Walter Herrera Mendoza
Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Walter Herrera Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución del cuaderno de prueba que el juez responsable adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del juicio especial hipotecario 634/2016, rogando acuse de recibo de las mismas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 255/2018, promovido por Walter Herrera Mendoza, por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil, con sede en la ciudad de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, recibido el mismo día en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional Walter Herrera Mendoza, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil, con sede en la ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración, por auto de trece de abril de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional admitió a tramite el presente asunto , se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó emplazar a los terceros interesados Finpatria sociedad anónima de capital variable, Financiera de Objeto Limitado, en cuanto representante del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y Ramón Rivera Tavera, lo cual aconteció según se advierte de las constancias que obran a fojas 151 y 262, de este expediente; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, son los siguientes: I. Del Juez y Actuario del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, el emplazamiento, remate y adjudicación del bien inmueble que refiere es de su propiedad, ubicado en la calle Rincón de Corucha, número 142, del Fraccionamiento Rincón Quieto, de esta ciudad, derivado del juicio especial hipotecario 634/2016, de su índice, con motivo de todo lo actuado en el mismo y respecto del cual se ostenta tercero extraño. II. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán, el registro del gravamen relativo al contrato de Mutuo con interés y Garantía Hipotecaria celebrado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), representado por FINPATRIA S.A de C.V., en cuanto acreedor y como deudor RAMÓN RIVERA TAVERA, de veinte de agosto de dos mil nueve, respecto del inmueble que refiere se encuentra ubicado en la calle Rincón de Corucha, número 142, del Fraccionamiento Rincón Quieto, de esta ciudad. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN EL PUNTO I DEL CONSIDERANDO SEGUNDO. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó, descritos en el punto I del considerando segundo de esta sentencia. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar las negativas por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Aunado a lo anterior de las pruebas documentales que remitió el Juez responsable, se advierte lo siguiente: En data de seis de julio de dos mil dieciséis, Enrique Augusto Contreras Reyes, apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), presentó demanda en la vía especial hipotecaria, en contra del aquí tercero interesado Ramón Rivera Tavera, derivado del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. Posteriormente, en data de ocho de ese mismo mes y año, el Juez Trigésimo Séptimo Civil de esa ciudad, admitió dicha demanda registrándola bajo el número 634/2016, asimismo, se dejó a disposición el original del exhorto y un juego de copias de traslado para que se realizara el emplazamiento del demandado Ramón Rivera Tavera, aquí tercero con interés (fojas 12 a 14). Finalmente, en auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal dentro del controvertido de origen, concediéndole un término de tres días a la parte actora a fin de que compareciera a recoger los documentos que exhibió junto con su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la remisión del expediente de origen y documentos exhibidos al archivo judicial una vez transcurridos noventa días naturales. De lo anteriormente transcrito, se advierte que el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil con sede en la Ciudad de México, para la fecha de la presentación de la demanda originadora del presente asunto, no ordenaron ni ejecutaron alguno de los actos reclamados por el quejoso, pues como ya se puso de manifiesto, desde el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el juez responsable decretó la caducidad del juicio de donde el amparista hace derivar los actos reclamados. A los referidos medios de convicción se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse este juicio, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, precisados en el primer párrafo de este considerando. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados en torno a dichos actos por la parte quejosa, al tenor de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL PUNTO II DEL CONSIDERANDO SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado . Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió a su informe de ley, consistentes en copia certificada del gravamen registrado el veinte de agosto de dos mil nueve, en el tomo 00005870, con número de registro 00000023, relativo a la casa habitación ubicada en calle Rincón de Corucha, número 142, del lote 19 de la manzana IV, del Fraccionamiento Rincón Quieto en esta ciudad, derivado del contrato mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado el catorce de julio de dos mil nueve, entre Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), representado por Finpatria sociedad anónima de capital variable, Financiera de Objeto Limitado, como acreedor y por Ramón Rivera Tavera como deudor. A las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278." QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95." En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el quejoso afirma es propietario del bien inmueble ubicado en la casa marcada con el número 142 de la calle Rincón de Corucha, del fraccionamiento Rincón Quieto de esta ciudad de Morelia, Michoacán, cuyo gravamen o hipoteca fue inscrito el veinte de agosto de dos mil nueve; por ende debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación al derecho sustantivo especificó de la propiedad que es el que aquí defiende. Corrobora lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 6/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 36/2014. José Luis Medina Camargo. 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 39/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 20 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete." Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013." Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, el quejoso debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser propietario ubicado en la calle Rincón de Corucha, número 142, del Fraccionamiento Rincón Quieto, de esta ciudad, Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Así, conviene recordar que el quejoso accionó la vía constitucional doliéndose de la privación del bien inmueble ubicado en la calle Rincón de Corucha, número 142, del Fraccionamiento Rincón Quieto, de esta ciudad, que aduce tiene en propiedad, virtud al contrato de compra venta de veintinueve de julio de dos mil nueve, celebrado por Ramón Rivera Tavera -tercero con interés- y por otra Walter Herrera Mendoza -quejoso-, así como todas sus consecuencias legales, del cual es tercero extraño; ello, planteado desde la perspectiva de que las responsables transgredieron en su contra los derechos de audiencia y defensa que todo gobernado goza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 y 16 constitucional. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz que se viene a defender, es necesario que para la justificación del interés jurídico se demuestre en la especie la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la siguiente tesis: "Época: Octava Época Registro: 209307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXI.2o.48 C Página: 176 INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 410/94. José María Gómezcaña Castro. 12 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo." En congruencia con lo anterior debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional deba constar de manera fehaciente o cierta en un instrumento probatorio de carácter documentario, esto es lo que se conoce como documento de fecha cierta; lo anterior, con la finalidad de dar eficacia a la garantía de seguridad jurídica respecto al momento en que realmente se pueda considerar como existente el acto jurídico que en el documento se consigne y que es el derecho que se pretenda defender en la sede constitucional. En ese sentido, a fin de dilucidar lo que se debe entender por documento de fecha cierta debe decirse que en torno a ello no existe ninguna regulación en precepto normativo concreto que así lo defina, sino que tal tópico deriva exclusivamente de la interpretación jurisprudencial que al efecto han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir interpretación jurídica obligatoria, razón por la cual hay que atender al contenido expreso de los criterios que sobre el particular ha sustentado esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el órgano jurisdiccional cuya interpretación es la que prevalece respecto de cualquier otra. En torno a dicho tópico cabe resaltar lo que al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto a considerado lo que expuso en la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 192662 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Diciembre de 1999 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 46/99 Página: 78 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Contradicción de tesis 52/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos del Cuarto Circuito. 22 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa. Tesis de jurisprudencia 46/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Humberto Román Palacios. Nota: Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 161; por instrucciones de la propia Sala se publica nuevamente con las modificaciones que ordena sobre la tesis originalmente enviada." De igual modo es de destacar lo que al respecto ha sustentado la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que enseguida se transcribe: "Época: Sexta Época Registro: 818042 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXVI, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 63 DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes. Volumen XXVIII, página 210. Amparo directo 7426/57. Clemente Quiroz. 21 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Volumen XL, página 113. Amparo directo 4837/59. Compañía Hulera "La Euskadi"; S. A. 20 de octubre de 1960. Cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Volumen LVIII, página 129. Amparo directo 6056/61. Francisco Coello Cantoral. 26 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Volumen LX, página 102. Amparo directo 7300/59. Virginia Cajica de Almendaro. 11 de junio de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro Estrada. Volumen LXIII, página 37. Amparo directo 1649/58. Consuelo Treviño viuda de Treviño. 3 de septiembre de 1962. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Castro Estrada." De lo expuesto se tiene que el Alto Tribunal ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene cuando se actualizan las hipótesis jurídicas siguientes, a saber: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si no se surten los supuestos enlistados el documento privado no puede generar eficacia probatoria, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar certidumbre probatoria en torno a la fecha en que existe el mismo y con ello seguridad jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, y por lo mismo no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo, y por tanto al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Para robustecer lo anterior es conveniente citar algunas de las consideraciones que tuvo en cuenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 14/2004, de cuya ejecutoria se advierte lo siguiente: "Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. --- En esa tesitura, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en el documento privado es su fecha cierta, por lo que el asiento registral proporciona esa certidumbre, ya que este registro en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente, los inmuebles para que toda persona que tenga interés de efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: saber quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir y además datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. --- En nuestro sistema legal, es preciso destacar que el Registro Público de la Propiedad no genera por sí mismo la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar a ser un reflejo de un derecho nacido extra registralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes y la causa o título del derecho generado, es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así para que sean conocidos por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. --- Por tanto, se tendrá como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. --- Asimismo, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. --- Igualmente, proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. --- Las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, por lo que no deben exigirse mayores formalidades en la fe pública de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque cuando interviene está investido de esa fe para hacer constar que existió el documento que le fue presentado. --- En razón de lo expuesto, el documento privado adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante el notario, en virtud de que éste está investido de fe pública y facultades para autenticar, así como para dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, así como que en su presencia reconocieron el contenido de tales documentos, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del mismo, pues no es dable pensar que ese instrumento se haya elaborado en fecha posterior a la que en él aparece; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo." Las razones expuestas dieron motivo a la conformación de la Jurisprudencia que enseguida se reproduce: "Época: Novena Época Registro: 178201 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Junio de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 44/2005 Página: 77 DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades. Contradicción de tesis 14/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 44/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de abril de dos mil cinco." Finalmente, conviene traer a glosa el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de tesis 17/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 66/2008, cuyo rubro es del siguiente tenor: "RATIFICACIÓN NOTARIAL. ES VÁLIDA AUN CUANDO SE HAGA CONSTAR EN UNA HOJA DIVERSA A AQUELLAS EN LAS QUE CONSTA EL DOCUMENTO A RATIFICAR, SIEMPRE QUE LA RATIFICACIÓN CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE CERTEZA QUE DEBEN REVESTIR LOS ACTOS NOTARIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", pues al efecto expuso: "En ese tenor, la fe pública notarial implica que el funcionario que la detenta tiene la facultad legal de autenticar y dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos jurídicos que hace constar en las actas y certificaciones como lo percibe con sus sentidos. Es decir, la fe pública es una figura jurídica creada para que un funcionario autorizado, profesional de derecho, como lo es el notario, dé certidumbre a los actos, palabras o escritos que requieren ser declarados como valederos y ciertos ante diversas circunstancias. De igual forma, es de citar el texto de los artículos 143 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, y 138 de la Ley del Notariado de Puebla, abrogada, los cuales son de idéntica redacción, para establecer el alcance de los documentos notariales. El texto de los mencionados artículos es: "Los documentos públicos notariales, mientras no fuere declarada judicialmente su falsedad, probarán plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ellos, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y que éste observó las formalidades que mencionó." De esto resulta que por disposición expresa de la ley, los documentos otorgados por notario público en el ejercicio de sus funciones, harán prueba plena de los actos o hechos jurídicos que en ellos se consignen, salvo que judicialmente llegare a declararse su falsedad. Por tanto, cuando se presenta ante el notario un documento para que sea ratificado, esto se hace con la finalidad de dar certeza sobre la existencia del acto contenido en tal instrumento, ya sea que se trate de un contrato o cualquier otro documento. Bajo ese tenor, si al pasarse ante la fe del notario un documento para su ratificación -como en el caso a estudio lo fue el contrato de compraventa- el mencionado fedatario público certifica ese acto cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, es decir, llevando a cabo lo previsto en el artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, o el artículo 123 de la abrogada Ley del Notariado de la misma entidad, resulta que esa certificación prueba plenamente la ratificación que en ella se consignó por el notario, salvo que judicialmente se declare lo contrario. Esto, porque como se mencionó, la fe pública que se ejerce sobre el acto notarial de ratificación tiene como efecto dar certeza de lo ocurrido, es decir, acredita la exactitud de lo que el notario hace constar conforme lo percibió con sus sentidos. Así también, no escapa a este estudio que el referido artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla -así como el numeral 123 abrogado-, establecen que la certificación en la que se contenga la ratificación del contenido de documentos o firmas "se hará constar en ellos", sin embargo, bajo esa redacción no es dable entender que la certificación respectiva obligadamente deba plasmarse en el mismo papel que constituye el documento en cuestión, pues ello, en ocasiones, por razón de espacio, o a fin de no alterar los documentos no es posible. Además, cuando los preceptos en análisis prescriben que la ratificación de documentos "se hará constar en ellos", se refiere al contenido formal del documento y no a las hojas de papel o al material en que se haya asentado su contenido. Esto es, la certificación en la que el notario hace constar la ratificación de un documento es parte integrante del mismo, lo que quiere decir que las hojas donde consta el acto a ratificar y la hoja donde se certifica la ratificación son un todo y ambas son parte integrante del documento ratificado. Por tanto, si como ya se explicó, el notario en su carácter de fedatario público cuenta con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Así, consideramos que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley. No obstante, no debe escapar a la vista el hecho de que si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, y con base en esa investidura ratifica el contenido de algún documento, si esta ratificación es realizada en hoja diversa al documento a ratificar y en ella no se asientan los datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado, queda fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, por lo general, dicha hoja queda en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno. En ese tenor, resulta que la ratificación notarial de un documento para ser válida no requiere de que necesariamente sea plasmada en el cuerpo del propio documento a ratificar, si se llevó a cabo cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley -en el caso, artículos 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, y 123 de la ley de la materia, abrogada-, con la salvedad de que si la mencionada ratificación se realiza en hoja separada al documento en cuestión, a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Lo anterior, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada Por tanto, si el notario en ejercicio de la fe pública que posee ratifica el contenido de cualquier documento; y si en el caso, la ratificación cumple todos los requisitos de ley, es decir, que conforme al artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, -o numeral 123 de la abrogada Ley del Notariado de la propia entidad-, en el documento respectivo se hizo constar la comparecencia y reconocimiento o ratificación de los firmantes, así como su identidad y capacidad, además, se asentó al final del documento la razón "Doy fe" o el "ante mi" con la firma y sello del notario, según disponen las leyes notariales que se han venido mencionando, se entiende que dicha ratificación notarial es válida aun cuando se haya realizado en diversa hoja a aquellas en las que se contiene el documento a ratificar, pues los preceptos legales citados no obligan a que se haga en el propio papel del documento que se ratifica, y por otro lado, la validez de un acto notarial de ratificación depende de que se cumpla con el principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos en función de la fe pública que ostenta el notario." De la ejecutoria transcrita, se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los notarios públicos cuentan con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, y que ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Agregó el alto tribunal, que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley; esto es, que a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Que ello, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada. Por su parte el artículo 88 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, establece: "ARTÍCULO 88. El reconocimiento de firmas, documentos y contratos privados, se hará mediante una certificación puesta en los propios documentos. El notario no podrá autorizar el reconocimiento de firma en blanco". De lo transcrito se advierte que la certificación o cotejo de documentos que lleve a cabo un Notario Público, debe efectuarse en el mismo documento. En la especie, la revisión exhaustiva y minuciosa de las constancias que integran el expediente del juicio de amparo que ahora se resuelve pone de manifiesto que el documento que ofertó el peticionario del amparo como probatorio para acreditar su interés jurídico, esto es, el que obra a folio 16 a 18 del expediente en que se actúa, consistente en copia certificada del contrato de compra venta que celebraron por una parte Ramón Rivera Tavera, como vendedor y Walter Herrera Mendoza en cuanto comprador, respecto del inmueble ya descrito en esta sentencia, carece de fecha cierta. Lo anterior es así, en virtud de que la ratificación del contenido y firmas del documento referido, obra en hoja por separado, y el notario público número seis con ejercicio y residencia en Uruapan, Michoacán, si bien hizo uso de la rúbrica, no así del entresello en la certificación correspondiente, ni del que se encuentra entre la hoja donde obra esa ratificación y la copia de las credenciales de los ratificantes, en virtud de que no coinciden exactamente, pues la mitad del entresello entre una y otra de las hojas señaladas, quedó desfasada del lugar que correspondería a su otra mitad . De igual forma, dicho fedatario judicial, no asentó la descripción del acto autorizado en la misma, lo que genera incertidumbre en este órgano jurisdiccional sobre el uso que se le haya dado a la hoja donde obra dicha certificación, pues el quejoso bien puede utilizarla en cualquier documento, pasado ante la fe del mismo notario o uno diverso. Así es, no debe perderse de vista el hecho de que si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, también lo es, que en la certificación realizada por el Notario Público número seis, con ejercicio y residencia en Uruapan, Michoacán, no se asentaron los datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado; lo que ocasionó que quedara fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, dicha hoja quedó en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno; lo cual contraviene el principio de certeza jurídica de que deben estar investidos los actos de los Notarios Públicos. Lo que es contrario a lo estipulado por el artículo 88 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, toda vez que las certificaciones de los documentos mediante los cuales el quejoso pretendió acreditar la propiedad del bien inmueble materia de la controversia, se efectuó en hoja por separado. Además de lo anterior, otro dato que desvirtúa la ratificación, es que resulta poco creíble que el tercero interesado RAMÓN RIVERA TAVERA, haya vendido el inmueble que defiende el aquí quejoso, el veintinueve de julio de dos mil nueve, es decir, sólo quince días después de que lo adquirió mediante escritura pública número ocho mil novecientos setenta y dos, del catorce de julio del dos mil nueve ; e incluso otro dato que crea incertidumbre a este juzgado sobre la certeza del contrato en cuestión, es que del mismo se aprecia que el hoy tercero interesado de mérito haya vendido dicho inmueble al ahora quejoso en $835,557.06 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.), es decir en una cantidad mucho menor a la cual corresponde al crédito hipotecario con el que adquirió el bien raíz, otorgado por FOVISSSTE, y que lo fue por $1,193,000.00 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). De igual forma, otro elemento que abona a la incertidumbre de la ratificación, es que de la copia certificada de la credencial de elector del tercero interesado RAMÓN RIVERA TAVERA, que corresponde a su emplazamiento , se advierte que fue expedida en el año dos mil trece y en ésta se asentó que ante el Instituto Federal Electoral, acreditó tener su domicilio en el inmueble que defiende el aquí quejoso, esto es, en Rincón de Corucha, número 142 fraccionamiento Rincón Quieto, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, siendo que supuestamente el inmueble ya había sido vendido al aquí quejoso desde cuatro años antes (veintinueve de julio de dos mil nueve). Por tanto, este juzgador federal no puede llegar a la conclusión de que el documento de mérito tiene el alcance probatorio suficiente para tener por acreditado indubitablemente el interés jurídico de la justiciable en relación con el derecho relativo al bien raíz que pretende defender en esta sede constitucional, ello, con base en las consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 177926 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 51/2005 Página: 183 INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial. Contradicción de tesis 27/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 51/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco." Por tanto, se colige que no obstante que el quejoso aduce ser propietario del inmueble a que se refiere en la demanda, no está probado que, efectivamente, cuente con ese derecho. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por el acto reclamado a la autoridad registral responsable que con antelación se precisó. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.",en la página 450, "AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.", y en la página 463, "SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.". Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón." SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por WALTER HERRERA MENDOZA, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el tercero y quinto de los mismos. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy seis de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. REMITEN INFORMES JUSTIFICADOS. Agréguense a los presentes autos únicamente como constancia legal, los oficios de cuenta con los que las autoridades que los envían rinden su respectivo informe justificado; sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de quince del mes y año en curso, se acordó lo conducente. PRUEBA DOCUMENTAL. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. FORMACIÓN DE TOMO DE PRUEBAS. Con las documentales antes anotadas fórmese un tomo de pruebas por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-Mgm
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. SE AGREGAN INFORMES PREVIOS. Agréguese a los presentes autos únicamente como constancia legal, los oficios de cuenta, con los que las autoridades que los envían rinden su respectivo informe previo; sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de quince de los actuales se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-JLL
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