le cause. [.]." Ciertamente, en el particular, nos encontramos en presencia de actos que provienen de una autoridad administrativa como lo es la Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, emitidos dentro de los expedientes 1291/2019 y 1313/2019; actos contra los cuales, dada su naturaleza, conforme a la Ley de su materia, procedía el recurso de reclamación, previsto por el artículo 90, del citado ordenamiento legal, medio ordinario de defensa que el impetrante, desde luego estuvo en aptitud legal de promover previamente al juicio de amparo, por virtud del cual, se podría haber modificado, revocado o nulificado, el auto impugnado; por lo que al no haber agotado en su momento oportuno, el medio ordinario de defensa en comento antes de ocurrir en demanda de garantías, atento al principio de definitividad que rige en este juicio, se llega al convencimiento de que en el particular, se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, precisamente porque entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, atento a que este juicio únicamente será procedente cuando se hayan agotado los recursos que la ley del acto establecen, antes de accionar la presente Instancia Constitucional, se encuentra obligado a agotar los medios ordinarios de defensa a su alcance, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que la Constitución General de la República y la Ley de Amparo precisan, entre los que no se encuentra el presente asunto. El apoyo a lo anterior, cabe citar la Jurisprudencia J/85, sustentada por el Primer tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Sin que sea el caso considerar alguna de las hipótesis de excepción que prevé la fracción XVIII, pues no se aprecia que la parte quejosa encuadre en alguna de ellas; ya que los actos combatidos no son de aquellos que importen peligro a la vida, o que sea de alguno de los previstos en el numeral 22 de la Ley de Amparo, ni que se trate de alguna orden de aprehensión o reaprehensión, que implique la libertad del quejoso, tampoco se esta en el supuesto de terceros extraños, ya que la parte quejosa es parte en los procedimientos administrativos que cita por ser ésta quien los promovió, ni mucho menos se trata de un auto de vinculación a proceso. En ese contexto, es evidente que la promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Wilberth Francisco Almanza Yañez, contra los actos que precisados quedaron con antelación y que fueron combatidos a la autoridad Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. De lo hasta aquí expuesto, queda evidenciado que la procedencia de la presente demanda de amparo, será única y exclusivamente respecto a los actos reclamados y que precisados quedaron en su escrito de demanda bajo los numerales 5, 7 y 10 y que a continuación se transcriben para mejor comprensión: 5.- La omisión dentro del expediente 442/2019 S.A., del índice de la Sala responsable, al no contestar la solicitud de reconsideración presentada el once de marzo de dos mil diecinueve. 7.- La fecha de audiencia -trece de febrero de dos mil veinte- señalada en el acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1291/2019 S.A., notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. 10.- La fecha de audiencia -veinte de febrero de dos mil veinte- señalada en el acuerdo de admisión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1313/2019 S.A., notificado el tres de junio de dos mil diecinueve -manifestación obrante en la foja 09 del escrito de demanda-. Actos los cuales reclama de la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California; en consecuencia, se admite la demanda de amparo promovida por Wilberth Francisco Almanza Yañez, únicamente por lo que hace a los citados actos y respecto a la autoridad responsable mencionada en primer término; tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. Se señalan las diez horas con doce minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Requiérase a las autoridades responsables para que con su informe justificado remitan copia certificada completa y legible de las constancias para apoyarlo, así como de las necesarias para la solución del juicio constitucional, en caso de tener actos que justificar, tal y como lo exige el artículo 117, de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o de hacerlo sin remitir las constancias antes indicadas, se les impondrá, multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238, de la invocada legislación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se previene a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el arábigo 251, de la ley de la materia. Por otro lado, se apercibe a la parte quejosa, que de resultar inexistentes las autoridades señaladas con el carácter de responsables, con las denominaciones por ella indicadas, o bien, de resultar imprecisas, sin mayor trámite, se declararán sus inexistencias y se suspenderá toda comunicación con las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.6º.P.14 K (10ª.) , del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, titulada: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE." Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, la intervención que legalmente le corresponda, para lo cual deberá corrérsele traslado con copia simple de la demanda de amparo. Se tiene a la parte solicitante del amparo designando como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando López Barajas, dado que su cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, atendiendo a que la materia del presente asunto es administrativa y en términos restringidos del referido numeral a Luis Felipe Ferreiro Martínez, por no contar con cédula profesional registrada. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita los días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; de conformidad con lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aplicado conforme al artículo segundo transitorio de la Ley Federal en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, misma que entró en vigencia al día siguiente de su publicación; así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación.
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